El proceso para definir el futuro del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles quedó atrapado en el centro de una fuerte disputa política en Mendoza. El eje del conflicto no es solo el diseño de la licitación a largo plazo, sino la decisión del Ejecutivo provincial de contratar al Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (CEMPPSA) para asistir en la operación del complejo mientras se define la nueva concesión por 30 años.

El peronismo cuestiona que una empresa con presuntos vínculos con la Casa Rosada haya quedado a cargo de la operación durante esta etapa de transición, advierte sobre un posible direccionamiento de la futura concesión y reclama explicaciones al Gobierno.

En la vereda opuesta, el oficialismo rechaza de plano cualquier tipo de irregularidad. Desde el Ministerio de Energía y Ambiente le expresaron a El Sol que “no existe ninguna preadjudicación”, postura a la que adhirieron desde los bloques de Diputados y Senadores de Cambia Mendoza. Afirmaron que, desde el punto de vista jurídico, resulta imposible otorgar la concesión definitiva en la etapa actual.

Según la postura oficial, la contratación de CEMPPSA respondió a una estricta necesidad de fuerza mayor: garantizar la operatividad, la seguridad y la continuidad del suministro hidroeléctrico inmediatamente después del vencimiento de la concesión anterior.

El fin de un contrato histórico y la creación de HEMSA

El recorrido de este conflicto tiene una fecha clave: el 31 de julio venció formalmente el contrato de concesión de Los Nihuiles con la firma Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA), cuyo paquete accionario mayoritario pertenecía a Pampa Energía.

Durante más de tres décadas, esa sociedad tuvo a su cargo las centrales Nihuil I, II y III, junto con las presas y la infraestructura complementaria del sistema sobre el río Atuel.

Cumplido el plazo contractual, la Provincia tomó posesión formal de los activos. Para comandar la nueva etapa, la Legislatura aprobó previamente la creación de Hidroeléctrica Mendocina S.A. (HEMSA), una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria destinada a ser la titular de la concesión durante los próximos 30 años.

El modelo diseñado por el Ejecutivo no contempla que el Estado opere directamente el recurso a largo plazo. El esquema prevé el ingreso de un operador privado que aporte la inversión necesaria para la refuncionalización del complejo. De este modo, la puja no es por la entrega de las centrales en sí, sino por el control accionario de la firma estatal que detentará la concesión. Sin embargo, antes de llegar a la licitación, la transición presentó imprevistos operativos.

La trastienda de la contratación de CEMPPSA

Tomar posesión de los bienes no implicaba que HEMSA contara de forma automática con la estructura técnica y el personal especializado para hacer funcionar las centrales. Durante el régimen anterior, buena parte de las tareas de operación y mantenimiento dependían directamente de las redes de servicios de HINISA.

Aunque la intención oficial era preservar las fuentes de trabajo locales, la Provincia debía resolver con rapidez la cobertura de tareas complejas. De acuerdo con el descargo de Cambia Mendoza, la primera alternativa contemplada fue firmar un acuerdo transitorio de colaboración con Hidroeléctrica Diamante S.A. (HIDISA), operadora de los sistemas Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, también controlada por Pampa Energía.

No obstante, apenas 11 días antes del vencimiento del contrato, el accionista mayoritario de HINISA notificó formalmente que ni Pampa ni HIDISA estaban en condiciones de prestar asistencia en la administración de los activos.

Ante la emergencia, HEMSA recurrió al mercado local y consultó a dos firmas con experiencia en la provincia: Hidronihuil S.A. (que opera Nihuil IV junto a EMESA) y CEMPPSA.

Mientras Hidronihuil declinó la propuesta por falta de capacidad operativa inmediata, CEMPPSA aceptó las condiciones. En consecuencia, HEMSA la contrató desde el 1° de agosto y hasta tanto se complete el proceso licitatorio, decisión que desencadenó el rechazo de la oposición.

Quiénes están detrás de CEMPPSA

CEMPPSA (Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A.) nació en 1997 para la construcción y explotación del proyecto Potrerillos, integrada originalmente por Cartellone, IMPSA y el Gobierno de Mendoza.

En 2017, la composición privada cambió cuando las acciones pasaron a un fondo de inversión. Actualmente forma parte del grupo Edison Energía, liderado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, con la participación de inversores vinculados a Inverlat Investments.

Para la oposición, el foco de tensión no radica en la capacidad técnica de la empresa, sino en la oportunidad de la contratación. “Estamos muy preocupados, hay un montón de dudas del proceso licitatorio”, disparó el diputado del PJ Germán Gómez, quien impulsó el pedido para crear una comisión investigadora en la Legislatura.

Diversos sectores de la oposición deslizaron que existen versiones sobre una hipotética ventaja para beneficiar al grupo empresario en la compulsa por los 30 años. Las sospechas cobran volumen político al vincular a los hermanos Neuss con el entorno de la Casa Rosada y, en particular, con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Por eso, el peronismo sostiene que operar la planta durante la transición genera un riesgo de “preadjudicación de hecho”.

Desde Cambia Mendoza salieron al cruce de las acusaciones, ratificando que el contrato con CEMPPSA fue revisado y aprobado por los directorios de EMESA y HEMSA, y elevado a la Fiscalía de Estado. Insisten en que se trata de un apoyo técnico provisorio que finalizará apenas concluya la Licitación Pública Nacional e Internacional, proceso que no otorga ventajas formales a ningún oferente.

Los seguros, otro frente de conflicto

A la discusión sobre CEMPPSA se suma otro punto: los daños sufridos por las centrales durante las tormentas e inundaciones del verano de 2025.

Los desperfectos llevaron a la declaración de emergencia mediante la Ley 9.630 y a la elaboración de informes técnicos para determinar las obras necesarias para recuperar las instalaciones.

La oposición cuestiona también el monto de la cobertura de los seguros vinculados con esos daños. Según señalaron desde el PJ, un informe técnico estimó en alrededor de US$84 millones la inversión necesaria para las obras, mientras que se estaría negociando una cobertura cercana a los US$45 millones.

“El informe dijo que había que invertir 84 millones de dólares y se está llegando a un arreglo por 45 millones de dólares. No conozco a nadie que ceda 40 millones de dólares por nada”, cuestionaron.