Tras dos meses sin responsable en la Subsecretaría de Ambiente, Nuria Ojeda fue oficializada como la reemplazante de Sebastián Melchor al frente del área que depende del Ministerio de Energía y Ambiente.
“Controlar el cumplimiento de las normas ambientales en las actividades petroleras, mineras y todas aquellas vinculadas a la utilización de recursos naturales”. Esa es una de las funciones centrales que tendrá a su cargo la nueva encargada como “policía” de medio ambiente.
Ojeda ya formaba parte del equipo de trabajo de la ministra Jimena Latorre como directora de Transición Energética y ahora encarará el complejo objetivo de dar garantías y seguridad al sector de la sociedad mendocina que mira de reojo a la minería, con desconfianza o directamente con un rechazo extremo.
El primer desafío
La primera misión de Ojeda está vinculada con el proceso de declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), que incluye 34 emprendimientos en el sur provincial que pueden desarrollarse dentro de los márgenes que marca la ley 7.722.
En tal sentido, este jueves también se conoció que el próximo 6 de septiembre se desarrollará la audiencia pública en la que se debatirá el estudio de impacto ambiental de MDMO.
Ojeda explicó que la intención del Gobierno es que el proyecto ingrese a fines de setiembre en la Legislatura, que deberá dar el visto bueno. Recién superado ese filtro legislativo, podrán comenzar las tareas de exploración en la zona oeste de Malargüe.
Ante las objeciones de la oposición y de grupos ambientalistas, que cuestionan la concentración de los 34 proyectos en una sola DIA, la ingeniera en Recursos Naturales Renovables justificó la decisión del Ejecutivo en los plazos.
“Con la reforma del Código de Procedimiento Minero, que tiene incluida a la 7.722, evitamos que se produzca un cuello legislativo y legal. En caso contrario, tendríamos que esperar a la Legislatura unos siete años para que solamente puedan evaluar cada pedido de exploración de los proyectos minero”, explicó la funcionaria.
El esquema que se ha planteado el Ministerio de Energía y Ambiente es centrar al proyecto MDMO como un marco de referencia de la regionalización minera de la zona.
“Estamos hablando de dos etapas de estudios. Ahora estamos en el proceso de base y una vez que se finalicen los 34 proyectos y estén regionalizados, vamos a tener una DIA por proyecto”, comentó Ojeda. “Por ejemplo, en la zona 1, tenemos un diagnóstico puntual donde se va a hacer otra DIA para esa zona que se va a explorar”, agregó.
Además, expuso que cada DIA se realizará con su tradicional procedimiento, ya que sólo se trata de un permiso de exploración.
“Con estas DIA, vamos a poder contar información de los estudios del suelo, del agua y de la flora. Este proceso, ambientalmente hablando, nos va a retroalimentar. Es algo positivo que podamos llevar este esquema de estudios. Ahora necesitamos saber la potencialidad de la zona, no podemos arriesgarnos a jugar en una tabla de ajedrez en blanco”, graficó.
Las observaciones de la UNCuyo
La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo, realizó un análisis general y particular de los 34 proyectos que forman parte del MDMO y elevó algunos cuestionamientos.
El informe objetó la decisión de la cartera ambiental en juntar las 34 DIA en un sólo proyecto y también puso la lupa en la supuesta falta de información acerca del uso del agua, entre otros.
Ojeda consideró “entendibles y normales” las consideraciones de la universidad, dijo que fueron “bien recibidas” y las vinculó a que en Mendoza “no estábamos acostumbrados a este tipo de esquema de trabajo”. La funcionaria añadió que la clave es corregir o aclarar cada duda en conjunto con todos los organismos que forman parte de este proceso de investigación.
“Es un estudio de base donde se ha sectorizado y regionalizado todas las zonas en cuanto a riegos y vulnerabilidades. Esas observaciones de la universidad se podían esperar porque ocurre en cualquier proceso de evaluación de impacto ambiental”, aseguró la funcionaria.
La intención del Ejecutivo es resolver las observaciones para avanzar con este proceso, que tendrá un capítulo importante con la audiencia pública, pactada para el 6 de septiembre. Allí, el Ministerio de Ambiente y Energía dará a conocer las DIA y debatirá sobre las mismas.
Hasta el momento, la FCAI ha sido la única entidad que ha presentado su informe acerca de las declaraciones ambientales. Todavía falta conocer las que están realizando el Departamento General de Irrigación, la Municipalidad de Malargüe y el del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA).
