El Gobierno de Mendoza oficializó la demanda judicial contra una comisario inspector retirada tras detectar irregularidades graves en la liquidación de sus haberes. La medida, formalizada a través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, busca anular el beneficio del pago por título de arquitecta que la exefectiva percibía desde el año 2021.
Según la investigación administrativa, la resolución que habilitó este pago presenta un vicio grave por exceso de facultades reglamentarias, lo que genera un perjuicio económico directo a las arcas del Estado provincial.
La decisión de avanzar por la vía judicial surge luego de que la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia dictaminara que el acto administrativo original es lesivo para los intereses públicos. Debido a que la resolución que otorgó el beneficio ya adquirió estabilidad, el Ejecutivo no puede revocarla de oficio y debe recurrir a la Justicia para declarar su nulidad.
El Ministerio de Seguridad ya declaró la norma como ilegítima al constatar que la situación de hecho de la beneficiaria no se ajustaba a los requisitos legales exigidos por la normativa policial vigente.
El decreto ordena a la Asesoría de Gobierno representar a la Provincia en el proceso para recuperar los montos abonados que no hayan sido alcanzados por la prescripción legal. El organismo deberá evaluar ahora la pertinencia de los plazos para ejecutar la demanda y determinar el impacto total del dinero liquidado erróneamente durante los últimos años. La medida forma parte de un proceso de revisión de expedientes dentro de la fuerza para detectar anomalías en los adicionales salariales y suplementos técnicos otorgados en gestiones anteriores.
Este proceso legal pone el foco en la responsabilidad administrativa y el control de los fondos públicos destinados a las fuerzas de seguridad. La resolución del caso dependerá ahora del avance de la acción judicial prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo, mientras el Estado provincial busca sentar un precedente sobre la corrección de actos viciados que afectan el presupuesto ministerial.