El millonario proceso para comprar raciones alimentarias destinadas a presos y personal del Servicio Penitenciario Provincial quedó envuelto en una nebulosa. Mientras el Ministerio de Seguridad avanza en la contratación directa, tras declarar fracasada la licitación pública inicial, una carta documento que llegó esta semana al edificio de calle Salta 672 de Godoy Cruz encendió las alarmas entre las autoridades.
Para entender esta historia, que tiene una serie de capítulos polémicos y un final abierto, hay que remontarse al 9 de enero de este año, cuando la cartera que comanda Mercedes Rus anunció una licitación pública, con un presupuesto de $56.400 millones, para adquirir cuatro millones de viandas -incluyen desayuno, almuerzo, merienda y cena- para alimentar a internos y a agentes penitenciarios durante 24 meses.
Veinte días después, en la apertura de sobres, llegaron las dos primeras sorpresas: la presencia de una sola empresa (la bonaerense Bio Limp Soluciones de Calidad SA) en la licitación y ausencia de la firma que históricamente presta el servicio (Clisa Interior SA) en las cárceles provinciales.
Bio Limp presentó dos propuestas (una base por $59.000 millones y otra alternativa por $53.000 millones), mientras que desde Clisa admitieron que no llegaron a cargar a tiempo la documentación en el portal oficial de Compras “por un problema técnico propio”.
En el Gobierno hubo desconcierto y consultaron informalmente a referentes de Clisa por su ausencia. En tanto, exautoridades penitenciarias calificaron como “muy extraña” e “inverosímil” la explicación de la empresa.
Finalmente, a mediados de febrero, Seguridad declaró fracasada la licitación porque Bio Limp presuntamente no presentó la garantía exigida en el proceso, una omisión que provocó el rechazo instantáneo de la oferta. Así quedó reflejado en el decreto 223/2025, firmado por vicegobernadora Hebe Casado y Rus. Inmediatamente se convocó a una contratación directa, con los mismos requisitos del pliego original.
Sin embargo, Bio Limp asegura que entre la documentación que subió al sitio web oficial sí figura la póliza exigida. Incluso representantes de la empresa viajaron a Mendoza para dejar constancia de la presentación de la garantía a través de un acta notarial y elevaron una queja formal a través de un recurso de revocatoria.
“Ingresó un recurso, que es el procedimiento administrativo previsto en la ley. La empresa dice que presentó todos los requerimientos del pliego y el comité de preadjudicación entendió que hay un requisito de inadmisibilidad formal”, aseguró Rus. Al menos hasta este jueves, Seguridad no había emitido un dictamen para contestar el reclamo de Bio Limp. “Está para resolver en los próximos días”, sostuvo la ministra.
Pese a que todavía no resolvió ese recurso de revocatoria, el Ministerio dio un nuevo paso y el pasado lunes 10 de marzo abrió los sobres de la contratación directa. Esta vez Clisa sí dijo presente, con una oferta de $54.246 millones ($13.561 por vianda); Bio Limp, que había puesto en duda su participación en el proceso, finalmente también intervino con un ofrecimiento superior, de $59.552 millones ($14.888 por ración).
Ahora el comité de preadjudicación debe analizar ambas propuestas, en un proceso donde la empresa mendocina parte como favorita para continuar brindando el servicio.
La última novedad aterrizó en el Ministerio de Seguridad el martes, en forma de carta documento. En tal sentido, fuentes que siguen con atención el proceso que demandará a la Provincia más de 50 millones de dólares confirmaron la recepción del escrito con valor legal que envió Bio Limp.
Allí la compañía con sede en la ciudad bonaerense de Berazategui pidió formalmente que se suspenda el proceso de compra directa hasta que se resuelva el recurso de revocatoria y acceder a toda la documentación e información incorporada en el expediente. La carta documento finaliza con la advertencia de iniciar acciones legales contra el Ministerio de Seguridad, donde pese a las dudas y sospechas, insisten con que “no hay nada raro” en el proceso.