Uno de los aspectos más controversiales de la negociación que ha llevado adelante el gobierno de Rodolfo Suarez con la distribuidora eléctrica más grande de la provincia, Edemsa, quizás haya sido el del secretismo y ese halo de misterio extraordinario que ha envuelto a la discusión encarada por la prórroga de la concesión. Secretismo y misterio sobre un acuerdo que involucra a varios miles de millones de pesos y, mucho más espectacular aún, si lo que ha estado o si está todavía en juego –algo que no sabe muy bien, precisamente por la ausencia de claridad en la información–, se reflejara en dólares y no en pesos; o en “portezuelos” si se le echara mano a la nueva medida de las cosas que se tiene en Mendoza luego del fallido intento por hacer el dique en el Sur, usando para ello las “joyas de la abuela”, que se están acumulando y que están dejando, como indemnización, los perjuicios que provocara a Mendoza la promoción industrial en las provincias vecinas.
Luego de que se ventilara la mayor parte de los números que están dentro del convenio y que no son otra cosa que los reclamos de la compañía eléctrica por ingresos no percibidos entre el 2009 y el 2022, no queda más que preguntarse por qué el Gobierno decidió escudarse en el sigilo y no dar a conocer de antemano, a la luz del todo el mundo, todo lo que ha discutido con la empresa bajo el control de los empresarios Vila y Manzano. Es que el punto más sensible de todo es que el resultado de tal pulseada y puja terminará impactando, indefectiblemente, en el bolsillo de cada uno de los mendocinos, los que reciben el servicio de Edemsa y pagan las facturas y los que no.
Sólo basta, para dar una idea del reclamo de Edemsa, poner el foco en los más de 146.000 millones de pesos que la empresa dice que los mendocinos le debemos por ingresos no percibidos. Y en el documento público más importante que se conoció en torno a un acuerdo firmado el 3 de enero, por el decreto 70/2023, conocido el 30 de ese mes, no surge con claridad que esos 146.000 millones de pesos vayan a ser objetados, impugnados o rechazados por otros números, los elaborados por el Gobierno.
Pero en el Gobierno se ha dicho que el Estado sí tiene otra cuenta y que no la ventilará porque se trata de una estrategia y de un dato confidencial que el Ejecutivo mantendrá en reserva hasta que la empresa firme el compromiso de que no hará reclamos ante el CIADI (el centro de arbitrajes internacionales en el que Mendoza ha perdido sistemáticamente).
Cabe preguntarse, entonces, si la empresa, que está reclamando sólo por ingresos no percibidos 146.000 millones de pesos, aceptará renunciar sin más a cualquier juicio o demanda en contra del Estado si no se le reconocen tales miles de millones de pesos. O, más aún, si firmará el compromiso que le está exigiendo la Provincia una vez que tome conocimiento de que sólo podrían reconocerle unos 47.000 millones de pesos, de acuerdo con el dato que se ha dejado trascender tras la ventilación del acuerdo.
El gobierno de Suarez se ha mostrado inquieto, molesto y algo nervioso frente a los pedidos de explicaciones de las dudas que han surgido en torno al acuerdo ya firmado, pero que, según se insiste, no ha entrado en vigencia. Para evitar las sospechas incómodas, pudo haber convocado a una audiencia pública, como la que comenzó a realizarse este martes y que continuará en agosto, o pudo haber informado con absoluta claridad lo que estaba en juego en medio de una negociación que se entiende compleja y altamente sensible porque su resultado impactará en los bolsillos maltrechos de los mendocinos.
También se ha dicho que todo lo que ha suscripto y negociado ha estado dentro de las facultades que le proporciona la ley, como el hecho de prorrogar por 20 años la concesión que vence en el 2028 sin llamar a licitación. Muchas veces, lo legal o lo que permiten las normas requiere de una legitimidad adicional y superior cuando se trata de mucho dinero en juego por el que tiene que responder el ciudadano.
Alguien ha recordado, en medio de toda esta trama molesta para el oficialismo o parte de él que, cuando se llevó adelante la renegociación de los contratos eléctricos del año 2005, en la que, incluso, se modificaron las leyes 6.947 y 6.948 dispuestas por la ley 7.543, se convocó a una audiencia pública previa y se explicitó, en la misma y en los acuerdos que se firmaron, el impacto en los cuadros tarifarios y, por último, el acuerdo definitivo, terminó siendo ratificado por la ley 7.544. Es decir que, aunque las facultades podrían avalar lo que se ha hecho, algo que está de todas maneras en discusión, las cosas se podrían haber hecho de otra manera y bien. No como ahora, que todo ha quedado envuelto en una nebulosa de la que, pareciera, le está costando salir al Gobierno. Y, por sobre todo aclarar, con datos inescrutables, el resultado de una negociación que le ha llevado más de un año.