Desde la Justicia Federal mendocina y desde diferentes sectores de la política local están armando una operación para beneficiar al ex camarista Otilio Romano, juzgado actualmente por delitos de lesa humanidad. El objetivo es lograr que el tribunal compuesto por Juan Antonio González Macías, Alejandro Piña y Raúl Fourcade hagan lugar al pedido de Romano para acceder a un régimen de arresto domiciliario; situación que, de ser encontrado culpable y condenado, se convertiría en el antecedente para que quede preso en su casa,

Hasta donde se sabe, tanto Piña como Fourcade parecen estar de acuerdo con el planteo hecho por el ex juez, vinculado con sus problemas de salud derivados de su cuadro diabético. La única discrepancia estaría en manos de González Macías, un magistrado que prometía convertirse en el hombre fuerte de la Cámara Federal cuando fue nombrado, pero que prefirió dejar la presidencia por motivos personales.

Para que la estrategia de Romano todavía tenga peso fue clave el informe presentado por un perito enviado por la Corte Suprema. Se trata de Florencio Casavilla, un profesional que estuvo involucrado en el escándalo que rodeó hace años al Cuerpo Médico Forense dependiente del máximo tribunal tras las sospechas de que se habían adulterado pruebas para favorecer a una clínica.

El informe de Casavilla va más allá de las observaciones médicas, y hace hincapié en las condiciones de detención a las que es sometido Romano y el resto de los acusados por delitos de lesa humanidad en un pabellón especialmente designado para este tipo de procesados.

Fuentes penitenciarias aseguran que ninguna de las instalaciones del complejo de Boulogne Sur Mer cuenta con la cantidad de comodidades que posee este sector; especialmente, porque son los mismos presos quienes hacen uso de su poder adquisitivo para tener el recinto pintado, limpio y en condiciones para no renunciar a ciertos lujos que tenían cuando estaban en libertad.

“Si el lugar donde está alojado Romano no es apto, entonces tenemos que abrir las cárceles y dejar que salgas todos”, explicó un funcionario penitenciario que, por motivos obvios, pidió reserva.

Otilio Romano es considerado un preso VIP por las autoridades carcelarias. No porque lo consideren así, sino porque se le ha otorgado una serie de atenciones casi exclusivas –a él y al resto de los detenidos por las mismas causas que rondan los 70 años- para evitar precisamente este tipo de planteo.

A diario, son visitados por la médica Alicia Frites, puesta en esa función por pedido de la Subsecretaría de Justicia de Mendoza, el órgano que, además, tiene la misión de ser una de las partes querellantes en el juicio que se está realizando por estos días. En ocasiones, los presos han desistido de la atención de Frites por haber realizado algunos estudios de manera particular, lo que demuestra que tiene abierto y liberado el acceso a la atención médica.

Que se esté evaluando la posibilidad de ceder ante los pedidos del ex camarista es una señal de cómo se están manejando los hilos de la justicia federal. Es una muestra de que los cambios profundos que se vislumbraban cuando cayeron, entre otros, Romano y Luis Miret y se descabezó la histórica cámara, nunca se profundizaron. En parte, fue consecuencia de la salida de Omar Palermo, quien dejó su cargo como jefe de los fiscales federales en Mendoza para asumir, tras ser propuesto por su amigo Francisco Pérez, como ministro de la Suprema Corte de Mendoza. Palermo era más que un fiscal en esta historia: supo conjugar su nivel intelectual y su prestigio en materia penal con una gran capacidad de lobby político y judicial. Así, a partir de una exhaustiva investigación logró desarticular décadas de abuso de poder, con Romano y Miret como máximos exponentes. Los dos fueron llevados imputados y procesados por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones durante la última dictadura militar. Y los dos fueron sometidos a un jury de enjuiciamiento para luego ser destituidos.

Un procesado rebelde

La conducta de Otilio Romano como hombre sometido a un proceso judicial está lejos de ser la de alguien dispuesto a colaborar con la Justicia. Contrariamente a lo que sucedió con Miret, desde que se conoció la imputación de Romano la causa comenzó a tener todo tipo de obstáculos. Su principal argumento estuvo relacionado con su situación de salud. Sus indagatorias no sólo eran extensas y con duros términos por parte del ex camarista; cada tanto, se suspendían por prescripciones médicas.

Durante esos días se conoció el ataque verbal que sufrieron tanto el juez de la causa, Walter Bento, como el fiscal Palermo. A los dos se les dispuso una custodia especial a cargo de Gendarmería luego de que Romano asegurara que iba a suicidarse, pero que antes de eso acabaría con la vida de quienes lo habían investigado.

El 24 de agosto de 2011, un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura de la Nación, Romano huyó hacia Chile, donde días más tarde solicitó ser considerado un perseguido político y pidió refugio en ese país. El gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera denegó esta posibilidad y comenzó el trámite para su extradición. Recién el 4 de noviembre del año pasado fue traído de nuevo al país y un día después quedó alojado en el complejo San Felipe, donde se encuentra en la actualidad.

Técnicamente, Romano reúne todas las condiciones por las cuales una persona acusada de un delito no puede acceder al arresto domiciliario, ya que además de las demostraciones de violencia en contra de los magistrados que lo investigaron, fue declarado en rebeldía y prófugo durante dos años.

Romano fue imputado y procesado como partícipe secundario en más de cien causas por delitos de lesa humanidad. La misma figura se le atribuyó a Luis Miret y a los también ex jueces federales Rolando Carrizo y Guillermo Petra Recabarren. Sin embargo, un tribunal de alzada consideró que, debido al número de casos, debían ser considerados partícipes primarios, y con esa calificación llegaron al juicio oral.

Piña y su fallo reciente

Alejandro Piña es uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal que está juzgando a Romano. Aparte, intervino como camarista en la causa por la cual se investiga a otro ex juez federal mendocino, Carlos Pereyra González, acusado como partícipe primario por la tortura y el homicidio de Graciela Fochetti, en San Luis. Se lo imputó luego de que fuera señalado como un testigo directo de los vejámenes sufridos por la mujer. Lejos de denunciar lo que ocurría y evitar que Fiochetti fuera asesinada, Pereyra González optó por el silencio.

Su procesamiento fue apelado y una cámara compuesta por Hugo Echegaray, Walter Bento y Alejandro Piña (subrogantes) bajó la calificación a “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El voto fue en disidencia: Bento y Piña favorecieron a Péreyra González, en contra de lo que pensaba Echegaray. El argumento fue el “Rabanito” Pereyra González en ese momento era sólo un secretario y que no tenía el peso de un juez.

La postura de Piña sirve como precedente para saber cómo puede ser su actuación no sólo en la petición de Romano para estar detenido en su casa, sino en el resto del juicio. De ser condenados, no se descarta que se pida el cambio de calificación, cuya escala penal es excarcelable.

La pata política

Los últimos días mostraron un movimiento y un interés en diferentes áreas de la política mendocina por la situación de Romano que no se había visto siquiera cuando el ex juez fue puesto tras las rejas. Para ello puede haber dos lecturas: por un lado, se avizoran tiempos de cambio en la política nacional, donde la temática derechos humanos quedará al margen de la discusión; por el otro, Romano aún tiene gente de su confianza en lugares estratégicos de los tribunales federales de Mendoza y quiere cobrar todos los favores que realizó alguna vez.

En algunos casos, las charlas fueron a espalda de Francisco Pérez. Hay quienes dentro del PJ hicieron algún contacto para saber qué puede hacer la Provincia en su rol de querellante para mejorar las condiciones de detención de Romano. No es una cuestión ideológica, como sí ocurrió con gente del PD que pidió lo mismo. En el caso del peronismo, algunos recuerdan que Romano pudo ser fundamental en causas clave en la década del noventa, y por eso hasta un ex gobernador estuvo haciendo algunas averiguaciones y pedido camuflados. Hasta el momento, ninguna petición tuvo eco.