En medio de la negociación de los médicos con obras sociales y prepagas, en la que los profesionales exigen cobrar un plus para las consultas y que los pagos no superen los 30 días, el Gobierno Nacional irrumpió con el congelamiento por tres meses de los aumentos en la medicina privada. La situación puede definirse el próximo viernes, mientras las partes ya comenzaron a reunirse.
Ese día, si las partes no llegan a un acuerdo, los profesionales de distintas especialidades comenzarán a cobrarle a sus pacientes en forma particular desde 6.000 pesos en adelante. Otros directamente no atenderán en sus consultorios y, en el caso de los odontólogos, esperarán para tomar una determinación.
En las últimas horas, las clínicas de la provincia iniciaron reuniones con las asociaciones que nuclean las especialidades, pero también con las prepagas y obras sociales, ya que se verán afectadas con la medida y son responsables de brindar el servicio.
Desde OSEP (Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza) aclararon que la medida del ministro de Economía, Sergio Massa, no los afecta porque los aumentos se dan por paritaria.
“Los prestadores tienen un convenio y en setiembre se aplica un nuevo aumento que llega a lo que ellos están pidiendo“, destacaron.
Decisión en conjunto
A través de un comunicado firmado por 17 entidades, pediatras, obstetras, clínicos, neurólogos, cardiólogos, reumatólogos, cirujanos, oftalmólogos, dermatólogos, médicos de familia, endocrinólogos, psiquiatras y urólogos anunciaron a pacientes, centros médicos y hospitales que pasarán a cobrar las consultas con un piso mínimo de 6.000 pesos.
“Se intentó la instauración de un copago para lograr el valor de consulta ética mínima de 6000 pesos, acción que no puede llevarse a cabo debido a que las instituciones de salud tienen contratos y obligaciones firmados con los financiadores que lo impiden. Por lo tanto, queremos informarles que a partir del 1 de setiembre de 2023 todas las consultas médicas deberán alcanzar ese valor mínimo, sea porque los financiadores ofrecen ese valor o porque los mismos proponen un copago por parte de sus afiliados para alcanzar ese monto, que deberá ser saldado en un plazo no mayor a 30 días”, sostuvieron en el escrito.
Y agregaron: “De no ser así, los pacientes serán considerados particulares y se les cobrará como mínimo ese valor de consulta”.
Sebastián Rauek, presidente de la asociación mendocina de Neurología Clínica, señaló: “No hemos recibido realmente un contacto y una respuesta satisfactoria a nuestra demanda, como para poder dialogar y llegar a un acuerdo. La verdad es que yo no creo que esto ocurra en las próximas horas. Sé que se están reuniendo ahora algunas de las prepagas con centros médicos, pero a nosotros no nos han avisado realmente nada todavía”.
Incertidumbre y enojo
Gabriel Saracco, presidente de la Federación de Odontólogos de Mendoza, sostuvo que la decisión del Gobierno nacional de suspender por 90 días los incrementos en la medicina prepaga, que también incluye el pago de sumas fijas para empleados, pone obstáculos a las negociaciones.
“Se les va a producir un desfinanciamiento y se van a caer prestaciones”, pronosticó Saracco y afirmó que la alternativa es aplicar un copago para que el usuario abone un cargo fijo en el momento en que visita al médico, cubriendo parte del costo que no puede afrontar la prepaga.
En este sentido, sostuvo que desde la Federación van a aguardar “un poco más hasta que se tengan más certezas”.
Un asesor comercial de una importante prepaga, quien prefirió reserva de su nombre, afirmó que la decisión del Gobierno es “pan para hoy y hambre para mañana”.
“Durante 90 días no va a haber un posible aumento, pero después de las elecciones seguramente sí dispongan un aumento a los socios. O sea, es calmar las aguas hasta que venga la ola”, refirió.
Y sumó: “Por parte del sector comercial no estamos de acuerdo con que los prestadores estén cobrando copago y coseguro. Encima de izquierda, porque no deberían hacerlo. Estamos enojados”.
La Confederación Unión Argentina de Salud–UAS, entidad integrada por Cámaras y Federaciones que agrupan a entidades que prestan servicios de salud cuestionaron la medida de Massa al recalcar que “no habrá aumentos de aranceles a los sanatorios y centros y tampoco habrá aumento de honorarios profesionales”.
Desde Swiss Medical, en tanto, se limitaron a informar que “por ahora se están analizando las medidas, los impactos y la respuesta del sector”.
Malestar en pacientes y médicos
El ginecólogo Matías Pelliza, miembro de Obstetras Unidos, indicó que la acción del ministro de Economía, no debería afectar las negociaciones. “La decisión de las entidades médicas venían incrementando sus cuotas, cuentan con el soporte financiero para hacerle caso a un reclamo que no es nuevo y, en el caso de los ginecólogos, lleva 4 años.
“Nadie debería cobrar una consulta menos de 6.000 pesos. La forma de llegar a eso fue, primero, proponer un copago, en el cual se le cobra al paciente la diferencia, que sería entre 2.500 y 3.000 pesos, depende de la hora social o prepaga. La mayoría dijo que no lo iba a aceptar. Entonces, ante esa negativa, se tomó la decisión de directamente cobrar como particular. O sea, a partir del primero de setiembre no recibir ninguna prepaga ni hora social y cobrar la consulta como particular”, recalcó.
El especialista explicó que hay médicos no pueden mantener su consultorio. Sumado a esto, destacó que si bien pacientes entienden la situación que están atravesando, por otro lado, se negarán a pagar porque ya están invirtiendo en una prepaga que, en teoría, le debería cubrir el servicio.
“Hay algunas prepagas y obras sociales, no sé si son tres o cuatro, que ya aceptaron. Pero la gran mayoría no”, dijo Pelliza.