Por mayoría, la Cámara de Diputados dio sanción final a la ley que declara por un año la emergencia sanitaria en Mendoza. La norma le otorga al ministro del área, Rodolfo Montero, una serie de herramientas para la gestión administrativa y financiera que forman parte del paquete de proyectos del Plan Provincia de Salud.
La declaración es por 12 meses, pero la norma estipula que puede realizarse una prórroga en el mismo plazo y que faculta a Montero a disponer las medidas que sean necesarias para reorganizar el sistema y asegurar el pleno funcionamiento de los servicios a todos los niveles prestacionales.
Además de Cambia Mendoza, la norma contó con el apoyo del Partido Verde -salvo en el artículo 2-, en tanto que el peronismo votó en contra y La Unión Mendocina se abstuvo.
Entre otras facultades, la emergencia permitirá al ministro disponer “que los agentes públicos dependientes del mentado Ministerio y sus entes descentralizados presten servicios en distintas dependencias de aquellas a las cuales pertenecen, cuando existan necesidades propias del servicio o razones administrativas, funcionales o técnicas, debidamente fundadas y con observancia de lo establecido en el último párrafo del artículo 47 del Decreto Ley 560/73“.
Estas modificaciones puede ser aplicables a los empleados que revistan en planta permanente, transitoria, contratos temporarios, locaciones de servicios y toda otra vinculación jurídica de prestación de servicios de carácter laboral y/o personal del Ministerio de Salud y Deportes y Obra Social de Empleados Públicos (OSEP).
Otro cambio importante es que la cartera sanitaria está autorizada “a contratar en forma directa, hasta al importe resultante de ochenta veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (S.M.V.M.), para la compra de bienes corrientes y de capital de acuerdo a lo que establezca la reglamentación“.
La diputada radical Elizabeth Crescitelli sostuvo desde su banca que “si tomamos el salario del mes de mayo, hablamos de 234 mil pesos, esto hace que 80 veces sean 18,7 millones. Esta cifra es ínfima respecto al monto que se manejan en los distintos hospitales; un hospital de alta complejidad en la partida de bienes alcanza los 9 mil millones de pesos“.
Esta autorización comprende la adquisición con el mecanismo de compra directa de insumos de origen extranjero a través de su importación.
La ex ministra de Salud aseguró que de esta forma “se busca auxiliar a los distintos efectores para que puedan utilizar la herramienta de la contratación directa. Esta contratación es subida a la web y tiene absoluta transparencia“.
En los fundamentos de la norma, el oficialismo aseguró que la situación macroeconómica influye con “doble impacto específico en el sistema de salud“.
Por un lado, “por las dificultades concretas para abastecerse de los insumos imprescindibles para atender al propio sistema, debido a la variabilidad de costos“. Por el otro, “por la falta de profesionales de salud en servicios críticos y de alta complejidad“.
“La inmediatez que exige la prestación de los servicios de salud, requiere celeridad en la toma de decisiones, una gestión de recursos humanos que facilite la movilidad entre efectores o servicios, la optimización de recursos mediante la adquisición de insumos en forma rápida evitando mayores costos derivados de la inflación, entre otros aspectos“, justificó el oficialismo a través de los fundamentos de la emergencia.