Desde Canadá, el Gobierno provincial respondió los cuestionamientos que hizo el ambientalista Eduardo Sosa sobre la reforma en el Código Minero, porque no incluyen al Consejo Minero. Aseguraron que es el organismo donde más retrasos hay, porque se acumulan hasta 700 expedientes y durante enero y julio no se trabaja por la feria en el Poder Judicial.

La reacción se produjo mientras funcionarios provinciales participan de la feria Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), con el gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza. En ese ámbito, la misión mendocina presentó la reforma al Código de Procedimientos Mineros, sin salirse de la ley 7.722, con el que busca agilizar los proyectos de inversión en la materia.

Desde el Ejecutivo relativizaron las críticas de Sosa y señalaron que ese Consejo Minero sólo existe en Mendoza y data de 1945, por lo que algunos de sus aspectos están desactualizados. “Es el organismo donde más atrasados administrativos hay”, apuntaron. Para graficarlo, resaltaron que llegó a acumular unos 700 expedientes.

“La creación del Consejo fue una buena herramienta para la época, pero el otorgamiento de los permisos es legal“, consideró Jerónimo Shantal, director de Minería de la Provincia que se encuentra en Canadá y atendió a El Sol en el intermedio de las reuniones que se están dando con los mendocinos.

En plan de defender la reforma que busca el Gobierno, el funcionario explicó que el sistema de otorgamiento de los permisos es legal, esto quiere decir, que “cumplidos los requisitos de la ley, la autoridad tiene la obligación de conceder el derecho. No hay más nada que analizar“.

Con esto, desestimaron que ese organismo de concesión tenga que estar incluido en la serie de cambios que están impulsando. Sosa había cuestionado que con los cambios que “se gana velocidad en el procedimiento administrativo”, pero se “le quita transparencia al proceso de otorgar licencia”, porque interpreta que el Consejo Minero sería eliminado.

Con todo, Shantal sostuvo que los organismos de control, como Fiscalía de Estado, ya hacen su tarea al respecto y que, de hecho, el Consejo tiene un modelo de concesión.

“No es un órgano de control, sino de concesión, no interviene en la faz ambiental, tampoco en el otorgamiento de minas de primera y segunda categoría, que es donde más demoras tenemos“, explicaron.

En la práctica, “el abogado es el que trabaja, redacta las resoluciones y el resto de los consejeros va y firma. No hay nada que discutir“, sostuvo el director de Minería.

Los otros profesionales son los productores y los especialistas en minería, como geólogos o ingenieros en minas, más el titular del ente. “Los geólogos serían más útiles analizando proyectos y no temas legales“, puntualizó Shantal.

Sin embargo, desde el Gobierno también cargaron las tintas en los atrasos y demoras que tiene este ámbito que deja de funcionar en enero y julio, cuando se produce la feria judicial. Se reúnen una vez por semana y se toman la feria “sin ningún respaldo legal. Es el organismo donde más retrasos administrativos tenemos”, concluyó una fuente del Gobierno.