El Gobierno provincial define por estas horas la estrategia para ir en contra de las resoluciones de la Nación que dispusieron la cesión de tierras a supuestos mapuches en el sur de Mendoza. La falta de personería jurídica de las comunidades, la ausencia de intervención provincial y la falta de claridad en las mediciones catastrales, son los principales argumentos que ya estudian en la cartera que dirige Víctor Ibañez.
A pedido del gobernador Rodolfo Suarez, la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado preparan el pedido de declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones realizadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Desde la Subsecretaría de Legal y Técnica -Ministerio de Gobierno- indicaron que se encuentran analizando las resoluciones y los argumentos que utilizarán para frenar la cesión de tierras a la comunidad Lof El Sosneado, en San Rafael, y a Lof Suyai Levfv, en Malargüe, para hacer las presentaciones “lo antes posible”.
Suarez pretende que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales publicadas el viernes pasado en el Boletín Oficial. Esta acción se trata de un planteo para determinar si se están cumpliendo con las leyes vigentes, y se presentaría ante la Corte y la Justicia Federal.
El Gobierno también estudio otro camino: la presentación de un reclamo administrativo. Este recurso se interpone cuando el objetivo es revocar o modificar el acto administrativo en cuestión, en este caso, las disposiciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que recibiría la presentación.
Lo que se está evaluando es si a la Provincia le conviene ir por esta vía primero y, luego, si no hay respuesta favorable, utilizar la judicial.
El propio INAI reconoció que quienes se autodenominan mapuches no tienen personería jurídica, sino que está “en trámite”. A esto apuntará el Gobierno, ya que es un documento legal fundamental para ingresar al Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
Con esto, entienden en el Ejecutivo, la Nación incumplió con los procedimientos que establece la Ley 26.160, que reglamenta la Emergencia “en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.
Hasta el momento, no ha habido comunicación entre la Provincia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que conduce Martín Soria.
Otro argumento en los que se centrarán es la ausencia de intervención que se le dio, dado que el INAI no le consultó a la Provincia.
“No nos dieron intervención, la ley vigente dice que deben darnos participación. Tampoco sabemos qué presentaron las comunidades. Estamos analizando las resoluciones”, afirmó Nicolás Egües, subsecretario de Legal y Técnica.
La falta de claridad en las mediciones catastrales es otro aspecto que le discuten a la Nación, lo que dificulta determinar las áreas que en concreto disponen ceder.
“Acompañaron un croquis bastante básico. Queremos saber dónde están ubicadas las tierras y los límites exactos de los terrenos para ver qué situaciones se están afectando. Lo que sabemos es que tienen propietarios, tanto en El Sosneado, como en Los Molles”, señaló.
Ese último factor también será tenido en cuenta, como también las situaciones judiciales que hay en el medio. El Gobierno no ignorará los fallos firmes que existen, tanto de la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil como de la Suprema Corte de Justicia, en contra de las comunidades beneficiadas por el INAI y a favor de los propietarios de los terrenos.