Javier Milei viene de dar un mensaje en el Council of the Americas en el que no sólo defendió tenazmente su programa económico, sino que amplió sus dichos con la afirmación de haber cumplido con el mandato que recibió en 2023: bajar la inflación, reducir el gasto, equilibrar las cuentas, hacer crecer la economía y estabilizarla. Y en la Bolsa de Rosario aseguró que la alta morosidad de la población no es atribuible a su gobierno poniendo como ejemplo que durante el Mundial de fútbol muchos fueron masivamente a comprar televisores que luego no pagaron. En una de esas diatribas, reconoció que hay empresas que cierran y otras que abren, una afirmación que también podría trasladarse al ámbito de la situación económica de las personas, a las que a algunas les puede ir bien y a muchas otras no tanto, y enfatizó en que se está ante un cambio absoluto de modelo, en el que cada uno, desde su lugar, debe buscar el mejor sitio posible. El esfuerzo, dijo, es necesario para estabilizar una economía argentina que funciona mal desde hace por lo menos cien años.
Un Milei ciento por ciento genuino. Irreverente, ordinario, delirante en algunos pasajes, soberbio y por sobre todas las cosas violento, además de denigrar, con sus excesos, la institución que representa.
El proceso electoral cercano pone en discusión el plan, porque la economía y el bolsillo de los argentinos son los que terminan fijando el humor social, y mucho más en circunstancias de recambio institucional como el que se avecina hacia 2027.
Hay una manera concreta de observar qué está pasando con el ánimo de las personas y con el bolsillo de cada una de ellas: mirar la deuda de las familias y, sobre todo, lo que ocurre cuando llega el momento de pagarla.
Los números que se difunden desde varios meses atrás son contundentes. En junio, casi 21 millones de personas tenían algún tipo de deuda con bancos u otros proveedores no financieros y 5,9 millones se encontraban en situación de mora. Desde febrero de 2024 se incorporaron aproximadamente 2,6 millones de nuevos deudores morosos. El deterioro se fue incrementando.
Uno de los aspectos que alimentan el debate social y común en casi todos los ámbitos es identificar dónde se está produciendo el problema. De esos casi seis millones de morosos, 2,9 millones tienen deudas irregulares exclusivamente con proveedores no financieros como las billeteras, 1,66 millones sólo con bancos y 1,36 millones mantienen atrasos con ambos sistemas. Son datos oficializados y publicados por el Banco Central. Es decir, buena parte de la población que no puede cumplir con sus obligaciones ya no está solamente dentro del circuito bancario tradicional.
Pero el dato bancario tampoco es menor. La morosidad de las familias llegó al 12,8 por ciento en junio, contra el 2,5 por ciento registrado en octubre de 2024. El BCRA confirma que ese nivel se mantuvo en mayo y que la aceleración mensual comenzó a moderarse, pero no que el problema haya desaparecido. Así lo dijo en Mendoza una semana atrás el propio presidente del Central, Santiago Bausili.
Un nivel de morosidad integralmente complicado no se ha visto en el país desde la crisis del 2001/2002. El otro pico preocupante se produjo durante el gobierno de Alberto Fernández, en medio de la pandemia. Allí el endeudamiento se concentró, particularmente, en el sistema no financiero y tradicional alcanzado el 21,1 por ciento. Hoy asciende al 30,1 por ciento. Cuando se cruzan los datos de deudas bancarias con las no bancarias, se llega a la conclusión que el 15,5 por ciento de las familias argentinas se encuentran en irregularidad.
Qué se sabe hasta ahora del origen del problema. Lo responden las consultoras con sus encuestas específicas o aquellas en las que se indaga por el estado de ánimo. La tradición ha indicado que una familia que pide dinero para comprar una casa, cambiar el auto o realizar una inversión está utilizando el crédito como una herramienta para adelantar consumo o patrimonio. En cambio, una que pide lo hace para pagar la luz, el gas, el alquiler, la tarjeta, los medicamentos o los gastos corrientes está utilizando deuda para completar ingresos que no le alcanzan.
El centro de investigaciones CEPA, de marcado tinte crítico al gobierno de Milei hay que decir y de sus políticas económicas, ha divulgado que los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentran el 64,3 por ciento del financiamiento de las familias y, al mismo tiempo, explican el 73 por ciento de la deuda morosa. Entre octubre de 2024 y mayo de 2026, la mora de los préstamos personales pasó del 3,3 por ciento al 15,9 por ciento, mientras que la de las tarjetas saltó del 1,6 por ciento al 13,1 por ciento.
Las facturas de los servicios esenciales, el transporte, la medicina prepaga, el alquiler y los gastos cotidianos no pueden recortarse indefinidamente. Cuando el salario no acompaña, la tarjeta o el préstamo personal funcionan durante un tiempo como un puente para sostener el costo de la vida cotidiana. Muchos han optado por ajustarse y aguantar el cimbronazo del ajuste a la espera que pase. Mantienen la esperanza de un cambio positivo. Para otros, en cambio, el problema se agrava cuando ese puente se convierte en una obligación que ya no puede pagarse y obliga a tomar otra deuda para cubrir la anterior.
El Banco Provincia de Buenos Aires, la provincia gobernada por quizás hoy el adversario más importante que podría tener enfrente Milei en el 2027, en un informe de julio, describió el fenómeno desde una perspectiva menos política y más financiera: “La insuficiencia de ingresos, ya sea por pérdida de poder adquisitivo, destrucción de puestos de trabajo o aumento de los gastos fijos, aparece como uno de los principales factores detrás del deterioro de las carteras”, afirmó con el anuncio del lanzamiento de un programa de refinanciación para clientes con atrasos superiores a 90 días, con tasas y plazos especiales.
Para Milei y sus principales funcionarios se trata de un problema entre privados. ¿Pero qué pasa cuando millones de personas padecen el mismo drama? ¿qué ocurre con una economía que está mostrando un crecimiento extraordinario en sus variables macroeconómicas mientras millones de personas necesitan endeudarse para sostenerse en pie?
Para el universo libertario está claro que no es razonable la intervención del Estado como se hiciera durante las administraciones de sus antecesores. Milei explica, a su modo, claro, que no se conciben las refinanciaciones compulsivas o mecanismos que terminen trasladando el costo de las malas decisiones al conjunto de la sociedad.
Claramente el Estado no tiene por qué pagar las deudas de los argentinos, pero sí tiene que inmiscuirse de alguna forma para que las familias atrapadas en un sistema de crédito cada vez más caro que se ha utilizado no para progresar, sino para llegar a fin de mes.
Milei, como lo ha hecho, puede sostener, con argumentos atendibles, que la inflación cayó, que las cuentas públicas fueron ordenadas y que la economía está atravesando un cambio de régimen. Pero al pensar o imaginar el 2027, ¿creerá que el actual estatus quo lo depositará en un triunfo? La discusión está en las casas, en los negocios, en las familias que reciben el resumen de la tarjeta y el llamado de los bancos cuando el sistema advierte que ya no pagan.
Observar el comportamiento que tendrá de ahora en más la administración será particularmente interesante, porque se estaría a las puertas de algo inédito y por ende desconocido: un gobierno con intenciones, deseos y sueños de ser reelecto sosteniendo sus cartas y chances jugadas a un pleno, al todo o nada, sin más. Nunca habría pasado nada igual. Lo que hace aún más intrigante el futuro del país.