El Gobierno nacional prepara un nuevo proyecto de ley de desregulación que promete abrir un fuerte debate en Mendoza. Entre las reformas incluidas en el borrador figura la eliminación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), una profunda modificación de la Ley General de Vinos y una reducción de la intervención estatal en distintos aspectos de la actividad, con el argumento de aumentar la competitividad y flexibilizar el funcionamiento del sector.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de desregulación económica que alcanza también al mercado inmobiliario, las farmacias, el gas licuado de petróleo, el transporte de cabotaje y la actividad agropecuaria. Sin embargo, el capítulo dedicado a la vitivinicultura concentra algunos de los cambios más significativos para una de las principales economías regionales del país.

El proyecto elimina la COVIAR

Uno de los puntos centrales del anteproyecto es la derogación de la Ley 25.849, que dio origen a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), organismo público-privado encargado de coordinar el Plan Estratégico Vitivinícola y promover el desarrollo de la actividad.

La propuesta establece que, una vez sancionada la ley, la entidad deberá presentar en el plazo de un mes un informe final de gestión ante la Secretaría de Agricultura, con el detalle de su situación patrimonial y el estado de sus recursos.

Posteriormente dispondrá de otro mes para completar el proceso de liquidación. Si esos plazos no se cumplen, el Poder Ejecutivo quedará facultado para designar un interventor o liquidador con acceso a toda la documentación institucional. Los bienes y recursos remanentes pasarán a integrar el patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Cambios en la ley de vinos

El proyecto también modifica la histórica Ley General de Vinos (14.878). Uno de los cambios más relevantes elimina la obligación de elaborar el vino dentro de la misma zona donde fueron producidas las uvas.

Actualmente, esa condición forma parte de la definición legal de “vino genuino”. La nueva redacción mantiene la exigencia de que provenga de la fermentación de uvas frescas o mosto, pero elimina la limitación geográfica, aduciendo una mayor flexibilidad en el proceso de elaboración.

En materia de prácticas enológicas, el Gobierno propone abandonar el listado taxativo previsto por la legislación vigente y adoptar como referencia las normas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Al mismo tiempo, el INV conservará la posibilidad de autorizar procedimientos adicionales o establecer criterios más flexibles.

Cambios en los controles del INV

Otra de las modificaciones de mayor impacto apunta al sistema de fiscalización que actualmente ejerce el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

El proyecto mantiene los controles obligatorios vinculados a la aptitud para el consumo humano y la prevención de adulteraciones, pero limita su aplicación al tramo final de la cadena productiva.

En cambio, las certificaciones relacionadas con el origen, la añada o la variedad de los vinos dejarán de ser obligatorias y pasarán a ser voluntarias. Los productores sólo deberán solicitarlas cuando las requieran para fines comerciales o de exportación.

Además, el INV podrá delegar tareas de análisis, certificación e inspección en organismos públicos o entidades privadas habilitadas.

Multas actualizadas y cambios en importaciones

La reforma también modifica el régimen sancionatorio. Las multas dejarán de expresarse en montos fijos en pesos y pasarán a calcularse en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), con el objetivo de mantener actualizado su valor frente a la inflación.

El proyecto conserva las sanciones de inhabilitación para quienes incurran en adulteraciones, aunque actualiza la metodología para calcular las penalidades económicas.

En paralelo, desaparece la prohibición expresa de mezclar vinos importados con vinos nacionales. Si bien continuará siendo obligatorio acreditar certificados de origen y genuinidad, la iniciativa equipara el tratamiento de los productos importados con el de los elaborados en el país.

También elimina fondos de promoción

El borrador propone derogar una serie de artículos de la Ley General de Vinos vinculados al financiamiento de políticas de promoción.

Entre ellos figura la eliminación del Fondo de Fomento que destinaba parte de los recursos del INV a programas de diversificación y reconversión productiva, así como las normas que regulaban subsidios para las provincias vitivinícolas.

También desaparecería la definición legal de “Vino Regional”, categoría que establecía condiciones específicas para su elaboración y fraccionamiento en origen.

Si bien el proyecto aún no fue enviado al Congreso, su contenido anticipa un fuerte debate en la industria vitivinícola. Mendoza concentra cerca del 70% de la producción nacional de vino y la eventual eliminación de la COVIAR, junto con los cambios en los controles del INV y en el régimen de promoción del sector, podrían modificar el funcionamiento de una de las actividades económicas más importantes de la provincia.