La diputada nacional mendocina Mercedes Llano (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que busca establecer estándares de “transparencia activa” para todas las universidades públicas del país. La iniciativa pretende que la rendición de cuentas deje de ser una opción institucional y pase a ser una obligación plasmada en la Ley de Educación Superior (N° 24.521).
El proyecto surge en un contexto de fuerte debate sobre el financiamiento educativo. Cabe recordar que la relación entre la legisladora y la comunidad académica ha sido tensa en los dos años, especialmente en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), donde Llano es docente y fue declarada “persona non grata” por el Consejo Superior tras su apoyo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en 2024. Incluso, en una ocasión, debió acudir a su despacho custodiada.
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Los puntos clave de la propuesta
La iniciativa busca que las universidades publiquen de manera permanente, completa y en formatos accesibles toda su información institucional. Entre los ítems que quedarían bajo control público se destacan:
- Gestión de personal: nóminas salariales de autoridades, docentes y no docentes, junto con sus declaraciones juradas y los mecanismos de ingreso a los cargos.
- Información financiera: publicación del presupuesto vigente, listado de contrataciones, licitaciones, transferencias de fondos y convenios firmados.
- Resultados académicos: datos estadísticos sobre el número de egresados, la relación entre cantidad de docentes y alumnos, y el gasto por estudiante detallado por facultades.
“Consolidar la autonomía”
En los fundamentos del proyecto, Llano argumenta que la autonomía y la autarquía económica que poseen las universidades deben ir acompañadas de la publicidad de sus actos. “Este proyecto busca robustecer la autonomía universitaria consolidando los ineludibles principios de rendición de cuentas propios de las bases republicanas”, explicó la legisladora.
Para la diputada nacional, la falta de indicadores claros y de acceso público a la información administrativa no solo afecta el control ciudadano sobre los fondos públicos, sino que también perjudica la evaluación de la calidad educativa. “Sin mecanismos de transparencia, la autonomía degenera en opacidad”, concluyó.