Cuentan que Sócrates, gran filósofo del siglo V, pronunció una frase contundente para su círculo de aprendices: “Habla, para que yo te conozca”. Sin duda, este consejo encajaría perfectamente con un reclamo al Poder Judicial argentino del siglo XXI. Como vimos en la columna anterior, https://www.elsol.com.ar/opinion/si-no-me-explicas-no-te-creo/ comunicar podría cambiar mucho la realidad judicial.
La sociedad ya habla del “derecho a comprender”, que va de la mano de la obligación que tienen las instituciones en cuanto a brindar acceso a la información y lenguaje claro.
Pericles, un jurista de la antigua Grecia, también se lanzó a las aguas de la comunicación: “El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar”. Algo así como que si no se puede comunicar -o comunicar bien- aquello que se siente y se razona, se sigue siendo ignorante o incompetente, según el caso.
La gran pregunta es ¿cómo hablar? ¿por qué canal? ¿en equipo o en forma individual? ¿cuándo se responde a una crítica o a una polémica? ¿cómo vincularse con la sociedad?
Estas cuestiones siempre son un desafío -teórico y práctico- para el universo de la comunicación judicial. Pensemos por ejemplo en la Corte Suprema:
El Alto Tribunal es un organismo colegiado, que de por sí implica decisiones y opiniones diferentes, miradas jurídicas y políticas variadas, y muchas veces, hasta una sorda batalla de egos. Nada fácil para quien le toca transmitir la imagen institucional del organismo, y debe hablarle a una ciudadanía, que muestra en encuestas un gran hartazgo, sobre la mayoría de las instituciones nacionales.
La primera regla es entender algo que parece obvio, pero que no siempre se toma en cuenta. El Poder Judicial debe asumir que es un poder político, y como tal, debe conocer las demandas sociales y poder expresarse acerca de ellas. En aras de la independencia, algunos funcionarios del Derecho justifican el hermetismo y la lejanía, y a veces, sin ninguna explicación, demoran tiempos inverosímiles para resolver conflictos, es decir, demoran la vida de las personas involucradas. Esta situación, que transcurre en total silencio, hoy erosiona de lleno la legitimidad de la Justicia como valor social.
Comunicar es una obligación, por supuesto, de la mano de la debida protección de otros derechos específicos. Pero, debe aplicarse una política pública comunicacional oficial y concreta para el Poder Judicial, con estrategias definidas para cada instancia, y que especifique cuándo, cómo y quiénes deben comunicar. Las jerarquías, espacios de poder y egos no deben ser barreras para comunicar; siempre es mejor abrir esas barreras de manera prudente y cuidada, antes de que sean derribadas violentamente por otros intereses.
La segunda regla es tener presente que la comunicación eficiente y a tiempo previene las crisis de la organización. En este sentido, el Alto Tribunal argentino tiene un listado de crisis comunicacionales; no solamente por sus acostumbrados silencios que generan percepciones de indiferencia o ausencia, sino porque ha vivido altercados entre sus miembros que quedaron expuestas, sin red para la institución. Un ejemplo concreto fue la sucesión presidencial de la Corte en 2018, en la que los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz quedaron expuestos en los medios, por disputarse el control del Centro de Información Judicial (CIJ). El daño que estas peleas generan en la credibilidad social es muy alto, sobre todo, si se piensa que el pueblo no vota en las urnas a los ministros. La legitimidad es entonces un capital esencial.
La tercera regla es justamente comunicar en equipo y transmitir una identidad definida. La mayoría de los funcionarios del Poder Judicial, incluso los miembros de la Corte cuentan con la ventaja de no tener exposición diaria, como en cambio sí la sufren, por ejemplo, los miembros del Poder Ejecutivo. Esto da una mayor oportunidad para preparar mensajes conjuntos, bien argumentados y claros, e incluso segmentados según las audiencias. La foto de una Corte Suprema que comunica en equipo construye una legitimidad muy valiosa frente a la sociedad.
Es válido que cada miembro del Tribunal construya su perfil y su imagen, no sólo a través de sus decisiones, sino también con su actitud, lenguaje y cercanía (o lejanía) con el pueblo, es decir, con su audiencia. Pero, por otro lado, es indispensable que esa imagen individual comparta valores y creencias con todos los otros miembros, para que se construya también el liderazgo conjunto, y la fortaleza de la institución.
Otra regla crucial en la actividad de difusión es que la comunicación de todo el Poder Judicial no debe construirse solamente de palabra. Hoy existe un descreimiento generalizado acerca de las declaraciones y noticias, a las que el mundo de las fake news colaboró irremediablemente. La palabra presenta, explica, define. Pero luego, serán los hechos concretos de la gestión los que otorguen la credibilidad y aprobación social del organismo. Es decir, hoy la comunicación judicial, en el nivel nacional, muestra vacíos urgentes, pero esos vacíos no se dan solo por la ausencia de voceros abiertos y claros o por el déficit en la claridad de su lenguaje. Se dan también por la gestión de muchos tribunales: es una comunicación en sí misma revisar la cantidad de años que reposan muchos expedientes en los estantes de las secretarías, sin resolución ni mínima explicación de la demora. Basta recordar la causa judicial de la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador, que duró 23 años en total, luego de rodar por diferentes fueros. Terminó con la prescripción del expediente por el excesivo tiempo del proceso.
Existen sin embargo algunas iniciativas que mejoran el paisaje en ciertas provincias, por la acción de sus voceros que construyen estrategias y campañas, con pocos recursos y muchas ideas. El Poder Judicial de la Nación en cambio, presenta una comunicación escasa y fragmentada que, en términos comunicacionales, no atraviesa formatos ni discursos, no crea marcos de sentido ni significados compartidos.
Las sentencias judiciales siguen pecando de arcaísmos y complejidad, y son pocos los magistrados que se animan a hacer cierta pedagogía en los medios, para explicar resoluciones o términos jurídicos. Algunos hay y hacen crecer lentamente la cultura comunicacional, pero está claro que el movimiento es desde abajo hacia arriba.
“Somos muchísimos los jueces que dictamos todos los días muchísimas resoluciones que resuelven muchísimos problemas, pero que no son noticia. Uno de los problemas de la Justicia en general es que no vende lo que hace bien, solo lo que hace mal, y eso es un error porque vivimos en un momento en que los ciudadanos necesitan confiar en las instituciones”, dice el juez de Menores, Emilio Calatayud Pérez, en “La última trinchera”, una obra que retrata a distintos magistrados españoles.
Es evidente que el problema comunicacional interpela hoy a muchos jueces en todo el mundo. En Argentina, por su historia, su misión y su trayectoria, la Justicia tiene hoy una enorme oportunidad de construir un vínculo mucho más sano con las audiencias, para construir paz social y garantizar la confianza en el Estado de Derecho.
Pero debe hacerlo en el siglo XXI, una época que nos deja en claro que ocultar o dejar pasar los problemas ya no es una opción. Sí lo es, en cambio, una política integral y real de comunicación, con voceros, canales, metas y tiempos judiciales que estén en sintonía con la agenda social y con la protección de los derechos.
La dinámica de aislamiento, egos, hermetismo y jerarquías debe guardarse en los cajones del viejo mobiliario judicial, para dar paso a una Justicia accesible y transparente, que baje al llano y enseñe a la sociedad su trabajo, que permita conocer y entender sus problemas y también sus logros.
“Piensa diferente” es el eslogan que eligió Steve Jobs para su empresa. El Poder Judicial también puede recoger ese guante.
*La autora es consultora internacional y profesora en la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial, de la Universidad Austral
