Hasta hace poco tiempo, Otilio Irineo Roque Romano era el “emperador” en los tribunales federales mendocinos. El Consejo de la Magistratura nacional se hallaba sobre él, la propia Justicia ya lo había procesado, pero él seguía al mando, al punto tal, que tenía el poder de contratar gente, y sus influencias aún estaban intactas.

    Su caída no fue repentina. Emperador del edificio ubicado en calle España y Pedro Molina por más de dos décadas, en los dos últimos años, como nunca antes había pasado, su poder comenzó a decrecer y, por primera vez, las denuncias en su contra no fueron rechazadas, su nombre se hizo conocido y comenzó a aparecer en los medios. Ya no era un juez desconocido –y por lo tanto muy poderoso–, había pasado a ser un camarista con nombre y apellido y –lo peor para él– una persona acusada de una gran cantidad de delitos y sin la protección que supo tener. EL FIN DEL MUNDO. Tal como si hubiese ocurrido una alineación de planetas para que Romano llegara al momento actual, en el que ha debido refugiarse en Chile, a la espera de que el gobierno de Sebastián Piñera le dé asilo político, debieron suceder numerosos hechos. La caída de Romano comenzó el 21 de diciembre del 2009. Ese día, la Secretaría del Consejo de la Magistratura recibió una denuncia con la firma de Pablo Salinas, Viviana Beigel y otros abogados que patrocinan a los organismos de Derechos Humanos de la provincia. Allí, se acusaba a Romano y a Luis Miret de haber colaborado con la última dictadura militar, al no investigar denuncias por secuestros, que luego derivaron en desapariciones.

    Esas acusaciones se tomaron, por primera vez, con seriedad. Quiso la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo que los expedientes los llevara el consejero Héctor Masquelet, quien fue remplazado por Hernán Ordiales, ambos representantes del Gobierno nacional, y así comenzaron las investigaciones. Mientras tanto, Romano ya mostraba cuál sería su estrategia al principio de la investigación.

    En una entrevista al diario La Nación, relacionaba la denuncia hecha por los organismos de Derechos Humanos y a la cual se había sumado una similar de la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia, con un fallo en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, del cual Romano había sido uno de sus firmantes.

    “El 28 de diciembre recibimos el expediente y ese mismo día organismos de Derechos Humanos hicieron una manifestación frente al tribunal. Además, me denunciaron ante el Consejo de la Magistratura porque, supuestamente, cuando fui fiscal federal durante el gobierno democrático de 1974 y 1975, antes del Golpe, no detuve violaciones de los derechos humanos. Yo atribuyo esas denuncias, a las que se sumó el Gobierno de Mendoza, a un intento de presionarme claramente por la Ley de Medios”, señaló Romano en aquella oportunidad, sin tener en cuenta que la denuncia en su contra había sido varios días antes de aquel 28 de diciembre.

    Esa nota, de marzo del 2010, fue la última vez que Romano habló ante un micrófono o grabador. De allí en más, rechazó cada entrevista que se le pedía y se comunicó sólo a través de dos cartas enviadas al diario Los Andes. Mientras tanto, ya había decidido que su estrategia era salvarse de la investigación en el Consejo de la Magistratura, que, sorprendido, veía avanzar en su contra y en la de Miret.

    En ese momento, ambos jueces, que supieron ser amigos, se separaron, al menos en sus defensas. Miret intentó defenderse en una entrevista dada a este diario –20 de abril del 2010– y declarando ante el Consejo de la Magistratura; Romano, en cambio, decidió que lo mejor era usar sus influencias para que no se pudiera investigar.

    La denuncia y Masquelet no fueron los únicos actores de esa alineación de planetas. Apareció también la figura del fiscal Omar Palermo, quien en julio del 2010 pidió que Romano declarara por un centenar de casos y sugirió la imputación por partícipe primario en delitos de lesa humanidad. El círculo se comenzaba a cerrar y la confirmación llegaría en agosto, cuando el juez Walter Bento imputara a Romano, Miret y a varios ex magistrados.

    Romano había sufrido la primera derrota, pero no era para desesperarse, pensaba. Casi al mismo tiempo, mediante una cautelar avalada por el juez ad hoc Carlos Parellada, había logrado frenar la investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura. Al haber cerrado momentáneamente ese frente de batalla, a Romano sólo le quedaba enfrentarse a la Justicia originaria. Curiosamente, el camarista era imputado por un juez inferior y por un fiscal que también se hallaba debajo de él.

   Su declaración duró meses, ya que a poco de empezar, presentó un certificado por 60 días, debido a un estado de salud que luego fue refutado por peritos de la Corte nacional y pidió el apartamiento de Walter Bento de la causa, por problemas personales. La Cámara de Apelaciones de Mendoza, que él mismo supo presidir, le dio el aval y separó a Bento a principios de octubre. El presidente de esa cámara, Julio Petra, fue visto tres semanas después cenando y brindando con Romano en un bar céntrico.

    El festejo era lógico, Romano había apartado al juez que lo imputó, usando un tribunal que estaba impedido de tratar causas de lesa humanidad. Finalmente, esto último volvió a ser analizado, se mantuvo firme que Petra no podía tratar este tipo de causas y un nuevo tribunal repuso a Bento en su lugar. Semanas después, Romano sería procesado. Por si fuera poco, antes de fin de año, la Cámara de Apelaciones, con otra conformación, dejaría sin efecto la cautela de Parellada y Romano volvía a ser investigado por la Magistratura.

CAMBIO DE VIDA. El final del 2011 a Romano lo puede encontrar de una manera muy diferente de la que ha vivido hasta hoy. Desde el 25 de agosto se encuentra suspendido por el Consejo de la Magistratura. Una semana antes, intentó su última defensa, luego de dilatar una y otra vez el proceso en su contra: acusó al Gobierno provincial, a un grupo de jueces y al fiscal Omar Palermo de persecución política.

    Pero, un día antes de ser suspendido, aprovechando que Bento –quien lo tiene procesado por partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad– no le había prohibido salir del país, tomó un avión y viajó a Santiago de Chile. Luego de realizar algunas averiguaciones, el camarista pidió asilo político –en lo que puede ser la única estrategia que le queda– ya que se siente prácticamente destituido por el Consejo, al punto tal de aún no haber presentado un abogado particular.

    Romano sabe que en caso de ser destituido, su futuro puede ser la cárcel, ya que, al dejar de ser juez, perdería también los fueros que lo han protegido hasta hoy. Mientras tanto, el viernes, la fiscalía de Palermo pidió su detención, algo que Bento deberá resolver esta semana. Al mismo tiempo, el pedido del camarista se ha vuelto un asunto de Estado, porque, si bien los convenios internacionales obligan a Chile a no otorgarle el asilo político –por estar relacionado Romano con delitos de lesa humanidad–, en el vecino país algunos recordaron lo ocurrido con Galvarino Apablaza, reclamado por la Justicia chilena y que Argentina no quiso extraditar.

    Desde el Gobierno chileno se negó estar pensando en un canje, pero la situación llegó al punto de que la presidenta Cristina Kirchner suspendió –se dijo que por temas de agenda–, una visita al país trasandino. Si bien fue negado, fueron varias las especulaciones sobre que el caso del juez fue el detonante de la decisión. Mientras tanto, el “Imperio Romano” se prepara para lo que puede ser su definitiva caída.