El gremio de Empleados Judiciales llamó a asamblea para el lunes de la semana, a pesar de la vigencia de la conciliación obligatoria que suspende las medidas de fuerza por reclamos salariales. En este caso, el sindicato sorteó esa medida implementada por la Provincia argumentando que es por la semana de lucha que impuso la Federación Judicial de Argentina, un gremio nacional, que reclama a su vez por la renovación del convenio colectivo de trabajo.
Ricardo Babillón, secretario General, detalló que los Empleados Judiciales “no están incumpliendo” con la conciliación obligatoria, porque se tratan de dos reclamos diferentes.
“Al tratarse de una medida nacional y que no apunta a un reclamo salarial, no incumplimos con la conciliación”, explicó el dirigente gremial.
Babillón remarcó que el convenio colectivo nacional, que apunta a una nueva carrera judicial, es un reclamo que también exigen los empleados judiciales en Mendoza.
“Es un punto que también venimos exigiendo, pero siempre que la Federación se manifestaba con el tema acá nadie se adhería. Ahora, con el descontento que hay en los trabajadores, esta vez decidieron aceptar”, explicó.
Este miércoles, el gremialista se reunió con el Procurador General, Alejandro Gullé, para hablar sobre la situación económica que viven los empleados judiciales y de la propuesta que le realizó el Gobierno de Mendoza.
“Lo puse al tanto de que con la nueva oferta íbamos a ganar menos que el mes pasado. Me dijo que iba a hablar con el Gobierno y que se volvería a comunicar conmigo. Fue positiva la reunión”, subrayó Babillón.
El conflicto salarial
La disputa entre Judiciales y el Ejecutivo provincial viene desde hace más de dos meses. En medio de las truncas negociaciones paritarias y las medidas de fuerzas por parte del gremio, la Suprema Corte intervino solicitando la conciliación obligatoria para que las partes lleguen a un acuerdo en lo salarial.
A pesar de la intención del máximo tribunal, no hubo avances en las negociaciones salariales. La conciliación está vigente hasta el 24 de ese mes, pero el Ejecutivo puede solicitar una extensión de 10 días hábiles en el que los empleados del sistema judicial no podrán realizar medidas de fuerza.
En la última reunión, el Gobierno puso sobre la mesa una propuesta que consistía de un incremento del 11% para los meses de abril, mayo y junio, teniendo como base enero de 2024, más la inclusión de una cláusula denominada “Servicio de Justicia”. Para los gremialistas, esto implica una especie de ítem Aula.
Los Empleados Judiciales rechazaron la oferta. “Si la aceptamos, un auxiliar fiscal cobraría este mes 27.000 pesos menos que el mes pasado. Es irrisorio”, fundamentaron.
Según Babillón, el Gobierno quiere sacarle el ítem Código Procesal Penal, que reconoce sólo dos horas de mayor dedicación a los ayudantes fiscales, por esta nueva cláusula.
“Ese incremento, que ronda el 33% no va directo al sueldo bruto sino que se reparten en diferentes ítems. O sea, el incremento es menor. Si nos sacan eso, cobramos entre 21 a 27 mil pesos menos”, completó Babillón.