Por más que se intente encontrar cierta racionalidad en los procedimientos del Estado, a veces la escena se parece más a una tragicomedia escrita a las apuradas que a una política pública seria. El desprolijo proceso para la compra de viandas del Servicio Penitenciario de Mendoza -una contratación directa de más de $54.000 millones- terminó como empezó: envuelto en torpezas, silencios y decisiones que, lejos de despejar dudas, las multiplicaron. Y con una oposición que recién reaccionó cuando la polémica se volvió imposible de ignorar.
Todo comenzó el 27 de diciembre de 2024, cuando se autorizó la licitación pública para adquirir cuatro millones de raciones para alimentar durante 24 meses a presos y agentes penitenciarios. A pesar del carácter multimillonario de la compra, sólo se presentó un oferente: Bio Limp Soluciones de Calidad.
Llamativamente no participó de Clisa Interior, la firma que presta el servicio desde 2010. Alegó que un “problema técnico” le impidió presentar la documentación a tiempo , una explicación difícil de digerir, incluso para las fuentes más diplomáticas.
La sorpresa inicial se transformó en perplejidad cuando el 6 de febrero, mediante el Decreto 223, el Gobierno declaró fracasada la licitación y abrió la puerta a una contratación directa. La excusa formal fue que Bio Limp no había presentado la garantía de $600 millones exigida por el pliego. Un error grave, sí, pero también conveniente para quienes ya estaban listos para volver a convocar sin licitar.
La historia, sin embargo, no terminó ahí. Bio Limp presentó un acta notarial y envió una carta documento al Ministerio de Seguridad para demostrar que sí había incluido la garantía en su oferta electrónica y exigir la suspensión inmediata del proceso de contratación directa hasta que se resolviera su reclamo.
Sin embargo, con el recurso de Bio Limp sin resolverse, la cartera que encabeza Mercedes Rus siguió adelante con la compra directa y el 10 de marzo se conocieron las nuevas ofertas.
Clisa reapareció con una propuesta por $54.246 millones. Bio Limp volvió a participar, pero esta vez su presentación fue rechazada por una lista de irregularidades digna de un instructivo sobre cómo no presentarse a una licitación: firmas ausentes, falta de habilitaciones, documentos vencidos y ausencia de profesionales clave.
El proceso siguió y el 29 de abril, la Fiscalía de Estado rompió el silencio con un dictamen lapidario. Confirmó que la garantía de Bio Limp era válida, desmintiendo el argumento original del Ministerio de Seguridad, pero también explicó que la propuesta de la empresa bonaerense debía ser rechazada igual, por múltiples fallas insalvables.
Hasta ahí todo se asemejaba a un cierre institucional más o menos digno. Sin embargo, el dictamen incluyó un detalle no menor: Seguridad demoró indebidamente el envío del expediente, afectando los mecanismos de control y violando las normas procedimentales. Grave, dijeron desde Fiscalía, que remitió el expediente a la Auditoría de Ética Pública y al Tribunal de Cuentas para analizar posibles irregularidades en el proceso y eventuales sanciones a los funcionarios intervinientes.
Mientras el primer ente aún no se expide, el Tribunal de Cuentas ya analizó el caso, pero aclaró que por el momento no existen motivos para su intervención. También ofreció una explicación que puede generar un peligroso precedente: aseguró que las normativas tienen “grises”, por lo que no está lo suficientemente claro en cuáles procesos o en qué momento el Ejecutivo u otros organismos deben enviar la información a Fiscalía de Estado para un control más exhaustivo de las licitaciones.
Finalmente, el 8 de mayo, el Gobierno firmó el Decreto 914, adjudicando la contratación directa a Clisa por $54.137 millones, con un “ahorro” simbólico tras una negociación. También se rubricó el Decreto 915, que rechazó formalmente el recurso de Bio Limp, confirmando que su garantía no estaba firmada por el oferente: un requisito esencial e insalvable, pese a que la empresa insistió en que cumplió con esa exigencia y a la opinión de la Fiscalía de Estado.
Y ahí apareció, con llamativo retraso, otro capítulo cuestionable: el show opositor. Cuando el escándalo estalló en los medios, la Legislatura se mostró indiferente: no hubo pedidos de informe, debates ni pronunciamientos públicos. El silencio no solo fue una muestra de desconocimiento, sino de una falta de compromiso con la función de control que deben ejercer.
Sólo cuando la adjudicación estaba consumada, los bloques opositores emergieron en un despliegue tardío que más pareció una puesta en escena para la tribuna que un genuino ejercicio de fiscalización.
Inicialmente, referentes de la Bicameral de Seguridad reconocieron que no sabían que se estaba licitando un contrato de semejante magnitud, equivalente al presupuesto anual de más de un municipio. Pero todo cambió una vez que el Gobierno adjudicó la contratación directa por más de $54.000 millones. Ahí, de pronto, apareció un frente unificado.
En tal sentido, recién este miércoles diferentes bloques opositores anunciaron la presentación de un proyecto para crear una Comisión Investigadora Bicameral. Denunciaron falta de transparencia, discrecionalidad en el proceso y favorecimiento a la empresa adjudicataria. Críticas tal vez válidas, aunque extemporáneas.
Así las cosas, la conferencia de prensa protagonizada por el PJ, La Unión Mendocina, el Partido Verde y otros bloques opositores pareció más una puesta en escena tardía que un verdadero intento de control institucional. Porque mientras se firmaban decretos, se descalificaban ofertas, se interponían recursos y se pronunciaba la Fiscalía, la oposición legislativa miraba para otro lado. Y solo cuando la tinta estaba seca sobre el decreto de adjudicación, salió a buscar protagonismo.
La decisión claramente no escapa a una especulación política. Los propios legisladores opositores admiten que la creación de la comisión investigadora es más que improbable, ya que el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras. En otras palabras, la movida quedará seguramente en una medida simbólico, útil para las cámaras pero no para el control institucional. Humo, que le dicen.
Es cierto: el proceso estuvo plagado de irregularidades, omisiones y decisiones apuradas. Pero también es verdad que la Legislatura tuvo meses para actuar y no lo hizo a tiempo. El espectáculo terminó, los asientos del teatro ya están vacíos y la oposición recién entró al escenario.
En esta historia, no sólo el Ejecutivo avanzó intempestivamente en un proceso demasiado desprolijo. También falló el sistema político que se supone debe observarlo. El resultado fue una contratación directa de $54.000 millones cerrada sin competencia real, sin respuestas claras y sin consecuencias.