En el gobierno de Alfredo Cornejo, particularmente el gobernador, dudan del éxito del plan y del gobierno de Javier Milei. En verdad, se quiere que le vaya bien, pero no se sabe si le irá bien. Y sorprende, para un equipo que está liderado por un producto de la política ciento por ciento, el amplio, sostenido y firme nivel de adhesión a la gestión del libertario que todavía persiste en la sociedad.
En lo más alto del poder mendocino se cree que por mucho menos sufrimiento y con otros actores en la gestión, la gente habría saltado ya, obligando a un cambio de rumbo, a moderar el ajuste o a una vuelta atrás hacia lo conocido de ese Estado vilipendioso, dadivoso, repartidor de migajas y unas cuantas delicias más del populismo y la demagogia.
De igual modo hay convencimiento firme, casi al punto del que no se entra ni en conjeturas ni amagues, que cualquiera que ganase la elección del 2023 habría tenido que conducir el país casi con las mismas medidas que tomó Milei hasta que, sin resultados a la vista en la microeconomía como está ocurriendo con el libertario después del medio año de gestión, ni Sergio Massa, ni Patricia Bullrich habrían podido continuar sin ordenar alivios, aunque eso significase una vuelta atrás en muchos aspectos como le pudo haber pasado a Mauricio Macri en aquel gobierno del 2016 al 2019.
Son pensamientos, en todo caso impresiones, contra fácticas, de las que abundan en el Ejecutivo mendocino porque el futuro y la marcha de la economía se les presenta con dudas, brumoso y ambiguo: para un hombre de poder como Cornejo –así lo entiende en la intimidad–, y por sobre todo de la política, le resulta complejo ver más allá, imaginar por momentos los tiempos por venir cuando pareciera que no es la política la que posee las herramientas para torcer, modificar y variar el rumbo de las cosas, sino la sociedad.
La incertidumbre sobre lo que está por venir es la visión dominante, pero con la particularidad de estar acompañada por un componente importante, un elemento de presencia natural cuando se ansían los cambios y las medidas positivas. Se trata de la esperanza. ¿Esperanza en qué? En que Milei acierte con la reconducción de la macro a estadios de crecimiento y desarrollo. Sólo así, entiende Cornejo como tantas veces lo ha dicho, Mendoza despegará. Se trata de un argumento que el gobernador sustenta en dos momentos de la democracia argentina: los primeros años del menemismo de los 90, cuando la estabilidad le permitió a Mendoza sacar ventajas de su institucionalidad en conjunto con su potencial económico diversificado: seguridad jurídica y seriedad en términos generales, siempre comparado con un país endeble en ambos sentidos. Hay otro episodio de crecimiento a tasas chinas de Mendoza, ubicado en los tiempos del viento de cola que acompañó a Néstor Kirchner en el gobierno del 2003 al 2007 significando la sepultura de la explosiva crisis del 2001/2002. ¿Por qué es interesante conocer este pensamiento central, medular se podría decir, del gobierno de Alfredo Cornejo o del suyo propio? Porque sus decisiones, sus posturas ante el gobierno de Milei, sus jugadas en el espectro opositor claramente ubicado en el lote de los gobernadores que apoyan el rumbo de la administración nacional y el lugar que lo identifica dentro del radicalismo, en clara oposición a las ideas del presidente del comité Martín Lousteau ubicado en las antípodas del gobierno libertario al punto de confundirse con el ideario kirchnerista, permiten de alguna manera develar o descifrar la idea que Cornejo tiene para la provincia en ese contexto, para los próximos y finales tres años de gestión.
Tres cartas son las que tiene para jugar el gobierno mientras está a la espera de la transformación de la macro economía: los 1.023 millones de dólares del fondo que ha dejado la negociación por los perjuicios de la promoción industrial; el Distrito Minero Malargüe, más por lo que promete a futuro que lo que pueda mostrar durante la gestión de Cornejo y gana terreno, terciando, como una suerte de propuesta de política de estado para las sucesivas gestiones, el Código de Aguas que elabora Irrigación para reemplazar la Ley de Aguas de 1.884 y sus más de 100 modificaciones a lo largo de su extensa historia.
Extrañamente en el gobierno mendocino no hay mucho entusiasmo con la influencia del RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, para el posible despegue de Mendoza, como sí esa provocación de algarabía oficial en San Juan, provincia que se prepara para recibir unos 8 mil millones de dólares de inversión para la puesta en marcha de Josemaría, la mina de cobre ubicada en Iglesias, al noroeste sanjuanino junto con el yacimiento Filo del Sol, un depósito de cobre, oro y plata de alta sulfuración asociado a un gran sistema de pórfidos de cobre y oro. Lo de la extrañeza de la posición oficial puede que se explique en la decisión de caminar con cautela: para que lleguen inversiones de 200 millones de dólares, la base que requieren los beneficios del RIGI, cuando menos el inversor debe desembolsar en el primer año unos 60 millones de dólares: el que lo llegue hacer va en serio, dicen en el gobierno. Sólo un par de emprendimientos en Mendoza podrían calificar para los apetecibles beneficios del RIGI. Se trata del demonizado proyecto San Jorge, de cobre, en Uspallata con cerca de 600 millones de dólares de inversión y el que se encuentra en proceso de presentación de una nueva declaración de impacto ambiental y la activación de Potasio Río Colorado en manos de Mineral Aguilar, de José Luis Manzano, proyecto para el que el polémico empresario y político del menemismo ha prometido una inversión de casi un Portezuelo, de 1.000 millones de dólares.
Parte de los fondos de Portezuelo, podrían ser unos 200 millones de dólares, son los que garantizan el plan de Irrigación y que sustentan el Código de Aguas. El Plan Hídrico, las obras planificadas por Irrigación, avanza de forma paralela a un código que está llamado a ser la necesaria modernización de la Ley de Aguas y una respuesta al cambio climático: en 30 años, según los informes que tiene el gobierno de Cornejo, Mendoza perderá el 50 por ciento del agua con la que hoy cuenta. El plan prevé preparar la llegada de ese momento y mitigar los efectos. ¿Qué está primero? ¿el plan hídrico (las obras) o el código? Esa es la discusión planteada. Un grupo de expertos, entre los que están Miguel Mathus Escorihuela, Alejandro Pérez Hualde y el ex gobernador Arturo Lafalla, dicen que hay que hacer las obras primero. Irrigación piensa lo contrario y en esa línea, aunque con dudas, se mueve Cornejo. Lo cierto es que, quizás como novedad, aquello que Irrigación pretendía que se discutiera en la Legislatura, el código, durante el mes de agosto, podría dilatarse incluso hasta el año que viene. Y las obras, previstas en el Plan Hídrico, y que podrían insumir unos 200 millones de dólares del fondo de Portezuelo, tendría futuro de ley; es decir, que Cornejo se está inclinando por enviarlo a la Legislatura y que todo termine por definirse allí.