Hasta hace unos meses, la relación entre Alfredo Cornejo y Daniel Carniello era cordial. No de extrema confianza, pero sí cordial. De hecho, los contactos y los encuentros entre ellos siempre habían sido en ese marco; con canales informales abierto para tener una comunicación fluida. Eso, no existe más.
Hace diez años, cuando Cornejo era diputado nacional, pidió al abogado Alejandro Acosta que averiguara los detalles de la investigación que el fiscal especial Luis Correa Llano (actualmente camarista) llevaba adelante contra la barra brava de Godoy Cruz y sus vínculos con funcionarios políticos y policiales del gobierno de Julio Cobos.
El intermediario en ese caso fue Carniello. Acosta y el fiscal se reunieron un sábado por la mañana en el Hyatt, pero más allá de la buena onda, el cruce de información fue escaso. La existencia de ese diálogo llegó hasta el despacho de Correa Llano, que sintió que querían influenciar en su trabajar.
El vínculo no se resintió. No se conoce ningún cortocircuito entre ellos cuando el actual gobernador estuvo a cargo (en dos períodos diferentes) del Ministerio de Seguridad y el fiscal era uno de los elegidos para la investigación de los denominados “delitos complejos”.
A partir de allí, la relación pasó a ser más personal. Carniello, reconocido por haber sido uno de los integrantes de la banda “Alcohol etílico”, tuvo la posibilidad de tocar en la Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz con su nuevo grupo, “Chris”. Nada de eso hubiese ocurrido si Cornejo, como intendente, no hubiese dado el visto bueno.
La última charla amena se dio antes de las PASO del año pasado, en la casa del fiscal. El por entonces pre candidato a gobernador fue claro en su pedido. Quería que el intendente de Guaymallén en ese momento, Luis Lobos, fuera imputado. Carniello tenía a cargo la instrucción de la causa contra el jefe comunal y la denuncias por corrupción arreciaban.
Carniello no accedió. Y no porque no tuviera pruebas. Entendió que no era el momento político para hacerlo. Tomando una medida procesal a pocos días de unas elecciones lo iba a dejar mal parado y sus decisiones serían tomadas como operaciones políticas.
Meses más tarde, con Lobos ya imputado y Cornejo como gobernador, llegó la primera acusación desde la Procuración contra Carniello. Estaba involucrado en una serie de escuchas que lo ponían en una situación incómoda en la relación con un informante. El caso venía contaminado. El juez federal Walter Bento había decidido entregar las grabaciones al procurador Rodolfo González en lugar de abrir una causa y sacar una compulsa para que la justicia provincial investigara. Una clara irregularidad que, con el tiempo, jugó a favor de Carniello porque se entendió que esa prueba en su contra estaba contaminada y no podía ser tenida en cuenta.
Sin embargo, antes de que esa denuncia se resolviera, el Gobierno intentó ayudar a Carniello. El subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino tuvo una charla con el fiscal, pero no fue en privado; se dio en los pasillos de Tribunales y hubo varios testigos de ese diálogo.
El funcionario le propuso un pacto al fiscal. Denunciar a González para poder llevarlo a juicio político. Según los cálculos, al oficialismo le alcanzaban los votos en la Legislatura para iniciar ese proceso contra el procurador. El sucesor sería (y finalmente fue) el juez de Cámara Alejandro Gullé.
El diálogo ocurrió apenas unos días después de que Carniello había sido sacado de Delitos Complejos. El fiscal se negó. Creyó que no era el momento y que no era una opción. Nadie sabe si hoy, con todo lo acontecido, hubiese mantenido la misma postura.
El cargo en la Fiscalía Especial fue cubierto por Juan Manuel Bancalari, un fiscal de Guaymallén que no era conocido por casos relevantes o actuaciones destacadas. Al contrario, había recibido llamados de atención desde la Procuración porque no estaban de acuerdo con algunas de sus metodologías de trabajo.
En los pasillos de Tribunales, todos entendieron que su nombramiento era una señal clara del Ejecutivo. Bancalari es un hombre de extrema confianza de Juan Carlos Jaliff, uno de los hombres fuertes que el oficialismo tiene en la Legislatura y con contactos en el Poder Judicial.
El Gobierno, del mismo modo en que lo había hecho Celso Jaque y Francisco Pérez, quería sacar a González. Pero, unas semanas más tarde, por conveniencia, lo convirtió en su aliado. La Corte había sacado el famoso fallo que limitaba las prisiones preventivas y que exigía mayor celeridad por parte de los magistrados. La noticia impactó negativamente en el Ejecutivo. Cornejo y su gente se sintieron ninguneados, desplazados. No los habían consultado. Y comenzó de ese modo el primer capítulo de la batalla entre ambos poderes. Esta vez, con González jugando a favor del Cornejo.
Esa alianza se mantuvo. El mandatario sedujo al jefe de los fiscales y terminó acordando su salida de manera natural: jubilación.
Esa relación avanzó casi con la misma velocidad con que el Gobierno le puso precio a la cabeza de Carniello. Para Cornejo, no había dudas: el fiscal era culpable de haber tenido un trato informal con su informante y lo acusó de tener “relaciones promiscuas” con delincuentes. Específicamente, apuntó a una banda de piratas del asfalto. Más allá de lo que resuelva el tribunal de enjuiciamiento, para el mandatario es culpable. Entiende que cruzó una línea de que la que no se puede volver.
Hay dos situaciones que no se pueden soslayar. Primero, la relación familia rota entre González y Carniello. La hija del procurador fue la mujer del fiscal durante años y tal vez eso explique por qué tuvo las famosas escuchas cajoneadas. Y creen que esa olla se destapó por pedido de Silvina González, titular de la Décimo Tercera Defensoría Oficial.
El segundo punto a tener en cuenta es el quid de la historia: el vínculo entre Carniello y sus informantes, Enzo y Renzo Stuto, conocidos por sus antecedentes por estafas.
Para el fiscal, solamente eran unos informantes. Pero, si bien los tuvo imputados en varias causas, está claro que gozaban de ciertas licencias que ningún otro sospechoso tenía.
Hasta que llegó la famosa causa del camión. ¿Si hubo delito? Eso será difícil de demostrar desde lo técnico. Sí existió una larga lista de desprolijidades; sobre todo, porque una de las personas involucradas, Diego Vildoza, es un personaje más que conocido en el mundo del hampa local.
Recuperar el diálogo perdido
Carniello quiso recuperar contacto con Cornejo. Utilizó diferentes emisarios: Marcelo D’Agostino, Dalmiro Garay, Pablo Sarale, Alejandro Gullé. No tuvo éxito.
Esos intentos coincidieron, casi cronológicamente, con los discursos más duros de Cornejo en contra del fiscal. Y así llegó la ampliación de la denuncia por parte del procurador subrogante, Darío Tagua. Tanto la acusación inicial como el agregado que se le hizo recientemente parten de publicaciones periodísticas.
Tagua y Carniello tiene un enfrentamiento que es público. El fiscal lo denunció penalmente porque entiende que quien lo acusó lo hizo en base a pruebas falsas. Esa causa, por ahora, no ha avanzado.
Políticamente, Tagua también está haciendo lo suyo. Horas previas a la ampliación de la denuncia, tuvo un encuentro con el camarista José Valerio y con el fiscal Fernando Giunta.
Valerio es el principal asesor que tiene Alfredo Cornejo en materia penal. Por ejemplo, fue uno de los ideólogos de la reforma al Código Procesal Penal que quiere implementar el Gobierno.
Giunta, por su parte, aparecería como un personaje menor en la historia. Pero no. Enfrentó hace años un proceso de Jury y logró zafar. Lo acusaban de haber armado una causa por homicidio y de haber inventado testigos. Ese hecho estuvo prácticamente comprobado. Pretendió esclarecer la muerte de un chico y estableció que se había tratado de un asesinato. Encarceló a un joven y de ese modo buscó congraciarse con Carlos Ciurca, que era el ministro de Seguridad del momento. Giunta creía que de ese modo iban a nombrarlo como fiscal especial.
A pesar de la evidencia, el proceso en su contra no avanzó. Algunos creen que su segundo apellido tuvo que ver con eso: Baglini. Desde ese momento, bajó el perfil y, curiosamente, se acercó a Carniello.
Dentro de dos semanas, cuando los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento vuelvan a juntarse, no sólo votarán para ver si someten o no a Carniello a jury. En la mesa, además de la valoración de los hechos sobre si el fiscal incurrió o no en un delito, se pondrá en juego la rosca y la disputa política que existe entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Y allí habrá vencedores y vencidos.