A más de una década de la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado volvió a referirse públicamente al expediente judicial y aseguró que existen indicios que conectan el crimen de su ex esposo con sectores de inteligencia ligados a empresas de Río Turbio y funcionarios del Gobierno nacional.
Las declaraciones fueron realizadas durante una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, donde la magistrada analizó distintos desafíos actuales del sistema judicial bajo la temática “Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia”.
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Durante su intervención, Arroyo Salgado afirmó que la investigación logró establecer que el fiscal fue víctima de un homicidio y sostuvo que detrás del hecho operaron “sectores oscuros del poder”.
“Difícilmente se llegue a dirimir los responsables de este magnicidio. Hay trascendidos sobre sus autores materiales, que sostienen una vinculación con los servicios de inteligencia que operan hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con funcionarios públicos del actual gobierno“, sostuvo la magistrada.
El sistema judicial
Además de referirse al caso Nisman, la jueza federal realizó una fuerte crítica al funcionamiento actual de la Justicia argentina frente al avance del crimen organizado, la corrupción y los delitos digitales.
Según planteó, las instituciones actuales fueron diseñadas para otra época y presentan dificultades para responder al crecimiento de delitos vinculados a la virtualidad, el narcotráfico y las redes criminales.
Arroyo Salgado también alertó sobre el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles y propuso que futuras reformas penales contemplen restricciones vinculadas a la “libertad virtual” de las personas privadas de libertad.
En otro tramo de su exposición, la magistrada sostuvo que la corrupción no debe entenderse únicamente como una responsabilidad política.
“Detrás de un funcionario corrupto hay un civil que lo corrompe”, expresó al analizar el entramado de responsabilidades que, según consideró, afecta al funcionamiento institucional del país.
La investigación
La causa judicial continúa bajo la órbita de la fiscalía federal encabezada por Eduardo Taiano y cuenta con un equipo especial de investigación coordinado por el auxiliar fiscal Hernán Kleiman.
La principal hipótesis judicial sostiene que grupos vinculados a la inteligencia militar habrían actuado de manera paralela a sus funciones legales luego de la denuncia presentada por Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA.
Los investigadores buscan reconstruir especialmente la actuación de un grupo reducido de agentes de inteligencia del Ejército que estuvo en las inmediaciones del edificio Le Parc, en Puerto Madero, durante las horas previas a la muerte del fiscal, ocurrida el 18 de enero de 2015.
El único procesado
Hasta el momento, el único imputado en la causa es Diego Lagomarsino, quien permanece procesado por haber entregado la pistola Bersa calibre .22 de la que salió el disparo que terminó con la vida de Nisman.
Aunque inicialmente declaró que el arma había sido solicitada por el propio fiscal, la investigación determinó posteriormente que el primer contacto telefónico previo al encuentro había sido iniciado por Lagomarsino.
Pese al avance de distintas líneas investigativas, la Justicia todavía no logró determinar quiénes fueron los autores materiales del crimen.