La situación judicial de Marcelo Alejandro D’Agostino, el ex subsecretario de Justicia que renunció forzosamente a su cargo luego de ser denunciado por abuso sexual y violencia de género, quedó formalizada con el dictado de un avocamiento fiscal que ordenó avanzar con la instrucción y notificarle la imputación en una audiencia prevista para las 18 de este jueves.
El documento marcó el punto de partida de la causa que lidera la fiscal de Violencia de Género Valeria Bottini: fija los hechos, detalla el contexto en el que habrían ocurrido luego de la denuncia de la ex pareja y establece las calificaciones penales iniciales contra el otrora funcionario, quien se presentó ante el Ministerio Público cuatro días después de ser notificado de la presentación.
La resolución a la que accedió El Sol reconstruye una relación de pareja que, según la denunciante, se extendió desde mediados de 2021 hasta comienzos de 2024 y que derivó en una serie de episodios de violencia ocurridos principalmente en una casa del barrio Dalvian. Detalla los hechos pero no se imputa en todos.
Imputaron a Marcelo D’Agostino por amenazas contra su ex pareja
El ex subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino fue imputado este jueves por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego. La medida está relacionada con la denuncia efectuada hace casi dos semanas por su ex…
Por eso, será acusado por amenazas coactivas en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional. Justamente, esta última calificación generó “ruido” en el ámbito judicial y en las partes, debido a que entregó un arma calibre 9 milímetros cuando se realizó una requisa en su casa tras la denuncia en su contra, cuando es considerada un arma de guerra.
El primero de esos hechos que analizó el Ministerio Público, supervisado por el fiscal en jefe Alejandro Iturbide, se ubica en los primeros seis meses de 2022. En ese momento, ambos estaban en la cocina de la casa, en medio de una discusión.
D’Agostino se encontraba cortando carne cuando, de acuerdo con el relato incorporado al expediente, arrojó el cuchillo que tenía en la mano en dirección a la mujer. El objeto no la alcanzó, pero se incrustó en un mueble a unos 50 centímetros. Tras eso, le lanzó una advertencia: “No tenés que hablar de cosas que no corresponden”.
Hacia fines de 2022, la tensión volvió a escalar en el mismo domicilio. La discusión, esta vez, estuvo vinculada a publicaciones en redes sociales a las que el ex funcionario quería acceder. Según la denuncia, en ese contexto le arrebató con fuerza un teléfono celular –propiedad del hijo de la mujer– y lo arrojó hacia la calle, provocando que se rompiera.
El expediente avanzó luego hasta el 9 de diciembre de 2023. Ese día, ambos circulaban en una camioneta Jeep Compass cuando comenzó una discusión. La mujer iba en el asiento del acompañante. En ese contexto, siempre según la reconstrucción judicial, D’Agostino le propinó golpes en el brazo izquierdo, que le provocaron un hematoma. Por eso la calificación de lesiones leves.
Semanas más tarde, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, se produjo otro de los episodios centrales de la causa. Al llegar al domicilio del barrio Dalvian, el ex funcionario tomó el celular de la mujer y se lo mostró desde el interior de la casa, exigiéndole que ingresara para recuperarlo. La denunciante accedió. Ya dentro del hogar, la discusión continuó con reproches. En un momento, ambos estaban en el dormitorio: ella se encontraba recostada en la cama y él se colocó a su lado.
En medio de la discusión, le dio una patada en el glúteo que la hizo caer al piso. Como consecuencia, sufrió hematomas en el glúteo izquierdo y en ambas piernas, agrega la reconstrucción en base a la denuncia.
El avocamiento fiscal lleva la firma de Gustavo Pirrello -fiscal Adjunto, subrogando a Iturbide- y Bottini.
La propia resolución del Ministerio Público, a la que accedió este diario, advierte que algunos de estos episodios podrían haber prescripto por el paso del tiempo, por lo que ordena revisar los antecedentes antes de avanzar en ese punto.
En paralelo, el mismo acto judicial incorpora otros dos hechos que también serán parte de la imputación. Uno de ellos ocurrió entre diciembre de 2023 y enero de 2024, nuevamente en el interior de una camioneta.
En medio de una discusión, el ex funcionario le habría dicho a la mujer: “Te dije que no sigas hablando, porque si seguís hablando, te voy a desaparecer”, una frase que, según la denuncia, le generó un estado de pánico.
El segundo hecho surge de una medida realizada el 10 de abril de 2026 en el domicilio de D’Agostino. Durante ese procedimiento, los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con cargador y municiones.
De acuerdo con la causa, no contaba con autorización vigente para su tenencia. Por estos dos episodios, será notificado de la imputación de amenazas coactivas en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, en concurso real.
El avoque también define las condiciones bajo las cuales el imputado continuará en libertad mientras avanza la investigación. Deberá fijar domicilio, permanecer a disposición de la Justicia, concurrir a todas las citaciones, no entorpecer la causa y cumplir con una prohibición total de acercamiento y contacto -por cualquier medio- hacia la denunciante, su hijo y su abogada, Elena Quintero.
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Qué pasará con la denuncia de abuso
Un capítulo separado dentro del expediente es la denuncia por abuso sexual con acceso carnal. Según el relato incorporado a la causa, uno de los hechos habría ocurrido entre septiembre y octubre de 2023, cuando la mujer dormía de costado en la cama.
En ese contexto, siempre de acuerdo con la denuncia, D’Agostino la abordó y comenzó un acto sexual sin su consentimiento. La víctima le habría pedido que se detuviera, pero el hombre continuó hasta consumarlo.
El segundo episodio de este tipo se ubica entre diciembre de 2023 y enero de 2024, nuevamente en la propiedad del barrio Dalvian. Según la denuncia, el ex funcionario despertó a la mujer tocándole los brazos y los pechos e intentó iniciar una relación sexual bajo el pretexto de una reconciliación. Ante la negativa expresa de ella, el hombre habría continuado igualmente con el acto, sostiene la denuncia.
El avocamiento fiscal no incluyó por ahora una imputación formal por ese delito previsto en el artículo 119 del Código Penal.
En cambio, dispuso que esa línea de investigación continúe con medidas de prueba específicas. Entre ellas, pericias psicológicas a la denunciante para evaluar su estado psíquico, la existencia de indicadores de victimización y la credibilidad del relato, y estudios al imputado para analizar su perfil y posibles rasgos vinculados a conductas violentas.
Con esos elementos, la fiscal Bottini buscará reunir evidencia suficiente antes de resolver si avanza con una imputación en esos casos.