Pasaron 8 meses y el Gobierno todavía no reglamentó la ley que establece las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para Mendoza. La oposición reclama que Francisco Pérez lo haga pero el mandatario dice que “no hay urgencia”. En la Legislatura ya comienzan a designar a los hombres que estarán en la comisión de seguimiento y hacer las consultas pertinentes para que pulir la norma. ¿Qué queda por afinar? Todos coinciden que quedan pocos aspectos y que son puramente instrumentales, pero entre éstos la financiación de la publicidad electoral, que estará a cargo del Estado provincial y debe fijarse en el próximo presupuesto.
Sancionada en noviembre de 2013, la ley de las PASO fue considerada “histórica” por los legisladores porque tiende a modernizar la forma de elección en la provincia, con la incorporación del voto electrónico -de manera progresiva-, y el blanqueo del financiamiento de los partidos y de las campañas publicitarias electorales.
Pérez aseguró el lunes que tienen tiempo hasta marzo. Por lo pronto ya delegó en Gustavo Tobares, el subsecretario de Legal y Técnica, al funcionario que se encargará del tema en el Gobierno. Tobares ya recibió a varios referentes de la oposición -entre ellos, los demócratas Omar De Marchi y Diego Arenas y al abogado Marcelo Romano, vinculado a la senadora radical Laura Montero- que piden por la puesta en vigencia.
El paso decisivo es conformar la “Comisión de Seguimiento de la Reforma Electoral e Implementación de Nuevas Tecnologías” que estipula la norma en el artículo 62. La misma debe estar integrada por un miembro del Ejecutivo; dos de la Justicia Electoral -presidente y secretario-; cuatro diputados; cuatro senadores y dos intendentes en representación de sus pares.
Tobares explicó que es la Legislatura la que tiene que conformar la comisión y hacer las invitaciones pertinentes. “El decreto reglamentario es una facultad del gobernador. Estamos haciendo consultas. Pero hay miradas muy diferentes. Se van a escuchar todas las opiniones y a partir de ahí el gobernador tomará la determinación”, indicó el subsecretario.
El paso decisivo es conformar la “Comisión de Seguimiento de la Reforma Electoral e Implementación de Nuevas Tecnologías” que estipula la norma en el artículo 62.
Determinar los fondos para la publicidad electoral
A su vez, el Estado provincial deberá prever una partida específica destinada a financiar la contratación de espacios de publicidad electoral en medios gráficos y vía pública.
Tobares apuntó que, entre otros aspectos, queda por reglamentar los aspectos pertinentes a la financiación de la campaña publicitaria porque “trae un mecanismo nuevo y hay que fijar a través de qué ministerio y de qué forma se hará el seguimiento”. La ley establece en este punto que los partidos no pueden tercerizar en privados la contratación de la publicidad en los medios de comunicación, con castigos tanto para el partido o agrupación como para el medio que viole esta disposición.
Precisamente, esta partida debe estar contemplada en el Presupuesto 2015, por lo que es uno de los aspectos a definir tanto por el Gobierno, los legisladores y los respectivos partidos políticos. Tras el acuerdo entre radicales y justicialistas por el endeudamiento, el próximo presupuesto tiene que comenzar a trabajarse en setiembre entre funcionarios y legisladores. El senador radical Gerardo del Río sostuvo que el financimiento de las campaña es uno de los puntos donde se tienen que poner de acuerdo con el Gobierno.
Su correligionario, el diputado Tadeo García Zalazar, apuntó además algunas cuestiones específicas sobre la rendición de cuentas, “porque la ley establece plazos generales”. El diputado comparte el fundamento de su par, el senador Juan Carlos Jaliff, para quien las PASO ya están en vigencia. “No hay en esa ley ningún artículo que indique que debe ser reglamentada”, explicó Jaliff. Para el ex vice de Julio Cobos, Pérez sólo se debe limitar a colaborar con la organización de los comicios y ,específicamente, realizar la convocatoria de las elecciones y destinar los fondos para la impresión de las boletas, entre otras cuestiones.
Tobares apuntó que queda por reglamentar los aspectos pertinentes a la financiación de la campaña publicitaria porque “trae un mecanismo nuevo y hay que fijar a través de qué ministerio y de qué forma se hará el seguimiento”
Para el demócrata Jesús Riesco -que milita en el Frente Renovador- hace falta reglamentar el financiamiento “que es esencial”. Además, Riesco indicó que podría agregarse la posibilidad de que el candidato perder pueda integrar la fórmula definitiva para la elección general, al modo del Sistema D´ Hont. Nos parece que el que pierde puede ser candidato perdedor puede integrar la fórmula como el sistema D`Hont.
En el Gobierno señalan que hay diferentes miradas sobre la reglamentación. Y citan a Laura Montero, que presentó al Ejecutivo una propuesta con treinta puntos para reglamentar: el reconocimiento de agrupaciones políticas extra Ley; a la distribución de cargos entre líneas internas en alianzas; a la adhesión de boletas de distintas categorías; a la definición de “medios gráficos”; al porcentaje de aportes por categoría; al cupo de género y a la conformación de la Comisión de Seguimiento.
Las lecturas políticas
A partir de ahí, unos y otros se achacan falta de voluntad política para poner en marcha la comisión de seguimiento que debe presentar un informe técnico de lo trabajado. Respecto a los radicales, Jaliff y el diputado Néstor Parés serían los elegidos para conformar esa comisión. Por su parte, Parés le solicitará hoy a Jorge Tanús -presidente de Diputados- que, como miembro de la Junta Electoral, le pida al juez de la Corte Pedro Llorente que convoque a la comisión.
En el FpV, está previsto que la integre el diputado camporista Lucas Ilardo. En senadores faltaba la confirmación, aunque iría el jefe del bloque Fernando Simón. En el PD, por la interna partidaria actual entre massistas y macristas, es probable que quien integre la comisión sea Rómulo Leonardi, vinculado al oficialismo partidario.
También hay elementos políticos que en el radicalismo apuntan a la demora del oficialismo por avanzar con la ley. “Es una especulación política de qué van a hacer ellos, de su interna”, interpretó García Salazar.
En el oficialismo analizan otras cuestiones más pragmáticas. Entre ellas, si conviene o no la simultaneidad o el desdoblamiento de acuerdo al escenario nacional. Y también en función de la realidad en los territorios, donde traccionan los intendentes, según indicaron.
