Desde el primer día, la apuesta de Alfredo Cornejo en seguridad fue arriesgada. No había planteado ninguna reforma estructural, pero estaba mostrando una suerte de doble timón en la conducción de la política criminal de Mendoza.

Ocurrió cuando presentó al gabinete de ministros que iba a secundarlo. La primera línea de la gestión cornejista para afrontar cuatro años e intentar recuperar una provincia que estaba devastada. Y en ese listado entreveró un nombre al que presentó como la gran promesa para bajar los drásticos niveles de inseguridad. Era un uniformado al que, en ese momento, igualó e importancia a quien sería el titular de la cartera, Gianni Venier. La persona en cuestión era el comisario general Roberto Munives, y fue designado Director de la Policía de Mendoza.

Cornejo es un hombre con cintura política. Pocos como él en Mendoza saben de estrategias para armar aparatos, propios y ajenos. Por lo tanto, no se trató ni de un error ni un de un gesto que no admitía segundas lecturas. Para nada. El mensaje del gobernador era claro. El cargo para el cual estaba designando a Munives era, para el flamante mandatario, al menos tan importante como el de cualquier otro ministro.  

El objetivo era limpiar a la tropa. O al menos hacerlo desde el punto de vista político. Cornejo no quería más la influencia de Carlos Ciurca entre los azules. El ex vicegobernador había sido ministro del área durante unos meses en la gestión de Celos Jaque y desde allí logró armar una estructura que respondía a él y que incluía a comisarios y a policías de rangos menores.

Muinves fue la persona elegida para la limpieza. Tal vez la elección haya buscado darle un blindaje a Venier, y no exponerlo en el operativo purga que buscaba sacar de la fuerza a un grupo de comisarios generales a los que el gobierno emparentó con el delito y vinculó con la gestión anterior. En otras palabra, que la depuración la comandara un policía y no desgastar al ministro.

Munives se vio empoderado con esa decisión y cobró el mismo protagonismo que durante los últimos años había tenido su antecesor, Juan Carlos Caleri.    

A la tropa le molesta eso. Ve con poca simpatía que un comisario cruce de vereda; que se saque el uniforme y ande de civil. Se sienten abandonados por sus superiores. Por eso, cuando los comisarios sancionados por Cornejo cayeron en desgracia, desde los escalafones más bajo lo festejaron. Porque sabían que también habían hecho negocios con la política y beneficiado sólo a aquellos que se prendían en la misma.

A Munives tampoco se lo perdonan. Y por eso se ventilan todos los pasos en falso que está dando y por los cuales el Gobierno tiene que salir a dar explicaciones, ya sea Venier o el mismo Cornejo. Entonces se da un mensaje ambiguo: políticamente se minimizan los hechos, pero, por otro lado, la Inspección General de Seguridad, controlada totalmente por el oficialismo, abre sumarios para investigar cada caso.

El Ministerio de Seguridad, la cartera que Cornejo mejor conoce por haber estado al mando en dos ocasiones durante la gestión de Julio Cobos, es la que más focos de conflicto le está trayendo. Y no precisamente por hechos delictivos.

Munives está generando pequeños dolores de cabeza. Primero, al elegir a los efectivos para conformar el equipo de “asuntos internos”. Casi todos, manchados. Con causas activas o archivadas, pero con algún punto para tener en cuenta en la foja de servicio.

Después, con el nombramiento como jefe departamental de un comisario que no podía portar armas por la denuncia por violencia de género que existía en su contra. Luego, con un estrecho colaborador que tenía una causa judicial por el mismo motivo. Toda una paradoja si se tiene en cuenta que hace unos meses el Ministerio hizo público que había acompañado a la esposa de un policía a denuncia a su marido por agresiones. Una doble vara peligrosa.

El último escándalo llevó impreso el apellido de Munives. Uno de sus hijos, Rodrigo, que es un estudiante avanzado del Instituto Universitario de Seguridad Pública, aprovechó su condición para sacar caballos de la División Montada y salir a pasear con su novia y amigos

La IGS pidió informes para saber quiénes fueron los responsables. También desde la Bicameral de Seguridad citarán al director de la Policía para rendir cuentas. Ambos organismos quieren saber por qué un chico de 24 años utilizó recursos y patrimonio del Estado como si fueran propios. Y si esa es la policía del futuro que busca el Gobierno.