Mientras el presidente Javier Milei impulsa la eliminación de los fondos fiduciarios por considerarlos parte de las “cajas negras” de la política, en Mendoza la realidad es diferente: la gestión de Alfredo Cornejo los sigue alimentando y el Tribunal de Cuentas niega irregularidades en los controles de ese instrumento legal.

Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el decreto 262 del Ministerio de Producción, a través del cual el Gobierno otorgó un aporte de $782 millones para el Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo.

La herramienta fue creada en septiembre de 2020, en plena pandemia, y se mantiene activa. Su misión es la de “implementar un instrumento de política económica tendiente a lograr la sostenibilidad del empleo registrado existente y mejorar las competencias y habilidades de los trabajadores/as desocupados/as para promover su inserción laboral”.

En los considerandos de la norma legal se resalta que el patrimonio de dicho fideicomiso puede ser incrementado por el Gobierno. Y que como el contrato “no prevé un mecanismo específico para efectuar nuevos aportes, el mismo se puede realizar mediante decreto del Poder Ejecutivo”.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas emitió un comunicado para defender su función como organismo contralor de “Mendoza Fiduciaria y todos los fideicomisos que ella administra”.

“Mendoza se destaca como pionera en el control transparente y efectivo de los fideicomisos públicos”, destacó la nota. Y agregó que “realiza rigurosas auditorías jurídico – contable a todas estas personas jurídicas privadas y fideicomisos públicos que conforman el sector público provincial”.

De esta manera, Tribunal de Cuentas salió al cruce de las sospechas de “controles laxos” sobre los fideicomisos en los que participa el Estado provincial, que surgieron desde el interior del propio organismo presidido por el exlegislador radical Néstor Parés.

En 2022 (último dato oficial disponible), la provincia contaba con 23 fideicomisos: 21 administrados por Mendoza Fiduciaria y los dos restantes por la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (Emesa).

Qué es un fideicomiso

Un fideicomiso es una herramienta prevista en el Código Civil y Comercial en la que una parte (fiduciante) transmite determinados bienes a otra parte (fiduciario) para su administración y posterior transmisión a un beneficiario.

Habrá fideicomiso cuando una persona (Fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al Fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario”, señala el artículo 1 de la ley 24.441.

Está constituido por:

  • a) Fiduciante: transmite la propiedad de los bienes al fiduciario, para que cumpla la finalidad específica del fideicomiso.
  • b) Fiduciario: recibe la propiedad de los bienes transmitidos por el fiduciante y se obliga a darle a dichos bienes el destino previsto en el contrato.
  • c) Beneficiario: es aquel en cuyo favor se ejerce la administración de los bienes fideicomitidos. Puede ser una persona física o jurídica.

En el caso de los fondos públicos, es el Estado quien delega la administración de fondos a una entidad (por ejemplo, Mendoza Fiduciaria) para que los administre en función de determinada política pública. Se utilizan como una suerte de presupuesto garantizado para asegurar el financiamiento y la estabilidad de un programa específico, como el otorgamiento de un subsidio o la realización de una obra.

Los fideicomisos también abren la discusión en Mendoza

Mientras el Gobierno nacional confirmó que eliminará nueve fondos fiduciarios -sin aclarar cuáles- porque los considera una “caja negra de la política”, en Mendoza se han desarrollado varias de estas herramientas para financiar, principalmente, obra pública y producción. El Ejecutivo local…

Ante la supuesta falta de auditorías para saber cómo se utilizan los recursos de los fideicomisos, la Casa Rosada buscó a través de un artículo de la ley ómnibus obtener la facultad de “transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.

Teniendo en cuenta que el Congreso frenó las reformas que Milei pretendía implementar a través de la Ley de Bases, el mandatario anunció que firmará un decreto “que elimine todos los fideicomisos“.