La crisis y la debacle que afectan a la economía argentina y provincial, también secó las iniciativas y la elaboración o la planificación de proyectos de crecimiento y desarrollo con la consabida factibilidad para ser llevados adelante y con la condición indispensable de estar sujetos a una garantía de efectiva realización.

En buen romance y traducido al criollo, la carrera que se ha lanzado en todos los oasis provinciales, en las cámaras de empresarios y en la política en general sobre cómo, qué y dónde invertir los fondos que se acumularon para la fallida construcción del dique Portezuelo del Viento, sólo se corporiza en el plano de un debate entre quienes se creen con el derecho de contar para sí con tales fondos, los que dicen que les pertenecen naturalmente argumentando diversas razones, que van desde las económicas desde ya, pasando por las del equilibrio social y territorial o porque ventilan alguna que otra documentación que estaría atestiguando que resultaron ser los mayores perjudicados por los efectos de la promoción industrial que tuvieron las provincias vecinas en detrimento de Mendoza. Una promoción que, en definitiva, ha sido el origen de este fondo de reparación que a mediados de año reflejará en la cuenta los 1.023 millones de dólares finales de un reclamo histórico para la provincia.

El problema es un poco más complejo: a la ausencia de proyectos o de ideas avanzadas y planificadas para mejorar la infraestructura regional de la provincia (en verdad, lo que se acumula al nivel teórico, son sólo algunos esbozos y aproximaciones de lo que se podría encarar para detener la angustiosa situación económica a punto de cumplir casi tres lustros), se le agrega la falta de inversores e interesados reales. Es que todavía no se entiende ni se comprende del todo a lo que conduce y obliga la nueva configuración de las reglas de juego que llegaron con Javier Milei a la presidencia y que se extienden hacia las provincias quieran o no, estén o no alineadas, política o ideológicamente, al cambio de rumbo impuesto por el libertario. Hasta este momento todo el mundo se acostumbró a que siempre ha sido el Estado quien ha puesto las reglas y el que ha marcado el rumbo y los tiempos de la inversión de los fondos públicos y del destino de los mismos.

Si los dineros del fondo de resarcimiento tuviesen que ser usados de inmediato, sólo encontrarían dos destinos, pero ninguno podría concretarse. Uno de ellos, el mismo dique Portezuelo sobre el Río Grande, imposible de ser llevado adelante por el freno que le dio el COIRCO a expensas de La Pampa. La otra iniciativa lista para ser activada con un llamado a licitación, es el dique El Baqueano sobre el Río Diamante, en San Rafael. Con un presupuesto aproximado a los 550 millones de dólares, El Baqueano requiere de un inversor interesado y dispuesto a invertir a riesgo parte de ese costo para luego recuperar lo aportado vía la venta de energía. Un modelo similar al que se llevó adelante con la construcción de Potrerillos, construido por el consorcio CEMPSA, que integraban el grupo constructor de Cartellone y la vieja Impsa de Pescarmona.

Con los fondos de Portezuelo disponibles y en condiciones de ser utilizados, el Ejecutivo mendocino lanzó una bengala luminosa a modo de llamado de atención hacia Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin y dueño de la Hidroeléctrica Los Nihuiles, con el fin de hacer prender una llama de interés por El Baqueano y sondear su interés en la obra: “Por ahora no están dadas las condiciones, con lo que hay que esperar qué quiere hacer el nuevo gobierno nacional con el sector energético”, fue la respuesta que vino de vuelta.

En esa carrera de proyectos que el gobierno quiere estimular para el uso de los fondos, algo así como la última “joya de la abuela” en pie y concreta que tiene Mendoza, han partido en punta los de los organismos oficiales provinciales –como era de suponer–; unos 70 sumados entre Aysam, Irrigación, EPRE y Emesa. Allí se mezclan acueductos, reservorios, pequeñas hidroeléctricas y hasta el operativo de medidores del consumo de agua lanzado por Aysam y que debiesen ser distribuidos en toda la provincia, no sólo en su jurisdicción concentrada en el norte. También se han delineado algunos caminos específicos con impacto social y por sobre todo turísticos, cuyo recupero sería resuelto por el lado de los peajes o bien por el impacto de la propia actividad sin chimeneas.

La revulsión política y reaccionaria al anuncio de Alfredo Cornejo sobre la adenda firmada con la nación para disponer de los fondos vino, sin sorpresas, desde el Sur. Celso Jaque y Omar Félix dicen que los recursos deben quedarse en aquel extremo provincial. Basan sus afirmaciones en el hecho de que, si no se hace Portezuelo, se debe ir por otras obras en la misma zona de influencia y además le agregan las acciones de la cámara de empresarios de San Rafael que en dos oportunidades, entre el 2003 y el 2010, logró frenar los efectos nefastos sobre la provincia del DNU de la promoción industrial. Hasta que finalmente Cornejo y Mauricio Macri firmaron en el 2019 el cronograma de pagos indemnizatorios por aquellos perjuicios. Pero, quién lo duda, la queja de los dos intendentes ha sido de manual si se analiza el estado de situación del peronismo. Salvo algunas voces, que se han oído como susurros nada más, el impulso primigenio opositor frente al anuncio, ha sido el de intentar capitalizar desde alguna crítica posible el paso dado por el oficialismo que es sin dudas el que domina la agenda que les interesa.

Así como el peronismo sureño cuestionó a Cornejo, el pampeano representado por el gobernador Sergio Ziliotto, tampoco dejó pasar la oportunidad de perder este momento: “Lo dijimos en el 2020, hoy es una realidad: Portezuelo no se hará este año, ni nunca. Mendoza abandona Portezuelo del Viento. La lucha de La Pampa valió la pena”, dijo en su cuenta de la red X. Y a la vez, dejó trascender que Cornejo había pactado con Milei apoyo a la Ley Bases y al Pacto de Mayo a cambio de la firma de la adenda. En el gobierno mendocino juran y perjuran que no hubo un “toma y daca” con el asunto. “Hubo que explicar y mucho que la nación no tenía nada que ver con esos fondos, que no le corresponden y que son de libre disponibilidad de Mendoza. Hasta que lo entendieron. Primero se discutió y mucho con (Guillermo) Francos (Interior) y luego con (Luis) Caputo (Economía). Fue el ministro de Economía quien puso mucha gente a analizar el expediente y buscar los antecedentes y no hubo ningún problema para después firmarlo”, dijeron en el gobierno de Cornejo.