La escena judicial terminó de cerrar una de las tramas más complejas y opacas que tuvo Mendoza en los últimos años: un caso que empezó como un secuestro extorsivo con ribetes narco, atravesó hipótesis de autosecuestro y terminó con un dirigente, barras y otros delincuentes condenados por una maniobra de extorsión agravada.
El Tribunal Oral Federal N°1 dictó sentencia este jueves y puso nombres y penas a los responsables. El ex dirigente de Independiente Rivadavia Leonardo Ernesto López (49) fue condenado a 9 años de prisión como autor del delito de extorsión agravada por el uso de arma de fuego, además de una inhabilitación de 12 años (está con prisión domiciliaria por problemas de salud). Junto a él, Cristian Damián “Nano” Jofré Montenegro (40) -ex jefe de la barra brava de la Lepra-, Gabriel Obredor Rojas ( 30) y Carlos Guillermo Carrizo (45) recibieron penas de 5 años de cárcel como partícipes secundarios.
En tanto, Edgardo Javier Corvalán Fernández (32) fue sentenciado a 5 años y seis meses de prisión, con multa incluida, por su rol dentro de la estructura. El fallo también ordenó el decomiso de una Renault Kangoo y del dinero secuestrado, además de imponer las costas del proceso a todos los hallados culpables. Los jueces María Paula Marisi, Alejandro Waldo Piña y Alberto Daniel Carelli dieron a conocer el fallo; mientras que la fiscalía estuvo representada por María Cristian Valpreda.
Las defensas, representadas por Leonardo Pérez Videla y Sergio Salinas (Carrizo), dejaron en claro la estrategia en la primera jornada del proceso.
La causa se inició el 14 de febrero del 2024, cuando una mujer denunció que su pareja había sido secuestrada en Lavalle. Desde el primer momento, el expediente mostró un entramado que excedía un hecho común.
La supuesta víctima era Nalver Nieves López, un ciudadano boliviano conocido como “Piturra”, que en Mendoza vivía bajo una identidad falsa: César Samuel Torrez. Ese doble juego tenía un trasfondo clave: en Bolivia estaba siendo buscado por un homicidio, mientras que en la provincia se movía en un ambiente atravesado por vínculos con el narcotráfico, tal como detallaron fuentes policiales y judiciales por aquellos días a El Sol.
Según la denuncia de ese año, al menos tres hombres armados lo interceptaron a pocos metros de su casa cuando se movilizaban en un vehículo utilitario. La reconstrucción posterior aportó un dato determinante: los autores estaban vestidos como policías federales. Esa puesta en escena, sumada al uso de armas de fuego, no solo facilitó la maniobra, sino que marcó el nivel de planificación del hecho.
A partir de ese momento comenzaron las exigencias: medio millón de dólares y estupefacientes a cambio de su liberación. Las comunicaciones incluyeron llamados, audios y videos enviados a la pareja, en los que se buscaba acreditar que la víctima seguía con vida. En esas imágenes se lo observaba bajo amenazas y en un contexto de violencia.
La investigación, encabezada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, avanzó con el trabajo de la División Antisecuestros y Escuchas Telefónicas de Investigaciones de Mendoza. Las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo utilizado en el hecho: una Renault Kangoo. Ese elemento condujo a López, quien fue detenido pocos días después. En su entorno también se encontraron indicios relevantes, como una motosierra similar a la que se observaba en los videos intimidatorios enviados mientras el boliviano se encontraba privado de la libertad.
El análisis de las comunicaciones y el posicionamiento de teléfonos celulares terminaron de reconstruir la participación del resto de los implicados. Así fueron detenidos Edgardo Corvalán, señalado como el nexo más directo con la víctima; Gabriel Obredor y Carlos Carrizo. Meses después cayó Cristian Damián “Nano” Jofré, un nombre conocido en el ambiente policial.
Ex jefe de la barra brava de Independiente Rivadavia, con antecedentes y pasado carcelario, también era hermano de Omar “Camel” Jofré, asesinado en 2019 a la salida del boliche La Guanaca, en un episodio atravesado por disputas internas de la hinchada y conflictos ligados al narcomenudeo.
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Mientras los pesquisas lograban cerrar el cerco sobre la banda, el paradero de la víctima sumaba más dudas que certezas. En un primer momento se llegó a sospechar que había sido asesinada.
Sin embargo, con el paso de los días se confirmó que había sido liberada tras el pago de parte del rescate. La hipótesis que se consolidó en el expediente sostiene que los captores lo soltaron para que continuara consiguiendo dinero y “mercadería”.
Pero ese movimiento derivó en un giro inesperado: el hombre abandonó Mendoza junto a su pareja, Lourdes Jerez, quien había realizado la denuncia inicial, y ambos desaparecieron del radar judicial. Nunca más pudieron ser localizados ni en la provincia ni en el país.
Con el tiempo, surgieron datos que indicaban que el “Piturra” habría quedado detenido en Bolivia por el homicidio que tenía pendiente, aunque para la causa local su ausencia fue total. “Se los tragó la tierra”, resumieron fuentes del caso.
El expediente siempre estuvo rodeado de hipótesis incómodas. Si bien la Justicia federal avanzó con la teoría de un secuestro extorsivo, nunca se descartaron otras líneas: un ajuste de cuentas entre organizaciones narco, un conflicto entre conocidos por dinero o droga e incluso la posibilidad de un autosecuestro. La doble identidad de la víctima, su situación judicial en Bolivia y los vínculos de su entorno con infracciones a la Ley de Estupefacientes alimentaron esas sospechas.
Lejos de agotarse en el hecho inicial, la pesquisa abrió una derivación de mayor alcance. El análisis de escuchas y teléfonos permitió detectar movimientos compatibles con el transporte y la comercialización de droga a gran escala.
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A partir de allí, meses después, se desplegaron operativos que derivaron en el secuestro de más de 26 kilos de cocaína ocultos en un camión proveniente del norte del país y, días después, cerca de 20 kilos de marihuana en distintos puntos del Gran Mendoza. Los procedimientos incluyeron decenas de allanamientos, múltiples detenidos y el secuestro de armas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al negocio narco.
Pese a la magnitud de la causa, el juicio oral fue breve. Comenzó esta semana y, en apenas dos jornadas, los imputados reconocieron su participación en la extorsión, lo que permitió simplificar el proceso. No se trató de un juicio abreviado. Pero esa definición fue clave para el encuadre legal: el caso dejó atrás la figura de secuestro extorsivo y terminó con condenas por extorsión agravada.