La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, regresó de Canadá y defendió los cambios que proponen para la minería, con la eliminación del Consejo Minero y el refuerzo de la Policía minera para alentar las inversiones de cobre.

La funcionaria, que la semana pasada se reunió con empresarios en una feria mundial en Toronto, explicó este martes en un plenario, que reunió a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Economía, Energía, Minería e Industria, el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Minero.

Latorre estuvo flanqueada por la vicegobernadora Hebe Casado, y el director de Minería, Jerónimo Shantal.

Según explicó Shantal, el objetivo de este proyecto se basa en “la necesidad de optimizar la administración de los recursos mineros” como también “darle transparencia” a aquellos trámites vinculados a la exploración minera, así como transparentar y modernizar los trámites relacionados con la inscripción o concesión de exploraciones.

Además, el funcionario señaló que de aprobarse esta reforma pone a la provincia “a la vanguardia de los controles y las sanciones para aquellos que no cumplan con la Ley”.

Por su parte, la ministra explicó que “es imperioso que aggiornemos nuestra legislación, que la adecuemos a la actividad real y la posibilidad que hoy tenemos de monetizar nuestros recursos y de aprovecharlos como es el caso del cobre, por ejemplo, en lugares donde hay licencia social como es en el departamento de Malargüe”.

Los principales cambios que propone el proyecto de reforma son en la eliminación del Consejo Minero y la puesta en valor de la Policía Minera.

El Consejo Minero está compuesto por cinco integrantes, de los cuales dos deben ser especialistas en geología, minería o alguna ingeniería afín, un abogado recibido en universidad pública, un representante de los empresarios del sector y el director de Minería.

Su función es la de darle un visto bueno a los proyectos de explotación que tienen permiso de hacerlo por parte de la Justicia.

Desde el Gobierno argumentaron que se trata de un organismo “obsoleto” que tiene más de 700 expedientes sin resolver y que las demoras en aprobaciones pueden ser de hasta una década.

“Ninguna provincia tiene el Consejo de Minería, solamente Mendoza. Allí es donde más demoras tenemos, más de 705 expedientes con un tiempo aproximado de otorgamiento de permisos de entre 10 a 15 años. Nosotros planteamos una autoridad minera que solamente haga declarar lo que dice la Ley, que le dé agilidad a los procesos”, indicó Shantal.

En el caso de que se apruebe la ley, el rol que cumple el Consejo será llevado adelante por quien esté a cargo de la dirección de Minería, y debe ser alguien con experiencia en la materia.

En este punto, fue donde cayeron las mayores críticas de la oposición, ya que aseguraron que, de esta manera, el Ejecutivo tiene todo el poder a la hora de otorgar permisos de exploración, dando poco lugar al control externo.

Por otra parte, el proyecto busca darle entidad a la policía minera, la que según el Gobierno sólo es “testimonial“, porque no tiene herramientas de peso para poder exigir el cumplimiento de las normativas vigentes.

Esta autoridad podrá vigilar los trabajos subterráneos, superficiales y los elementos, equipos, maquinarias y plantas, hacer cumplir las normas ambientales, de salud, seguridad e higiene de las labores, controlar el transporte de minerales, comprobar que los trabajos que se realicen y certificar los datos que coincidan con las Declaraciones Juradas de Producción y realizar actas e imponer las sanciones efectivas y severas, entre otras funciones.