La compra de raciones alimentarias destinadas a la población carcelaria y al personal penitenciario de Mendoza, con un presupuesto oficial de $56.400 millones, se convirtió en el eje de un escándalo que derivó en un duro dictamen de la Fiscalía de Estado.
El órgano de control que encabeza Fernando Simón cuestionó la actuación del Ministerio de Seguridad, reclamó por la tardía remisión del expediente, detectó errores y omisiones en la evaluación de ofertas y requirió la intervención de la Auditoría de Ética Pública y del Tribunal de Cuentas para que investiguen presuntas irregularidades.
Todo comenzó con una licitación pública lanzada el 9 de enero para adquirir cuatro millones de viandas (incluyen desayuno, almuerzo, merienda y cena) para alimentar a internos y agentes penitenciarios durante 24 meses. El menú incluye carne asada, pizzas y empanadas, entre otras alternativas.
El 29 de enero se realizó la apertura de sobres y llegó la primera sorpresa: si bien hubo nueve interesados, sólo una empresa presentó una propuesta formal. Llamativamente no fue Clisa Interior SA, firma que brinda el servicio desde su privatización, en 2010. En su justificación, aseguró que “por un problema técnico propio” no alcanzó a subir su oferta al sistema oficial de compras; una explicación calificada como “inverosímil e imposible” por fuentes que siguieron de cerca el proceso que demandará a la Provincia más de 50 millones de dólares.
En concreto, la única oferente fue Bio Limp Soluciones de Calidad SA, pero el proceso fue declarado desierto, bajo el argumento de que la empresa bonaerense no presentó la garantía de mantenimiento de oferta exigida.
“No hay nada raro”, juraban en la cartera que comanda Mercedes Rus, que el 14 de febrero anunció el llamado a una contratación directa, con los mismos requisitos y exigencias del pliego original. Sin embargo, la Fiscalía de Estado sí detectó fallas en esa decisión que dio por fracasada la licitación pública.
En los considerandos del decreto 223/2025 del Ministerio de Seguridad se destacó que la Comisión Evaluadora de Preadjudicación descargó y analizó “la totalidad de la documentación presentada” por Bio Limp en su oferta electrónica y observó “como primera medida que el oferente no ha presentado o anexado o constituido una garantía de oferta”. Esa supuesta omisión fue “causal de nulidad o rechazo” de la propuesta, añadió el texto legal.
Bio Limp reclamó inicialmente a través de un acta notarial y luego con una carta documento, que incluyó una amenaza de acciones legales, ratificando que sí presentó la garantía requerida por un monto de $600 millones. Tras analizar el expediente, la Fiscalía de Estado le dio la razón en ese punto.
“El seguro de caución presentado (…) cumple con los recaudos establecidos (…) para considerar que existe debidamente presentada la requerida garantía de mantenimiento de oferta, la cual no adolecería de incumplimientos insubsanables”, señala el dictamen firmado este lunes.
El cambio de argumento esgrimido por Seguridad es otra de las cuestiones sensibles que señala el dictamen. En efecto, la motivación inicial del rechazo fue modificada posteriormente, cuando la empresa recurrió el decreto.
Primero el Gobierno sostuvo que la garantía “no fue presentada”; luego argumentó que no estaba firmada por el oferente; y finalmente se la calificó como una “no garantía”, una categoría que —según la propia Fiscalía de Estado— carece de definición jurídica clara.
“No es posible desentrañar el sentido jurídico de la expresión realzada por la Comisión de Preadjudicación entre comillas y negrita ‘no garantía’”, advierte el dictamen.
Oferta inadmisible, pero por otros motivos
Si bien Bio Limp había pedido formalmente que se suspenda el proceso hasta que se resuelva el recurso de revocatoria, Seguridad avanzó y el 10 de marzo se realizó la apertura de sobres de la contratación directa, una modalidad excepcional que solo se justifica cuando no hay ofertas válidas.
Esta vez Clisa sí dijo presente, con una oferta de $54.246 millones ($13.561 por vianda); Bio Limp, que había puesto en duda su participación en el proceso, también intervino con un ofrecimiento superior, de $59.552 millones ($14.888 por ración).
En su dictamen, la Fiscalía de Estado sostuvo que, si bien la garantía fue mal evaluada, igualmente la oferta de Bio Limp debía ser rechazada por una serie de incumplimientos que la hacían inviable. Entre ellos destacó que la empresa:
- No presentó la habilitación de plantas en Mendoza.
- No acreditó derechos de uso sobre las instalaciones.
- No incluyó el Registro Nacional de Establecimiento correspondiente.
- Carece de documentación del equipo profesional habilitado en la provincia.
La conclusión fue clara: “La oferta de Bio Limp igual debería ser rechazada por inadmisible (al adolecer de incumplimientos de otros recaudos no subsanables)”.
La Comisión Evaluadora recomendó entonces adjudicar a Clisa y la Fiscalía de Estado coincidió con esa decisión, pero advirtió un nuevo problema: el expediente no fue remitido al órgano de control en tiempo y forma, lo cual constituye una grave falta.
“La no remisión previa a este organismo (…) conduce a transferir al controlado la facultad para decidir cuándo producir la remisión al órgano de control constitucional, lo que no es jurídicamente posible”, sostuvo el dictamen. Y añadió: “La función de control y los supuestos en que la Fiscalía de Estado debe ejercerla no puede nunca resultar de una decisión del controlado, lo que tornaría ilusorio el mismo”.
Recomendación de investigación
El dictamen dejó en claro que el recurso de revocatoria presentado por Bio Limp debe ser “admitido en lo formal y rechazado en lo sustancial” porque la oferta es “inadmisible”. En ese sentido, solicitó que en su demorada respuesta oficial, Seguridad detalle “la totalidad de los incumplimientos detectados (…) para garantizar debidamente el derecho de defensa y debido proceso”.
Por otra parte, la Dirección de Asuntos Administrativos de la Fiscalía de Estado dijo que sería legal adjudicar a Clisa, cuya oferta mejorada incluso fue inferior al presupuesto oficial asignado.
También recomendó remitir una compulsa a la Oficina de Ética Pública y al Tribunal de Cuentas para que realicen sus propias investigaciones y evalúen eventuales sanciones administrativas a los funcionarios intervinientes por “la falta de oportuna remisión a este organismo y el palmario apartamiento a las normas procedimentales de contratación”.
Todo ello porque se trató de una de las adquisiciones más relevantes de los últimos años, lo que exigía un estándar mucho más alto de transparencia y control. Este medio se comunicó con voceros del Ministerio de Seguridad para obtener explicaciones, pero la respuesta fue que ninguna autoridad hablará sobre la polémica.