La reciente intervención de una inspección de cauce en Potrerillos expuso la tensión que atraviesa el Departamento General de Irrigación, en un momento de cambios profundos para el organismo que está a cargo de la política de aguas de Mendoza.
La medida fue tomada por el Honorable Tribunal Administrativo el 21 de marzo y sorprendió a propios y extraños. La intervención no es una medida sencilla en término administrativos y políticos y el escándalo del caso Currenti es una medida que sirve para graficar. En aquella instancia, la resolución se demoró meses y las irregularidades las hizo notar un órgano de control externo, el Tribunal de Cuentas.
En el caso de Potrerillos, la inspección era conducida por el abogado y productor Lucas Molesini, quien posee un campo de 48 hectáreas donde cría a alrededor de 60 cabras. Para quienes siguieron el caso, se trata de un número bastante pequeño para lo que es la producción de ganado caprino. La observación no es menor.
Según indicaron desde el HTA, se recibió un oficio de la Unidad Fiscal Investigativa de Delitos Económicos e Informáticos y se resolvió la intervención. Para los inspectores, se trató de una sanción sorpresiva que se votó rápidamente. En un comunicado que distribuyeron el jueves, remarcaron que sólo dos consejeros del Tribunal se apartaron de la mayoría oficialista: Alejandro Gennari -se abstuvo- y Eloy Guerrero -votó en contra-, mientras que fue avalada por Omar Sorroche, Gustavo Ruíz y Gustavo Villegas.
El Tribunal justificó la medida a partir de la investigación que lleva adelante la Justicia por presunta contaminación en el agua. La denuncia aseguró que el ganado de su propiedad defeca en el cauce y que posteriormente decanta en la planta potabilizadora, afectando al sistema.
El comunicado oficial de la intervención señaló en su momento que “pone en riesgo el suministro de agua que se entrega a la planta potabilizadora de agua operada por la Asociación Civil Francisco Mazzoni, pudiendo ser nocivo para la población abastecida, turistas de Villa Las Carditas, alumnos y personal de la Escuela Río Blanco, según lo constatado por Irrigación“.
Molesini consideró, por su parte, que el procedimiento administrativo fue “bastante irregular en muchos aspectos“, principalmente, “sin permitir el derecho de defensa, sin una investigación seria, con pruebas y malinterpretada“.
En el Tribunal descartan cualquier “mala intención” y sostuvieron que se trata de una medida preventiva, que se garantizará el derecho a la defensa y que hay elementos suficientes para la intervención. La sanción implicó no sólo la suspensión de Molesini como inspector de cauce, sino también el apartamiento del cuadro de autoridades. Pero no sólo apuntaron a la presunta contaminación, que sería el hecho más grave, ya que habría otras irregularidades.
La investigación está a cargo de un interventor y el procedimiento puede terminar con varios finales: desde un apercibimiento hasta la destitución, así como también la restitución en su cargo.
En tanto, Molesini contradijo las acusaciones y asegura que no sólo las cabras que posee viven en esa zona de precordillera, también un sinnúmero de animales salvajes que defecan en el cauce. “Hay una plaga de jabalíes, por ejemplo“, describió.
En su defensa, el abogado sostuvo que los controles que se realizaron en diciembre detallaron niveles normales. Pero posteriormente volvieron a realizar análisis que dio “un poco más elevado” el nivel de coliformes fecales. Y se defendió asegurando que los especialistas consultados consideraron que son niveles que pueden ser controlados por la planta potabilizadora Francisco Mazzoni, que alimenta de agua a Villa Las Carditas.
Ahora la pelea es jurídica y mientras el Tribunal Administrativa de Irrigación avanzó con la investigación, la medida generó una reacción en la mayor asociación de inspectores de la provincia, la que controla la distribución del agua en el Gran Mendoza.
El contrapunto con Sergio Marinelli
Las Asociaciones e Inspecciones del Río Mendoza se reunieron el jueves por la tarde y a través de un comunicado le reclamaron al Departamento General de Irrigación mayor transparencia.
El perfil de los inspectores de cauce es dual: son regantes, porque tienen campos y aportan a Irrigación, y a la vez son votados por sus pares para dirigir estas unidades en el esquema gigante del DGI.
Las inspecciones, a su vez, son las instancias en las que se definen algunas obras y se reparte el agua, es decir, conllevan una cuota de poder importante en cada zona y sus figuras no son menos controversiales. Para quienes conocen el manejo en el territorio del reparto del agua, los inspectores suelen quedar bien con el poder de turno a cambio de obras.
La Asociación de Inspectores del Río Mendoza es la más importante y se puede decir que tienen bastante actividad, porque se reúnen a menudo a discutir las cuestiones del agua, entre otros asuntos.
A la vez, consideran que hay una especie de “hostigamiento” y “arbitrariedad” en las decisiones hacia los inspectores y entienden que en la decisión del Tribunal hay un mensaje entre líneas para acatar las líneas que baja el DGI. Y le apuntan al nuevo Código de Aguas y el Plan Hídrico que prepara Sergio Marinelli.
“Por primera vez en su historia, el Departamento General de Irrigación aprovechando su aparato administrativo y mayoría automática oficialista está disciplinando a las Inspecciones y Asociaciones mediante intervenciones selectivas“, recalcaron.
Marinelli rechazó las acusaciones, al ser consultado por El Sol. “En el río Mendoza, ese grupo de Inspectores que son presidentes de asociaciones pretende hacer ver que hay intencionalidad de avanzar sobre sus atribuciones y manejo sobre todo del agua en su jurisdicción“, replicó el llamado gobernador del agua.
A la vez, defendió lo actuado en el caso de Currenti y la intervención de la inspección de Lunlunta, que estaba a cargo de Emilia Scatolón, que fue desplazada del cargo, y recordó que hay otras tres inspecciones más intervenidas en la cuenca del Mendoza. “Nuestra política es avanzar en un manejo transparente del agua“, sostuvo el funcionario reelecto en el cargo por primera vez en la historia.
“Lo que está pasando es que los funcionarios del HTdA cumplen estrictamente con las normas y esto históricamente no se hacía. Por eso lo ven o lo quieren hacer ver como persecución“, retrucó.
Por supuesto, hay quienes cuestionan a los inspectores de cauce porque, en algunos casos, se trata de personas que llevan muchos años y “son bastante reticentes a los cambios“, según explicaron en Irrigación sobre el conflicto.
Y a la vez de que rechazan las acusaciones, en el organismo aseguraron que los inspectores “tienen miedo de que los auditemos“. Hay que señalar que, si bien estas figuras encargadas de la distribución de turnos para el regado, no cobran sueldos, sí perciben viáticos, que dependen de cada inspección. A ello se suman los gastos por movilidad. En todo caso, no pueden superar el salario de un subdelegado, que está cerca de los dos millones de pesos, aunque la realidad es distinta en cada cuenca.
“Intervenir es un problema. En general, se trata de manejar la situación para que no pierdan autonomía“, sintetizaron.