Las desregulaciones en el sistema de salud en Argentina afectaron de forma directa a los pacientes. Los aumentos desmedidos, la falta de cobertura y la desobediencia por parte de las prepagas y obras sociales ante los fallos judiciales, generan un panorama desalentador para los beneficiarios que cada vez están más lejos de acceder a las prestaciones. La judicialización de las causas se transformó en uno de los caminos para garantizar derechos pero aún así, con fallos a favor, los damnificados no logran el acceso a la salud.

La coyuntura muestra la vulnerabilidad a la que están sometidos los eslabones más débiles del sistema entre los que se encuentran los jubilados, las personas con discapacidad, pacientes crónicos y oncológicos que tienen que peregrinar para acceder a las prestaciones que son un derecho que marca la Constitución nacional. El acceso a la salud no es universal y está sujeto a las condiciones materiales de los damnificados que tienen la posibilidad de judicializar sus reclamos. Sólo en el subsistema de seguridad social hay casi 30 millones de personas mientras que en el sistema privado son 7,5 millones y casi 20 millones en el sistema público. El número total supera los 46.234.830 de argentinos que habitan el territorio nacional ya que algunos afiliados poseen doble cobertura.

Los últimos años se dieron a conocer cientos de casos donde los pacientes se vieron obligados a acudir a la justicia para lograr que un tercero garantice sus derechos. Pacientes oncológicos que sufren demoras en la entrega de los medicamentos e incluso la suspensión de los tratamientos por parte de las obras sociales, personas con discapacidad que necesitan un acompañamiento terapéutico y prestaciones especiales que no están siendo cubiertas y jubilados que no tienen la posibilidad de acceder a la medicación que antes el Estado garantizaba. Todo un combo que afecta a los más vulnerables.

En Argentina hay 291 obras sociales nacionales de las cuales 213 son gremiales, 26 de dirección, 12 por convenio y 40 especiales. En total, son 29.440.132 beneficiarios a nivel nacional. Por otro lado, hay 24 obras sociales provinciales que no están dentro del Sistema Nacional del Seguro de Salud (leyes Nº23.660 y Nº23.661) y 36 obras sociales especiales que fueron creadas por leyes nacionales especiales en la órbita de la Administración Central, organismos autárquicos y empresas del Estado.

El abanico es enorme si se tiene en cuenta que, a los afiliados a prepagas y obras sociales, se suman los más de 5 millones de jubilados, familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas que se encuentran dentro del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados).

En ese marco, esta semana la Justicia Federal imputó al titular del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo; y al titular del organismo local, David Litvinchuk, por el delito de desobediencia, tras el incumplimiento de ambos de las medidas cautelares en la que los jueces Pablo Quirós y Marcelo Garnica ordenaron restituir la cobertura gratuita de unos 170 medicamentos a jubilados de Mendoza. Además, la Justicia impuso a PAMI una multa de $500.000 por día que acumula una deuda que supera los $60 millones.

El panorama es aún más desalentador si a los jubilados, se suma la cantidad de afiliados a obras sociales que no reciben la medicación en tiempo y forma. “Se ha multiplicado por 3 o por 4 la falta de cobertura que antes de por sí existía. No podemos saber si es real que no tienen los fondos suficientes o se están aprovechando de la situación para no dar la cobertura. Es increíble la cantidad de prestaciones que no están brindando, tanto por medicación como por tratamientos y estamos hablando también de cuestiones complejas y de salud que están poniendo en riesgo de vida de mucha gente”, expresó el abogado especialista en derecho a la salud, Jorge Caloiro.

“Es increíble los incumplimientos que hay por parte de las prepagas y obras sociales, no solamente incumplen con los afiliados con la falta de prestaciones, sino que incumplen las órdenes judiciales. Cuando una persona nos viene a ver porque no le dan la cobertura o tratamiento, nosotros presentamos un amparo y si sale favorable, hasta se dan el lujo de no cumplir con la orden judicial. Eso nos obliga a tener que denunciarlos penalmente por incumplimiento ya que es un delito del Código Penal, artículo 239, y además el juez civil le va aplicando por cada día de incumplimiento una multa que se va aumentando en función de esas faltas”, agregó el letrado.

La actualidad demuestra que la judicialización de las causas termina siendo el camino para lograr que se garanticen los derechos pero incluso con una orden judicial favorable, los beneficiarios no siempre logran el objetivo y se quedan a mitad de camino debido a las patologías que padecen. Por otro lado, si bien hay un sinfín de fallos judiciales a favor de los afiliados a prepagas y obras sociales que sientan precedente para futuras presentaciones judiciales por parte de los damnificados, la realidad muestra que no todos tienen la posibilidad de acceder al patrocinio de un abogado que sirva de mediador.