La disputa judicial que sacude al sector vitivinícola sumó un nuevo capítulo. Las firmas Iberte y EVISA solicitaron a la Fiscalía de Delitos Económicos la clausura de la investigación penal preparatoria y la elevación a juicio de la causa en la que están imputados Rubén Panella, Jorge Irañeta y Juan Ángel Rodríguez, actuales directivos de Fecovita, y Eduardo Sancho, expresidente de la federación de cooperativas.
La presentación sostiene que los acusados habrían desplegado una maniobra para obtener 31,7 millones de dólares aportados por Iberte para capitalizar EVISA. Según la querella, el esquema se apoyó en una serie de engaños planificados que permitieron concretar el desembolso y, posteriormente, borrar los compromisos en el marco de la sociedad creada entre las partes.
Uno de los aspectos centrales del planteo es la hipótesis de un “doble relato”. De acuerdo con el escrito, la iniciativa habría sido presentada ante el Consejo de Administración y los cooperativistas de Fecovita como una oportunidad ideal, con financiación a tasa 0%, acceso a mercados internacionales y salida comercial para grandes volúmenes de vino y mosto. En tanto, a los inversores extranjeros se les prometía una estructura exportadora blindada, con activos específicos, despacho de productos asegurado y cláusulas de salida contractuales.
Para la querella, esa diferencia resulta determinante porque sostiene que sin la aprobación interna de Fecovita la operación no habría podido concretarse y que, al mismo tiempo, Iberte no habría realizado los aportes millonarios sin las garantías que, según afirma, le fueron ofrecidas.
“Lo que se explicó a la Fiscalía es muy simple: al Consejo se le presentó EVISA como financiación gratuita y expansión comercial; a Iberte se le presentó como una sociedad operativa, con activos, producto mensual, administración y salida contractual garantizada. Sobre esa base, Iberte aportó más de 31 millones de dólares. Una vez obtenido ese capital, Fecovita no integró los activos prometidos, no entregó el producto mensual, no canalizó el negocio por EVISA y no atendió la opción irrevocable de venta”, señaló Carlos Aguinaga, abogado de Iberte y EVISA.
La denuncia por una presunta “doble venta”
El punto más novedoso de la presentación gira en torno a una presunta “doble venta” de mercadería. Según la reconstrucción realizada por las denunciantes, una parte sustancial del dinero inyectado se destinó a cancelar compras de vino y mosto reservados originalmente para EVISA. Sin embargo, dichos cargamentos nunca llegaron a los depósitos de la firma compartida, sino que terminaron en manos de clientes del exterior bajo nuevos contratos.
De acuerdo con la presentación, Fecovita intentó cobrar dos veces por el mismo stock de producto. Primero, mediante los recursos aportados por sus socios; segundo, embolsando las divisas genuinas de las exportaciones paralelas.
En ese contexto, la presentación menciona un acuerdo firmado el 13 de octubre de 2022 que, según la interpretación de Iberte y EVISA, dejó reconocida una deuda de 17,4 millones de litros de vino y 6.610 toneladas de mosto pendientes de entrega.
Advertencias y obligaciones incumplidas
La presentación judicial ventila también una serie de alertas que se habrían encendido en los pasillos de Fecovita. Técnicos del organismo habrían avisado formalmente sobre la disponibilidad real de aproximadamente 28 millones de litros anuales. Para Iberte, ese dato es determinante porque demostraría que las autoridades conocían el riesgo esencial de incumplimiento antes de avanzar con la captación del capital.
“Si el producto mensual era la base operativa de EVISA y dentro de Fecovita ya se advertía la incertidumbre sobre los volúmenes, continuar captando capital externo sin aclararlo no fue un error de gestión: fue un elemento central del ardid inicial”, explicó Aguinaga.
Además, diferencia dos obligaciones que, a su entender, fueron incumplidas. La primera vinculada al compromiso de aportar producto de manera periódica para el funcionamiento de EVISA y la segunda relacionada con la entrega de mercadería que, según sostiene, ya había sido abonada mediante los fondos aportados por Iberte.
Pedido de medidas cautelares
Junto con el pedido de elevación a juicio, Iberte y EVISA solicitaron una serie de medidas cautelares sobre los imputados y sobre documentación relacionada con la operatoria investigada.
Entre los requerimientos figuran inhibiciones generales de bienes, embargos preventivos, prohibiciones de salida del país y restricciones para transferir activos vinculados a las sociedades involucradas.
También solicitaron la designación de un veedor o interventor judicial para preservar documentación societaria, contable, bancaria, contractual y aduanera, además de registros vinculados con la trazabilidad de fondos y mercadería.
La conexión con otras causas
El escrito recuerda que la exconducción y los síndicos de la entidad ya arrastran procesos en los tribunales locales por el presunto falseamiento de los balances anuales de 2021, 2022 y 2023, expedientes que ya consiguieron la elevación a juicio. A esto se le suma una denuncia reciente por las actas contables de 2024.
Para la querella, todas estas causas penales están unidas por el mismo hilo conductor: acusan a directivos de Fecovita de adulterar los libros oficiales de la firma para esconder las deudas millonarias y los pasivos que generaba el conflicto con Iberte.
Ahora, la Fiscalía de Delitos Económicos deberá analizar las pruebas reunidas y dictaminar si da por cerrada la etapa de instrucción y avanza hacia la instancia de juicio oral solicitada por las empresas denunciantes.
