A casi un mes de que se inicie el juicio penal y luego de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, el juez federal Walter Bento se quedó sin su representante más reconocido: Mariano Cúneo Libarona (62), el abogado que se había hecho cargo de la defensa hace un par de años, renunció en las últimas horas.
Gustavo Gazali, el socio local del mediático penalista porteño, seguirá -por ahora- junto al magistrado procesado como presunto jefe de una asociación ilícita que le cobraba coimas a detenidos federales y otros delitos como lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Fuentes judiciales detallaron que la renuncia fue de común acuerdo por “cuestiones de duplicidad de los procesos y agendas acordadas de antemano”. Ante el alejamiento de Libarona, Bento analizará si contrata a otro especialista para que acompañe a Gazali en los últimos tramos de la causa, debido a que ya le notificó que no está en condiciones de enfrentar el proceso en soledad.
La llegada de Cúneo Libarona fue en el 2021, cuando el sistema judicial federal mendocino se vio sacudido por el escándalo de corrupción luego de la investigación liderada por el fiscal general Dante Vega, que contó la supervisión del juez sureño Eduardo Puigdéngolas.
Lo que comenzó como una pesquisa rutinaria con el análisis del teléfono de un narco llamado Walter Bardinella Donoso rápidamente se convirtió en un caso de dimensiones alarmantes que reveló una red de abogados y funcionarios judiciales implicados en actos ilícitos.
El fiscal general fue el encargado de iniciar la pesquisa contra el juez Bento, quien se transformó en el primer sospechoso. Cuando las pruebas comenzaron a complicarlo, Cúneo Libarona llegó a Mendoza para liderar la defensa junto con su par mendocino Gustavo Gazali.
El fiscal descubrió una supuesta organización vertical en la que el magistrado estaba involucrado. Se alegaba que el suspendido titular del Juzgado Federal Nº1 utilizaba a un colaborador cercano para establecer conexiones con abogados defensores particulares y así arreglar pagos de coimas a cambio de beneficios judiciales. Ese hombre se llamaba, para los investigadores, Diego Aliaga, un ex despachante de aduana asesinado en julio del 2020.
Con el paso de los días, trascendió que varios abogados formaban parte de esta presunta red de corrupción. Entre ellos se encontraban Jaime Alba, Luciano Ortego, Javier Angeletti, Martín Ríos, Matías Aramayo y Luis Francisco Chato Álvarez. Todos terminaron detenidos 7 procesados.
Además, se identificó a Aliaga, el supuesto nexo facilitador de la organización.
Los testimonios recopilados sirvieron para que potenciar la hipótesis de pagos en dólares para acceder a beneficios judiciales específicos en el juzgado de Bento.
Los documentos presentados como pruebas también revelaron movimientos financieros sospechosos relacionados con el juez. Estas evidencias respaldaron las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, ya que se determinó que su nivel de vida no concordaba con sus ingresos como magistrado.
El juez Eduardo Puigdéngolas procesó a Bento por 15 casos de cohecho, entre otros delitos que podrían costarle varios años de cárcel.
A su vez, luego de ser separado de su cargo por el Consejo de la Magistratura a mediados de mayo, comenzaron a correr los tiempos para que el magistrado dé explicaciones ante el Jury de Enjuiciamiento. El llamado juicio político atraviesa por estas semanas un proceso de incorporación de pruebas y todavía no está fijada la fecha de inicio.