La Municipalidad de Las Heras puso en marcha los mecanismos operativos para la implementación de una nueva herramienta orientada a la seguridad ciudadana. Mediante una reciente normativa del Ejecutivo municipal, quedó reglamentado el funcionamiento del padrón que reunirá la información sobre las cámaras de vigilancia particulares instaladas en viviendas y locales comerciales de todo el territorio departamental. La administración de este archivo estará a cargo del área de prevención comunitaria, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local.
La iniciativa persigue la finalidad de identificar y organizar un mapa de aquellos dispositivos domésticos o comerciales que cuenten con orientación o visibilidad directa hacia la vía pública o sectores de acceso común.
De este modo, ante la ocurrencia de un ilícito o frente a situaciones de emergencias operativas, las autoridades policiales o judiciales dispondrán de una base de datos certera para localizar rápidamente registros audiovisuales que resulten de utilidad para el esclarecimiento de los hechos.
Desde la comuna enfatizaron en las características esenciales del sistema para llevar tranquilidad a los vecinos. La incorporación de los datos al registro posee un carácter completamente voluntario, gratuito y confidencial.
Asimismo, el marco legal establece de forma taxativa que la inscripción no otorga al municipio facultades de monitoreo remoto ni acceso en tiempo real a las filmaciones, como tampoco implica una cesión automática de las imágenes captadas ni la obligación de integrarse tecnológicamente al centro de visualización provincial.
Para formar parte del programa, los propietarios de los inmuebles deberán aportar una serie de datos básicos que revestirán el carácter de declaración jurada, tales como la identidad del titular, la ubicación exacta de la propiedad, la cantidad aproximada de dispositivos instalados y sus correspondientes rangos horarios de actividad. El tratamiento de toda esta información estará estrictamente protegido bajo las normativas nacionales e internacionales de protección de datos personales, asegurando que las consultas queden restringidas y registradas para evitar cualquier uso indebido.
El procedimiento operativo fija pautas muy claras respecto al momento en que se requiera el material fílmico. El municipio carece de facultades para acceder directamente a las grabaciones, por lo que cualquier solicitud de contenidos deberá originarse en el marco de una investigación de la Justicia, un pedido de la fuerza policial o por una emergencia fundada.
Salvo que exista una orden expresa emanada por un juez competente, la entrega de los videos quedará siempre bajo la decisión voluntaria del ciudadano responsable del dispositivo, quien además tendrá la potestad de actualizar sus datos o solicitar la baja del padrón en el momento en que lo considere oportuno.