Sentarse a desayunar mientras se miran las noticias del día es una experiencia singular en la Argentina. Todas las mañanas alguno de los tres poderes de Estado da que hablar, ya sea a través de un personaje, una crisis o una pelea entre sí. Últimamente, es frecuente el protagonismo del Poder Ejecutivo que avala manifestaciones contra la Corte Suprema, habla del término “lawfare” para las causas sensibles y opina sobre las sentencias o procesos. Por otra parte, también surgen operaciones de espionaje y acusaciones cruzadas entre diputados, funcionarios, fiscales y jueces. Ni hablar del protagonismo último de un juez mendocino, acusado de liderar una asociación ilícita que ofrecía beneficios procesales a los acusados de contrabando o narcotráfico, a cambio de jugosas dádivas. La Justicia alimenta constantemente a los medios y a las redes sociales.
Mientras, el Poder Judicial, con algunas excepciones, y sobre todo el Supremo Tribunal, siguen sin mostrar demasiado interés en comunicar, más allá de algunos chispazos esporádicos. En el caso de la Corte nacional, ésta tampoco construye una imagen de liderazgo puertas adentro de la institución, y los silenciosos pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, donde se alojan los ministros de la Corte, hablan más de compartimentos aislados, que de un equipo de profesionales trabajando una política de comunicación institucional conjunta e integral.
¿Sirve comunicar? ¿Hace falta el esfuerzo?
Es real que la tradición siempre fue la del hermetismo, porque en varias oportunidades -y también en otras épocas históricas- dejar pasar la ola informativa, o mantenerse alejados del mundanal ruido, resultó funcional para la Justicia. Por ejemplo, según el termómetro político, y en términos de comunicación, algunos ataques al Tribunal Supremo generaron imagen negativa para el Poder Ejecutivo, y una inesperada simpatía en las redes, hacia una Corte que, en la mayoría de las ocasiones, sólo miró las protestas por la ventana, sin necesidad de decir nada.
Sin embargo, es innegable que hoy la sociedad decidió entrar al escenario y comenzó a exigir información, apertura y participación. Ni hablar de la sociedad post pandemia, enojada, impaciente, y con un alto nivel de desconfianza. Pareciera entonces, que comunicar, rendir cuentas, explicar, es indispensable.
A este panorama se le suma la intervención cada vez más frecuente de los tribunales, en cuestiones vinculadas a la agenda social. Un ejemplo es el caso del Riachuelo, un expediente en el que el Alto Tribunal tomó un rol activo respecto de las medidas que se debían aplicar para su saneamiento, algo que parecería ser una competencia más propia del Poder Ejecutivo, y en el marco de una ley del Poder Legislativo.
Muchas voces, y en distintos países, opinan que esta intervención judicial en cuestiones sociales es excesiva a su rol de impartir justicia. Por ejemplo, en Estados Unidos los conservadores estadounidenses le llaman “activismo judicial”, mientras que, en oposición, los progresistas consideran que la Corte debe velar por el cumplimiento de los derechos civiles e intervenir en la agenda social. La diferencia entre Estados Unidos y Argentina radica en cómo explica -legitima- cada ministro su voto en estas cuestiones, y cómo se abre esa información a los medios y a las audiencias. Veámoslo en un ejemplo que, aunque algo lejano, es muy ilustrativo.
En 1989, la Corte de Estados Unidos prohibió penalizar a un joven activista que había quemado una bandera del país. Con esa sentencia, el Tribunal invalidó leyes vigentes específicas en ese tema, en 48 de los 50 estados y generó protestas por parte de veteranos de guerra y asociaciones patrióticas. Los ministros de la Corte comunicaron claramente la razón de sus respectivos votos, con un lenguaje accesible para periodistas y audiencias. Incluso un ministro, Anthony Kennedy, habló directamente a los combatientes y empatizó con su consternación, para luego explicar que “irónicamente la bandera también debe proteger a quienes no la acatan”, haciendo referencia a la libertad de expresión como derecho superior. Claro, llano y preciso.
Cualquier decisión que la Justicia tome requiere legitimidad social, y para ello, el evidente canal es la comunicación fluida y la apertura de la información. La lógica ciudadana resume esta demanda con una frase que alguna vez pronunció una víctima de un delito, en un juzgado provincial: “Si no me explicás, no entiendo y si no entiendo, desconfío de tu autoridad y de tus decisiones”. Una imagen similar es la de un médico que no explica el diagnóstico a su paciente, solo discute con sus colegas, pero luego le exige al paciente que firme consentimientos y asimile su tratamiento, sin siquiera entender qué es lo que pasa.
Lo cierto es que ni la Corte argentina ni la mayoría de los jueces están acostumbrados a comunicar sobre los temas de interés social, más allá de algunas iniciativas específicas en los últimos años, o de impulsos personales de algunos magistrados en particular. Al contrario, pareciera que la política oficial que promueve la Corte es la de no comunicar, mientras que algunos voceros provinciales se esfuerzan en cambiar este paisaje, a través de iniciativas muy interesantes, campañas y coberturas, a pesar de bajos presupuestos para las áreas de comunicación.
¿Por qué la Corte no promueve la creación de contenidos y la apertura de información? ¿Es una cuestión de egos? ¿Tiene que ver con intereses encontrados? ¿Es simplemente un dejar pasar?
En paralelo, en los medios -que consumen las audiencias- llueven las críticas de funcionarios de otros poderes públicos de peso, cuando una sentencia los perjudica o cuando el Poder Judicial frena, por ejemplo, alguna iniciativa o medida. La sociedad solo mira, sin comprensión o posibilidad de certezas, ya que escuchan solo a un lado de los actores, mientras que la mayoría de las veces la Justicia calla o habla “en difícil”. En consecuencia, se termina culpando al Poder Judicial o decidiendo que, por las dudas, mejor hay que desconfiar de todos, sin distinción.
¿Cómo revertir esta desconfianza? ¿Cómo responder a ese “derecho a comprender”? Estas cuestiones serán materia de la siguiente columna. Por ahora, queda claro que hace falta comunicar, y que es urgente hacer el esfuerzo. De ello depende la paz social. Los líderes de la Justicia deben otorgar la cálida certeza de que podamos ver y entender que el sistema judicial trabaja para garantizar los derechos y las obligaciones de todos los argentinos.
(*) La autora es profesora en la Maestría de Derecho Judicial de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Consultora en Justicia y Medios de Comunicación.