El secretismo que rodea al contrato de traspaso del 88% de las acciones de Potasio Río Colorado a la compañía Minera Aguilar se mantiene, pese al pedido de explicaciones que realizó la Fiscalía de Estado y a que la propia firma propiedad de José Luis Manzano liberó al Gobierno provincial de las cláusulas de confidencialidad habituales en cualquier acuerdo multimillonario, como es el caso de la explotación del yacimiento de sales de potasio en Malargüe.
El pasado 27 de septiembre ocurrieron dos hitos en el marco del largo proceso que derivó en la rúbrica del convenio. Por un lado, el gobernador Rodolfo Suarez firmó el decreto 1979, que aprueba el acuerdo; y por el otro, Nicolás Mallo Huergo, presidente de la empresa, envió una nota autorizando al Gobierno “a divulgar la información caracterizada como confidencial en el Contrato al poder legislativo provincial y otros organismos estatales”.
Un día más tarde el proyecto de ley que ratifica el decreto ingresó a la Legislatura para su tratamiento. Se descuenta que el contrato entre el Gobierno y Minera Aguilar será aprobado porque Cambia Mendoza tiene mayoría en ambas cámaras, aunque el oficialismo buscará un acuerdo político para fortalecerlo.
La norma legal tiene seis artículos que establecen:
- La ratificación del proceso de búsqueda de inversiones.
- La aprobación del acuerdo de compraventa de acciones a Compañía Minera Aguilar Potasio SA.
- La cesión de derechos de acciones de la empresa PRC a otra firma estatal (Impulsa Mendoza Sostenible SA).
- La aprobación del memorándum de entendimiento firmado por el Gobierno con Minera Aguilar y su socia brasileña, ARG.
- El envío del decreto a la Legislatura.
- La omisión de la publicación de dos anexos.
Los artículos 2, 3 y 4 no sólo son los más relevantes del decreto: también son los que contienen los anexos que se mantienen secretos.
Si bien en los considerandos se destaca que se tuvo en cuenta lo dictaminado por la Fiscalía de Estado, en el decreto no figuran las aclaraciones solicitadas por el órgano de control encabezado por Fernando Simón. La principal apunta justamente a la justificación de la confidencialidad del acuerdo con Minera Aguilar, que incluye una promesa de inversión de 1.000 millones de dólares en un plazo de cinco años.
El decreto aún no fue formalizado en el Boletín Oficial, pero sí está publicado en la página web de la Cámara de Diputados, donde será analizado inicialmente por las comisiones de Economía y Hacienda. “La Legislatura tiene todo, absolutamente todo, incluidos los anexos”, explicaron fuentes oficiales.
Desde Cambia Mendoza además justificaron el mantenimiento del secretismo porque los anexos contienen información sensible de otras mineras que participaron en el concurso de selección de oferentes, que estuvo a cargo del Banco de Inversión UBS Securities LLC; y del convenio con la brasileña Vale para el traspaso de los activos al Estado provincial, que también es confidencial.
“Incluso, en el caso de Vale, tuvimos que firmar un documento que nos prohíbe difundir datos del acuerdo”, recordó un legislador consultado por El Sol.
El dictamen de la Dirección de Asuntos Administrativos de la Fiscalía de Estado, que realizó un control de “juridicidad” del convenio con el objetivo de “que no se afecten en forma actual o futura intereses fiscales o el patrimonio del Estado”, avaló la mayoría de las etapas del proceso. Sin embargo, puso el foco en ítems puntuales que no fueron explicitados en el decreto.
“Habrá que ver si están respondidos en los anexos. Ni siquiera nosotros los tenemos todavía”, comentó un diputado oficialista. En el mismo sentido se expresó un referente de la oposición que pidió el expediente para analizarlo detalladamente.
“Hay detalles que atenderemos a la hora de emitir el decreto y reforzaremos los aspectos que el fiscal entiende que deben ser reforzados”, había adelantado Emilio Guiñazú, presidente de la empresa estatal Potasio Río Colorado (PRC). No obstante, en la norma legal no están aclaradas algunas de las condiciones impuestas o sugeridas por la Fiscalía de Estado. Entre ellas se destacan:
- Límites a la confidencialidad
Pidió que el Gobierno justifique y fundamente “en forma precisa” por qué es “secreto” el acuerdo y que establezca un plazo no superior a los cinco años para el mantenimiento de la confidencialidad.
“Cabe recordar que para disponer el ‘secreto’ de actuaciones, es necesario fundarlo suficientemente (en especial cuando la misma se mantiene después de la fecha de cierre y ratificación legislativa)”, resalta el dictamen. En tal sentido, agrega que “no bastan para justificar tal declaración frases vagas y/o ambiguas“.
- Programa anticorrupción empresaria
Solicitó expresamente que la empresa de Manzano cumpla con “las previsiones sobre materia ‘anticorrupción’” y con “los parámetros mínimos establecidos en las leyes nacional y provincial aplicables”, adoptando mecanismos “tendientes a la prevención de delitos”.
- El CIADI
Recomendó un análisis exhaustivo de la “conveniencia” de una previsión específica respecto “a la eventual existencia de conflictos a dirimirse ante el CIADI“, el tribunal dependiente del Banco Mundial que interviene en disputas relativas a inversiones internacionales, “teniendo en consideración las especiales características del desarrollo de la industria minera”.
- La Asesoría de Gobierno
Destacó la conveniencia de dar intervención a la Asesoría de Gobierno antes del envío del decreto a la Legislatura, como también lo sugirió la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía.