El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó públicamente a la Asociación de Viñateros de Mendoza por haber recurrido a la Justicia federal para frenar una de las medidas impulsadas por su cartera: la opcionalidad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un trámite que hasta ahora era obligatorio para los productores vitivinícolas.
Lo hizo con una llamativa comparación. “Asociación de Viñateros de Mendoza y el “Chiqui” Tapia, un solo corazón”, fue el inicio del extenso mensaje publicado en redes sociales.
Luego, el ministro recordó que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reclamó judicialmente cuando el Gobierno nacional intentó introducir a las sociedades anónimas en el mundo del fútbol. “Recurrieron a la justicia para prohibir la opcionalidad”, lanzó el funcionario nacional.
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En ese marco, acusó a ambos sectores de intentar bloquear la posibilidad de elección y de sostener esquemas de control que, según su visión, favorecen intereses corporativos.
Según la opinión de Sturzenegger, la decisión de volver opcional el CIU se inscribe dentro de un proceso de desregulación integral de la actividad vitivinícola, con el objetivo de reducir cargas burocráticas, eliminar trámites innecesarios y limitar la injerencia estatal sobre la producción.
“El CIU pasó a ser opcional porque casi el 45% de los productores que estaban obligados a utilizarlo directamente no lo hacían”, argumentó el ministro. La medida no prohíbe su uso, según explicó, sino que permite que cada productor decida si lo necesita, por ejemplo, para fines de trazabilidad.
La Asociación de Viñateros presentó una acción judicial ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós, solicitando que el certificado vuelva a ser obligatorio. Para Sturzenegger, esta decisión resulta contradictoria, ya que implica “imponerle a otros productores una carga burocrática que no todos consideran necesaria”.
En su análisis, el ministro planteó dos posibles motivaciones detrás de la judicialización. Por un lado, sostuvo que el CIU habría funcionado como una herramienta de control del mercado, al concentrar información clave sobre el movimiento de la uva y su ingreso al circuito comercial, lo que podría facilitar prácticas anticompetitivas y de cartelización, según advirtió.
Por el otro, apuntó directamente contra la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), al señalar que la eliminación de la obligatoriedad del CIU dificultaría el cobro de una tasa que, a su entender, opera como un “impuesto privado” cuyo mandato institucional estaría vencido desde 2020.
En contraposición, Sturzenegger remarcó que numerosas bodegas y productores, así como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismo rector del sector, se pronunciaron a favor de la desregulación y de la opcionalidad del certificado, y confió en que esas posiciones sean consideradas en el ámbito judicial.
El funcionario también apeló a una lectura histórica para reforzar su postura, al recordar las restricciones impuestas a la vitivinicultura fuera de la región de Cuyo durante gran parte del siglo XX, una política que calificó como un ejemplo del “daño estructural” que puede provocar la intervención estatal excesiva.
En ese sentido, afirmó que resulta “paradójico” que un sector históricamente afectado por regulaciones severas hoy impulse medidas que, según su mirada, limitan la libertad productiva de otros actores de la cadena.
Finalmente, Sturzenegger expresó su expectativa de que la Justicia “se ponga del lado de la producción y la libertad”, y no de la regulación y los intereses concentrados, alineando su mensaje con el discurso del presidente Javier Milei sobre la necesidad de avanzar en una reducción profunda del rol del Estado en la economía.