El paro sorpresivo y calificado como salvaje por la gestión de Celso Jaque todavía sigue generando coletazos. Es que en el Ejecutivo se analiza la posibilidad de empujar el sistema hacia el gerenciamiento privado del transporte público, pero no a través de la privatización de las líneas, sino de restar apoyo a los concesionarios, condicionándolos con mayores exigencias. La idea es algo compleja, pero, concretamente, lo que se analiza en el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, es garantizarles a los empresarios 10 por ciento de las ganancias del sistema –actualmente la rentabilidad de algunos superaría 25 por ciento– y disminuir o extinguir los subsidios.

MENOS APOYO. Para lograr la pretensión del Ejecutivo, la administración estatal debería reducir al mínimo los subsidios y, para eso, tiene sólo dos posibilidades: o erradicar los abonos o aumentar el boleto a 1,90 pesos, con las consecuencias políticas que podría acarrear cualquiera de estas decisiones. El malestar se profundiza porque, posiblemente, tampoco se los podrá multar a los empresarios que, como consecuencia de un paro masivo de choferes durante la semana pasada, dejaron paralizada la provincia.

    Es que el pliego de condiciones no clarifica qué deben hacer los empresarios cuando ningún empleado se presenta a trabajar y no lo ha comunicado con anticipación. Los choferes anunciaron, el miércoles a la noche, que harían paros sorpresivos en horarios no pico pero no advirtieron a partir de cuándo ni la masividad de la medida. Además, el artículo 7 del contrato de concesión no considera al transporte público como un servicio de vital importancia, porque lo ata a un decreto nacional que dictamina que el transporte público no es un servicio de vital importancia, como el agua o la luz, por ejemplo.

    De esta manera, los técnicos de Infraestructura trabajaban ayer en el proyecto de ley que mandarán a la Legislatura, en donde se estipulan sanciones a los empresarios pero también a los sindicatos que ante un eventual paro masivo, como el de la semana pasada, no garanticen 20 por ciento de las frecuencias mínimas y fijan claramente que el transporte público es considerado de vital importancia para los mendocinos.

EN DANZA. El ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, dejó entrever algunos detalles de los planes oficiales mientras participaba de la presentación oficial del proyecto para el Dique Los Blancos en San Carlos (ver página 6). El funcionario, abogado de profesión, sabe que no es posible hacer caer las concesiones pero sí revisar todos los subsidios que da el Estado a las empresas, para ir disminuyendo ese monto a cero.

    Según los números que maneja su gestión, en el 2007 la Provincia aportó 54 millones de pesos, sin embargo, la ex subsecretaria de Servicios Públicos, Patricia Gutiérrez, indicó que no superó los 36 millones de pesos (ver aparte). Por otro lado, Pérez comprende que no es momento para aumentar el boleto. Los análisis técnicos marcan que, para cortar todo tipo de subsidios, hay que incrementar el precio a 1,90 pesos. Y ante esto, la única salida que resulta viable es bajar los aportes del Estado y que los privados absorban todos los costos, pero garantizándoles un margen de ganancia de 10 por ciento. Para el ministro Pérez las rebajas sobre los abonos deben revisarse puntualmente.

    Es que en las auditorías resultaron dudosos algunos números, como los descuentos a los familiares de personal de Sipemon, entre otras cosas. Incluso, analiza la posibilidad de colocar sensores en los colectivos, porque sospecha que son cientos de pasajeros por día los que viajan sin pagar. Así las cosas, habrá que esperar hasta esta semana, cuando el Gobierno revele ante los empresarios el nuevo precio del kilómetro recorrido, que definirá, al menos parcialmente, el futuro del sistema.