Los abogados de Mendoza renuevan la conducción de su Colegio profesional, luego de un año marcado por los escándalos y denuncias en la Justicia que salpicaron a la institución. Compiten tres listas por la presidencia, el directorio y el Tribunal de Ética, en una campaña electoral marcada por algunas polémicas internas que alimentaron la desconfianza.

Los comicios para la Primera Circunscripción Judicial se realizarán el viernes 19 de abril de 8 a 20, tras el llamado a elecciones que hizo la Junta Electoral, lo que arrojó la primera controversia.

La convocatoria se realizó el último día hábil de marzo, por lo que las agrupaciones que se presentaron corrieron contra el tiempo para confirmar a sus candidatos pero, más que nada, para reunir los avales necesarios para presentarse en la semana corta tras el feriado largo. Apenas tuvieron cuatro días, por lo que algunos indicaron que “era una trampa para evitar la participación“.

Habrá dos padrones para sufragar: por un lado, para votar al Directorio de la entidad y, por el otro, para elegir a los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina. Cada uno exige requisitos distintos. Para el primer caso, exige estar con la cuota al día y tener cinco años de ejercicio de la profesión. Allí la cantidad de electores es más acotada: 2571 abogados están habilitados.

Donde hubo una segunda polémica que generó más dudas fue con el padrón para el Tribunal. En este caso, la cantidad de abogados es más amplia y se requieren 15 años de antigüedad.

El problema es que, en un principio, se había señalado que la cantidad habilitada de profesionales para votar era mayor, alrededor de cinco mil, pero luego la Junta Electoral pidió subsanar errores y filtrar integrantes que componían ese padrón. Finalmente, quedó en 3381 abogados. Según la resolución publicada en el sitio del Colegio, con fecha del 4 de abril, se filtraron los profesionales suspendidos, cancelados y fallecidos.

Con todo, las críticas llovieron y desde las agrupaciones opositoras al oficialismo marcaron que “el proceso electoral fue poco transparente“. El problema no era menor, puesto que cada lista tenía que reunir el 7% del total del padrón.

Como dato político al margen, quienes en esta oportunidad desistieron de participar fueron el kirchnerismo y sectores del peronismo ortodoxo. Igual con los abogados vinculados a los libertarios, que no lograron acordar una alianza con una de las agrupaciones opositoras.

Y, aunque hace rato falleció, también se pone en práctica el Teorema Chueco Mazzón: el surgimiento de una lista vinculada al peronismo que muerde votos a la otra agrupación opositora, lo que podría terminar favoreciendo al oficialismo.

Por otra parte, hubo trascendidos de que en el Gobierno pidieron a los asesores ponerse al día con la cuota para militar a la lista oficialista.

¿Cómo juega el Gobierno en este caso? Los observadores del proceso electoral marcaron que más allá de algunos nombres en las listas, donde se ve mejor la mano del Ejecutivo es en la Junta Electoral. El presidente es Mauricio Gaibazzi, que es asesor legal en la Secretaría de Ambiente.

Quiénes compiten

El oficialismo está representado en la lista Abogacía Independiente y presenta como candidatos a Sergio Molina y Jazminka Mihaljevic, como presidente y vicepresidente, respectivamente. Si bien Molina ya fue parte del directorio entre 2016 y 2021, la agrupación se presenta como una renovación, sobre todo, luego de las denuncias que se presentaron contra la actual presidente, Andrea Maturana, y pusieron en tela de juicio la credibilidad del Colegio.

Esta lista contiene al radicalismo y al PRO. Algunos apellidos conocidos de la política mendocina pero también de diferente extracción. Entre ellos, Nuria Olivera, vinculada al sector del PRO cornejista de Pablo Priore y actualmente se desempeña como Secretaria legal y técnica en el Senado provincial. Otro es Nicolás Parma, hijo de un reconocido dirigente del peronismo, ya fallecido, Norberto Parma. Tanto Olivera como Parma figuran como candidatos a vocales titulares.

Otro ilustre apellido es el de Florencia Becerra, candidata al tribunal, que es hija de Nicolás Becerra, quien fuera procurador de la Corte Suprema durante el gobierno de Carlos Menem.

“Venimos con una cantidad de ideas y con antecedentes, la renovación viene de cada uno de nosotros“, puntualizó Molina.

La oposición está representada en dos listas. Una es Alternativa Independiente y Plural, que tiene como candidato a Jerónimo Gil Di Paola y a Guadalupe Simone Cajal, como presidente y vice, respectivamente. Está vinculada con Xumek, la ong de derechos humanos, y autoconvocados.

En la lista también aparecen nombres conocidos. Como candidato para el tribunal se encuentra Oscar Barrera, que representó a víctimas del Próvolo en los juicios, y Sergio Salinas, una de las figuras de Xumek. También aparece Susana Stefanelli, que fue candidata en la anterior elección.

La tercera lista en pugna es Foro Abierto está representada por Facundo Marquesini y Anabel Gazali, como presidente y vice, respectivamente. Es una agrupación a la que, a priori, se identifica con el peronismo.

Uno de sus apoderados es Pablo Cazaban, el penalista que está vinculado al Frente Renovador en Mendoza y que actualmente participa de los debates en el juicio al juez federal suspendido Walter Bento. Con todo, Marquesini indicó que la lista está conformada por abogados particulares que no tienen participación en la gestión del Ejecutivo o en las municipalidades. “Somos todos independientes“, explicó y para disipar dudas aseguró que otra de las apoderadas, Cristina Gentile, estuvo vinculada al Partido Demócrata.

La independencia del Colegio

Las denuncias por tráfico de influencias marcaron el último año de gestión de Maturana al frente del Colegio de Abogados. Con todo, Molina desestimó aquellas denuncias y aseguró que “se difundieron cosas que dejaron mal parados a Maturana y a Sebastián Soneira, que colaboró y trabajó muchísimo por el Colegio“.

“Hay un grave deterioro del Colegio por los vínculos de la actual gestión con el Gobierno“, objetó Marquesini, para exponer parte del malestar. Por eso, el representante de Foro Abierto aseguró que buscan la “absoluta defensa de los intereses gremiales” y remarcó que quieren tener “independencia institucional“.

Idéntico diagnóstico mostró Gil Di Paola, quien señaló que “hoy el Colegio está muy dependiente de la política“. Además recalcó que “hay mucho enojo entre los profesionales, por eso hay tres listas. Se ha perdido la independencia y el colegio se utiliza para otros fines“, contempló.

Por el contrario, Molina rechazó estas acusaciones y sostuvo que “hay una independencia total y absoluta” y defendió la gestión de Maturana. Garantizó que “nunca me pasó, cuando estuve en el directorio, que me vinieran a decir hacé esto del Ejecutivo o de la Corte”. Y sostuvo que las oficinas de conciliación laboral implicaron acercarse al Gobierno, porque las puso en marcha. “Pero acercarse no implica una dependencia“, marcó.

Cruce de propuestas

Gil Di Paola propuso tener una presidencia más activa, con más capacitaciones para los profesionales. “Una propuesta es mejorar el reconocimiento de los abogados como pilares de la Justicia. Estamos muy maltratados, tanto en las empresas como en el mismo Poder Judicial“, describió. Entre los problemas diarios que circundan la profesión apuntó contra el expediente electrónico en el fuero civil, que no les permite seguir de manera adecuado los procesos. “El Colegio mantiene un silencio cómplice“, al respecto, consideró el candidato de Alternativa Independiente.

Molina, en tanto, propuso armar una nueva comisión “que atienda de manera personal y directa a los colegas sobre los planteos o situaciones en el funcionamiento de la Justicia que sean inadecuadas, o que se necesite conocer información sobre el Poder Ejecutivo para el mejor desarrollo de la actividad“. Además, consideró que hay que revincular al Colegio con la Caja Forense, ya que “a los profesionales jóvenes les cuesta mucho aportar la cuota mensual” de la entidad previsional del rubro.

Marquesini, por su parte, hizo hincapié en que se necesita actualizar con mayor celeridad el Jus, que regula los honorarios profesionales, ya que estuvo congelado con el mismo valor durante todo 2023 -dato aparte: la Corte actualizó la tasa en enero-. Y también puntualizó en el mal funcionamiento del sistema digital que utilizan los profesionales para estar al tanto de las causas.