El concejal de Guaymallén Miqueas Burgoa, de Cambia Mendoza, publicó un comunicado en el que reconoció haber dado positivo en un control de alcoholemia el pasado fin de semana en General Alvear, pero negó otras acusaciones surgidas a partir del episodio y confirmó que continuará en su cargo como edil.
Burgoa fue detenido por la Policía tras salir de un local bailable en Bowen, luego de cruzar un semáforo en rojo y no tener su licencia de conducir, algo que fue desmentido por el funcionario. El test de alcoholemia arrojó que manejaba con 1,25 gramos de alcohol en sangre, casi el triple de lo permitido por la ley provincial.
Pese a que el intendente Marcos Calvente y concejales oficialistas buscan que renuncie, y la oposición pretende su destitución por considerar que su accionar fue “inadmisible” e “indigno de un representante público”, Burgoa se desmarcó de esa presión institucional.
“Mi compromiso sigue firme junto a los vecinos del departamento (…) Reafirmo mi compromiso para seguir trabajando y aportando como desde el primer día”, dijo en su descargo.
En su versión de los hechos, el edil admitió el resultado positivo del test de alcoholemia pero rechazó otras acusaciones.
“El único hecho real y concreto es que fui sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo. El resto de la narrativa que ha trascendido —cruzar un semáforo en rojo, resistencia a la autoridad, hacer alarde de mi condición de concejal o concurrir a un boliche— son absolutamente falsas”, aseguró.
El descargo se dio a conocer a través de un comunicado, luego de que el propio Burgoa anunciara que daría una conferencia de prensa, la cual nunca se concretó. Ante el intento de comunicación por parte de El Sol, el concejal no respondió.
La situación generó también una ola de críticas internas en Cambia Mendoza. “Si hubiera sido un funcionario del Ejecutivo, le habría pedido la renuncia de inmediato. Los cargos públicos implican una responsabilidad ética”, admitió Calvente. Sin embargo, el intendente intentó despegarse del escándalo al señalar que se trata de un hecho que deberá resolver el Concejo Deliberante.
Por ahora, Burgoa mantiene su banca y enfrenta un proceso contravencional en la Justicia. El edil apuesta a transitar el escándalo pidiendo disculpas: “Cometí un error y me hago cargo”, afirmó. Pero no se va por voluntad propia. Ante esta actitud, el Concejo Deliberante podría analizar su destitución.
La situación calienta aún más la interna dentro del bloque radical. De los ocho concejales de la UCR, cinco responden a la línea del exintendente Marcelino Iglesias (entre ellos, Burgoa) y tres al actual jefe comunal.