El gobernador Rodolfo Suarez envió este martes a la Legislatura un proyecto de ley para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM).
El objetivo de la iniciativa es “otorgarle instrumentos al alto tribunal para que pueda desempeñar con mayor celeridad, transparencia y eficacia el servicio de justicia que los ciudadanos merecen y reclaman”, destaca un comunicado oficial.
El proyecto busca que la SCJM se organice y funcione como un tribunal colegiado o colegio de jueces en relación con todos los casos que ingresan a la Corte. “Esto es pasar de lo que hoy está vigente: la Sala I (Civil y Comercial) y Sala II (Penal y Laboral) a flexibilizar esta estructura burocrática y rígida y que las causas sean asignadas por sorteo a distintos miembros de la Corte. Como así también las causas de competencia originadas de la Suprema Corte de Justicia”, indica la información difundida desde el Ejecutivo.
Esto se logrará mediante la modificación de la Ley 4.969, que rige desde 1984. “De esta forma, todos los miembros del alto tribunal, incluido el Presidente que hoy no cumple función jurisdiccional, entiendan en las causas de todos los fueros, sumando a la equitativa distribución del trabajo, mayor celeridad en las resoluciones y un juez siempre presente para intervenir en la resolución de las causas y dándole a todo el procedimiento mayor transparencia”, explicó el Gobierno en los argumentos del proyecto.
Contra el “fórum shopping”
La actual composición de la SCJM está atravesada por una clara grieta política. La división entre el sector filoradical (Dalmiro Garay, Pedro Llorente, José Valerio y María Teresa Day) y el ala vinculada al peronismo (Julio Gómez, Mario Adaro y Omar Palermo) se hizo más evidente en los últimos tiempos, generando cortocircuitos y críticas internas.
La ley 4.969 establece las fechas para el ingreso de demanda: del 1 al 15 de cada mes, entran por la Sala I (Gómez Day y Llorente), mientras que del 16 al último día del mes, las acciones entran por la Sala II (Adaro, Palermo y Valerio). Y sobre este punto puso el ojo el oficialismo, que denuncia que existe una suerte de “fórum shopping” (compra de tribunal).
Los fallos y resoluciones que vienen fracturando al máximo tribunal sacaron a la luz que no es casual la elección de las salas a la hora de ingresar una demanda, ya que la estrategia ronda en torno a la composición de cada una.
En tal sentido, las estadísticas del máximo tribunal dan cuenta que en los últimos seis años, el 75% de las demandas (7.174) ingresaron por la Sala II, mientras que el resto le tocó resolver a la Sala I (2.347). Por otra parte, el 66% de las acciones administrativas -las demandas que ingresan contra el Estado- llegaron también a la Sala II.
“En la actualidad, cada una de las salas jurisdiccionales la integran tres jueces y el Presidente de la Corte permanece eximido de funciones en ellas, salvo los casos excepcionales de subrogancia y plenos y que hoy propongo revisar, toda vez que la asignación de materias por sala ha generado una desproporción de trabajo que ha afectado el correcto y esperado funcionamiento del cuerpo e incluso ha llevado a un uso cuestionado del sistema de asignación de causas originarias”, explicó Suarez en el escrito enviado a la Legislatura.
Con respecto de las causas donde esté interesado un derecho colectivo o se plantee la inconstitucionalidad de la ley, el proyecto contempla que la Corte decida en plenario.