El Gobierno de Mendoza confirmó la sanción impuesta por el Colegio de Arquitectos a una profesional que prestaba servicios junto a su pareja, un constructor no matriculado, y reincidió en una falta ética tras la reforma de una casa en Luján de Cuyo.
El caso comenzó tras la denuncia de los dueños de una vivienda en el Barrio Lar de Drummond, quienes contrataron trabajos de remodelación para su vivienda. La arquitecta ofreció servicios de proyecto y obra a través de una sociedad de hecho no registrada formalmente llamada “A+C Arquitectura & Construcción”, que integraba junto a su esposo, un constructor sin matrícula profesional.
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El Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Arquitectos sancionó a la profesional con tres años de suspensión de la matrícula. Aunque la profesional apeló la medida argumentando que solo hizo los planos y que la relación comercial con los clientes fracasó por un vínculo personal, admitió en el expediente que volvió a trabajar comercialmente junto a su marido pese a conocer la prohibición legal y contar con un antecedente sancionatorio similar en 2019.
Mediante el decreto oficial, el Gobernador ratificó el fallo al considerar demostrada la falta ética por el uso indebido del título profesional en sociedades con personas no habilitadas, dejando la suspensión firme y efectiva.
Por qué interviene el Gobierno
En estos casos, el Poder Ejecutivo puede intervenir para controlar la legalidad del procedimiento debido a que, tanto la arquitectura como la ingeniería no son actividades convencionales, sino que están declaradas formalmente como “profesiones de riesgo”. La justificación es que un mal ejercicio de estas disciplinas pone en riesgo la integridad de las personas y su patrimonio.
“El Estado delega en los colegios profesionales la potestad de regular la actividad entre sus propios pares. El corazón de esta delegación consiste en controlar de manera rigurosa la ética profesional“, expresó la presidenta del Colegio de Arquitectos, Leticia Martínez.
Cómo saber si el profesional tiene la matrícula suspendida
Ante la presentación de una denuncia, el sistema analiza todas las instancias y pruebas del caso en el Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos. El organismo tiene como principal función custodiar la matrícula y controlar el ejercicio profesional.
Josefina Glielmi, presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos de Mendoza, explicó que el organismo recibe consultas, observaciones y denuncias vinculadas al desempeño de los profesionales. El primer paso consiste en verificar que la persona involucrada sea efectivamente arquitecta y que se encuentre matriculada.
A partir de allí, desde el Colegio alientan la presentación de denuncias formales para poder intervenir. “Habiendo recibido la denuncia nosotros notificamos al profesional interviniente para que haga su descargo”, señaló Glielmi.
El procedimiento contempla distintos plazos administrativos y etapas de análisis. Con asistencia de un abogado que trabaja específicamente con el Tribunal, se solicitan las explicaciones o documentación que sean necesarias y se respetan los tiempos establecidos para los alegatos y descargos.
Una vez cumplidas esas instancias, el Tribunal puede determinar que la denuncia quede sin efecto o avanzar con una sanción. Las medidas disciplinarias tienen distintos niveles de gravedad y pueden ir desde un llamado de atención que queda asentado en el legajo profesional hasta la suspensión de la matrícula por períodos que pueden alcanzar los dos o tres años.
En el caso de la arquitecta que menciona el decreto del gobernador, la profesional había sido sancionada en otras oportunidades y se considera reincidente. Por esa razón, se le suspendió la matrícula por 3 años.
La suspensión de la matrícula tiene una consecuencia concreta: durante el período establecido, la profesional no puede ejercer ni estar a cargo de una obra.
Además de quedar registrada en el legajo del profesional, la sanción es comunicada a los organismos con los que trabaja habitualmente el Colegio. En particular, se notifica a los municipios y a los directores de Obra Privada, debido a que el Tribunal tiene competencia en todo el territorio mendocino.
El objetivo de estas comunicaciones es evitar que una suspensión quede solamente asentada en un registro interno y garantizar que pueda hacerse efectiva. “Si yo lo tengo en mi legajo pero no se entera un director de obra, podría pasarlo”, explicó la titular del Tribunal.
De esta manera, mientras dure la sanción, el profesional no puede asumir responsabilidades vinculadas con obras, aun cuando estas se desarrollen en distintos departamentos de Mendoza.
Otro de los aspectos que tiene en cuenta el Tribunal es el historial disciplinario de los matriculados. Según explicó Glielmi, existe un registro de las denuncias y sanciones, por lo que las reiteraciones pueden influir en la decisión final.
“Si hemos recibido denuncias reiteradas de los mismos profesionales, esto hace que cada vez la sanción sea más severa”, sostuvo.
Una vez cumplido el período de suspensión, el Tribunal también realiza el seguimiento correspondiente para dejar constancia de la finalización de la sanción. El objetivo, según explicó Glielmi, es que las medidas disciplinarias no solo queden registradas, sino que efectivamente se cumplan y tengan impacto sobre el ejercicio profesional.