Mendoza lleva tanto tiempo sin resolver su problema de empleo que algunos indicadores empiezan a naturalizarse. La informalidad, la dificultad para conseguir trabajo y la pérdida de puestos privados registrados aparecen en las estadísticas con una frecuencia tal que corren el riesgo de convertirse en parte del paisaje. Como ocurre con ciertas palabras que, de tanto usarlas y muchas veces sin el sentido preciso y exacto, pierden valor. De tanto reiterar la sostenida pérdida de empleo privado registrado en la provincia, la que se ha venido dando como una suerte de goteo incesante sin una determinada causa aguda o algo similar, ha producido un acostumbramiento que conduce a un estado de adormecimiento.

Entre fines de los 80 y buena parte de los 90, Mendoza sí atravesó una etapa de transformación económica importante: petróleo, vitivinicultura, agroindustria, turismo emergente, creación del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, privatizaciones y obras de infraestructura. Había una discusión sobre crecimiento y modernización, aunque no necesariamente sobre creación masiva de empleo.

Entre 2003 y 2011, acompañando el ciclo de crecimiento nacional del kirchnerismo lo que luego tornó en una gran oportunidad perdida para el país, Mendoza también expandió empleo privado, especialmente en construcción, comercio, turismo y vitivinicultura. Allí sí podría decirse que la preocupación principal no era la destrucción de empleo sino cómo sostener el crecimiento. Sin embargo, tampoco fue una discusión exclusivamente mendocina sino parte de un fenómeno nacional.

Desde aproximadamente 2012/2013 en adelante, la provincia entra en una etapa mucho más parecida a la actual: estancamiento, caída relativa de la inversión, pérdida de competitividad y una economía que alterna entre recesiones y recuperaciones incompletas. Ahí el empleo privado registrado prácticamente deja de crecer.

Mientras la atención pública se concentra en las disputas políticas de superficie, los números que acaba de difundir el INDEC en materia de empleo vuelven a mostrar una realidad que la provincia arrastra desde hace demasiado tiempo y para la que todavía no encuentra una respuesta convincente.

La desocupación en el Gran Mendoza alcanzó el 7,3 por ciento durante el primer trimestre del año. Son cerca de 38.000 personas buscando trabajo sin conseguirlo. El dato es levemente mejor que el promedio nacional, pero vuelve a ubicar a Mendoza como la provincia con mayores dificultades laborales dentro de la región de Cuyo.

Sin embargo, hay un drama mayor: 116.000 mendocinos que ya tienen trabajo y, aun así, buscan otro empleo, más horas o una actividad complementaria. Son 21.000 más que hace un año. No se trata de personas desempleadas. Son trabajadores que ya forman parte del mercado laboral pero que no logran cerrar sus cuentas con el ingreso que perciben. Una consecuencia más de la necesaria, pero dolorosa reconversión de la economía nacional, vía reformas, transformaciones, todo buscando una normalización de las cosas a un nivel global que llevará mucho tiempo de acuerdo con el análisis especializado.

Detrás de ese fenómeno aparece una segunda señal de alarma. La informalidad laboral alcanzó al 43,3 por ciento de los ocupados. Traducido a personas concretas, son alrededor de 207.000 trabajadores que desarrollan su actividad sin las protecciones mínimas de la formalidad. Allí no hay seguro social, no hay más malla de contención que un servicio público de salud; tampoco una previsión para los años del ocaso de la vida.

Por cierto, debería preocupar de forma seria lo que ocurre en el nivel de la generación de riqueza real. Durante el último año Mendoza perdió aproximadamente 8.700 puestos privados registrados. No desapareció trabajo. Desapareció trabajo formal. Porque parte de esos trabajadores terminan refugiándose en actividades informales, en el cuentapropismo o en ocupaciones de menor productividad.

Los sectores que históricamente explicaron la creación de empleo —la industria, el comercio y buena parte de los servicios vinculados al consumo— atraviesan una prolongada etapa de estancamiento. La caída de la actividad sigue impactando sobre la recaudación provincial y el propio gobierno reconoce que los ingresos tributarios continúan resentidos por la debilidad de la economía real.

Ayer nomás, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, en diálogo con Opinión de LVDiez, volvió a describir la misma escena: menos actividad, menor recaudación y sectores que crecen sin una capacidad equivalente para generar empleo o recursos fiscales. Nada demasiado distinto de lo que ocurre en buena parte del país, aunque con particular intensidad en Mendoza.

Al mismo tiempo, las actividades que aparecen como las grandes apuestas del futuro presentan una característica particular: demandan enormes inversiones, generan valor, pero crean relativamente pocos puestos de trabajo directos y, además, operan bajo esquemas de incentivos fiscales que reducen significativamente su aporte tributario durante años. Lo que es bueno para una cosa, es malo o nocivo para otra. Pero por algo se tiene que empezar. Allí están los RIGI y otros beneficios impositivos para el que apuesta desde el sector privado.

Nada de esto invalida la necesidad de avanzar con ellas. La minería, la energía o la economía del conocimiento probablemente formen parte de la solución. El problema es creer que alcanzan por sí solas.

La discusión de fondo es encontrar las formas y maneras de atraer inversiones. Resolver cómo generar volumen de empleo privado en una economía que lleva más de una década sin crecer de manera sostenida y más de quince años sin expandir significativamente su planta de trabajadores registrados.

Quizás con el paso del tiempo se vea al proceso de gobierno que comenzó en el 2015 y que continúa cuanto menos hasta el 2027, no sólo como el golpe de timón que ordenó las cuentas de un Estado a punto de naufragar sino como el que le tocó en suerte sólo y escasamente mantener lo que pudo lograr sin que la provincia se hundiese con el colapso de los últimos años. Los fondos del resarcimiento han representado para esa tarea una ayuda tan extraordinaria como indispensable. Permitirán recuperar infraestructura vial, obras hídricas, parte del sistema de transporte y sostener inversiones que de otro modo serían imposibles. Pero conviene evitar una expectativa exagerada. Es más, no parecen servir para dar un paso adelante, sino para estar colgado de la cornisa sin caer al fango.

Esos recursos ayudan a reparar parte de lo que Mendoza fue perdiendo. Permiten mantener infraestructura básica, sostener actividad y evitar un deterioro mayor. Son un salvavidas importante para una provincia que durante años invirtió menos de lo que necesitaba. Lo que no parecen capaces de hacer, al menos por sí solos, es modificar la estructura económica que explica el problema.

Por eso el debate relevante no pasa únicamente por cuántas obras se ejecutarán ni por cuánto dinero queda todavía por invertir. El desafío es identificar a los sectores que serán capaces de generar los miles de empleos privados registrados que Mendoza perdió durante años y sigue sin recuperar.

Hasta que esa respuesta aparezca, la provincia seguirá moviéndose en esa zona deslucida, la de la medianía. Con inversiones que ayudan, con obras necesarias, con algunas actividades prometedoras y con indicadores macroeconómicos más ordenados, pero sin resolver la cuestión que termina definiendo la calidad de vida de cualquier sociedad: la posibilidad de que el trabajo formal vuelva a crecer.