La consigna del “déficit cero” del gobierno de Javier Milei se tradujo en un severo ajuste fiscal que, si bien logró reducir la inflación, también generó una profunda crisis en sectores esenciales. Este miércoles, representantes del sistema de salud, investigadores científicos, familias con personas con discapacidad y jubilados se movilizarán frente al Congreso para exigir respuestas ante el desfinanciamiento de áreas clave del Estado.
Uno de los casos más emblemáticos es el del Hospital Garrahan, principal centro pediátrico del país, que se convirtió en símbolo del reclamo por la salud pública. Los médicos residentes iniciaron una huelga para denunciar que sus sueldos, por debajo de la línea de pobreza, no fueron actualizados acorde a la inflación.
A pesar de la promesa de un aumento, el presupuesto prorrogado de 2025 implica, en términos reales, un recorte del 30% frente al año pasado. La situación derivó en múltiples renuncias de personal especializado y una creciente preocupación ciudadana.
También se suma el reclamo del colectivo de personas con discapacidad. Desde el inicio de la gestión libertaria, miles de pensiones fueron suspendidas tras auditorías que el Ejecutivo justificó como medidas antifraude.
Las familias y prestadores denuncian, sin embargo, un vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, aranceles congelados desde noviembre de 2024 y un trato discriminatorio. Esta semana, buscan que el Congreso declare la emergencia en discapacidad y reactive los pagos, aunque el Ejecutivo ya adelantó su intención de vetar la medida.
El sistema científico argentino, históricamente valorado en la región, atraviesa una etapa crítica. Desde la eliminación del Ministerio de Ciencia hasta la pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo, las organizaciones del sector advierten sobre un “cientificidio”. Según la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), los salarios del CONICET cayeron casi un 35% en términos reales desde diciembre de 2023. Las movilizaciones recientes, protagonizadas por investigadores vestidos como “Eternautas”, visibilizaron el reclamo en todo el país.
Por su parte, los jubilados forman otro de los sectores más afectados. La “licuación” de haberes mediante incrementos por debajo de la inflación y la eliminación de bonos extraordinarios golpearon con fuerza a los adultos mayores, quienes además enfrentan la reducción de la cobertura de medicamentos. Las protestas semanales frente al Congreso, muchas veces reprimidas, apuntan a exigir una actualización en las jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional, que venció en marzo y dejó sin cobertura a miles de personas, principalmente mujeres sin aportes.
En paralelo, el Gobierno celebra la obtención de superávit fiscal, la baja de la inflación y el apoyo del FMI, que prevé un crecimiento del 5,5% del PBI para este año. Pero la contracara de esos logros, según advierten los sectores movilizados, es el aumento de la desigualdad, el deterioro de servicios públicos esenciales y una creciente tensión social.
La jornada de este miércoles, con epicentro en el Congreso Nacional, busca presionar al Parlamento para que avance en leyes que alivien la situación de los sectores más vulnerables. En tanto, el Ejecutivo se mantiene firme en su estrategia de recorte, respaldado por un discurso de austeridad que, según afirman, es la única vía para “reconstruir” la economía nacional. Mientras tanto, el descontento social continúa escalando.