Desde que asumió por segunda vez como gobernador, Alfredo Cornejo ha dejado en claro su postura de darle un cambio de rumbo al Instituto Provincial de Vivienda (IPV), pero la situación macroeconómica del país es un impedimento para sus proyectos. Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura, analizó las intenciones que tiene el mandatario provincial y reveló las deudas que tiene el Ejecutivo nacional con el organismo hipotecario de Mendoza.
En un poco más de un mes de gestión, Cornejo ha entregado más de 100 viviendas. En cada acto, ha resaltado la importancia de ordenar la macroeconomía para que exista un mayor acceso al crédito.
En Luján de Cuyo, Cornejo adelantó que su objetivo es poder subsidiar la tasa y que el IPV se vaya transformando en un instituto de financiamiento donde las personas acceden al crédito y puedan pagar sus cuotas. Todo en un “círculo virtuoso” que vaya generando nuevas viviendas.
La búsqueda de mecanismos de financiamiento
Para Baduí, el escenario ideal para solucionar el problema habitacional sería que los mendocinos puedan acceder a préstamos del sistema bancario para tener su casa propia. Pero la realidad del país es otra. “La clase media no tiene acceso al crédito y por eso hay una demanda mucho más abultada y los institutos se ven rebasados en su capacidad”, explicó.
En esta línea, reconoció que, por la inflación proyectada para el 2024, consideran “muy complicado” avanzar con el deseo hipotecario del gobernador. A su vez, adelantó que en la actualidad el IPV se encuentra en un proceso de “revisión”.
Cornejo trazó un duro panorama a los intendentes por la caída en la recaudación
En los últimos dos días, el gobernador Alfredo Cornejo abrió el salón Patricias Mendocinas del cuarto piso de Casa de Gobierno para escuchar a los intendentes radicales, pero también del peronismo, que manifestaron una preocupación en común: la baja en la…
“Estamos analizando aspectos básicos que no van no solamente en el diseño de programas que tengan la versatilidad de poder adecuarse a las distintas demandas. También, plantear esquemas de repago o financiamiento que sean sostenibles en el tiempo y no queden tan desfasados con la realidad económica”, graficó.
En el Ejecutivo están revisando nuevos mecanismos de financiamientos de tasas, como también de estudios de construcción que apuntan a una entrega más inmediata de las viviendas, pero además sumando a las municipalidades.
“Estamos tratando de atender esa demanda que siempre va en aumento. Un claro ejemplo es lo que sucedió con el Plan Mi Casa en el que se registraron más de 56.000 mendocinos y había solamente 2.000 cupos. Eso te marca la necesidad que hay de atender una demanda y por eso estamos analizando esquemas alternativos en la que los municipios sean partes”, afirmó Baduí.
En la actualidad, el IPV está llevando adelante la construcción de 3.556 de casas y 1.753 mejoramientos habitacionales en toda la provincia. En 2023, la inversión realizada por el IPV fue de 39.000 millones de pesos, el 51% del presupuesto destinado a obra pública.
La deuda de Nación
Para bajar el déficit fiscal, el presidente Javier Milei decidió que el Estado nacional no financiará nueva obra pública durante el 2024 en todo el país. Las únicas serán aquellas que se encuentran a punto de terminar o que estén con las licitaciones avanzadas con las empresas constructoras.
En cuanto a la deuda que mantiene el Estado nacional con el IPV no se conoce la cifra exacta, pero se estipula que supera los 5000 millones de pesos.
La medida provocó una gran incertidumbre en todo el país, ya que la obra pública es una de las principales fuentes de trabajo gran parte de las provincias. En Mendoza, la iniciativa de Milei ha tenido impacto porque algunas obras se han visto demoradas debido a las transferencias de fondos, como también en cuestiones administrativas.
“Hoy, muchas están demoradas por falta de las designaciones de las autoridades nacionales. Se están siguiendo las obras, pero dependemos de las respuestas nacionales para no paralizar las obras”, manifestó Marité Baduí.
La funcionaria remarcó que las obras nacionales que se realizan en la provincia, como las de Aysam, la construcción de la Ruta 99 que involucra a Las Heras como Ciudad, han continuado gracias a fondos destinados por la provincia, entre otras construcciones.
Además, hay una deuda con el IPV para el financiamiento de proyectos especiales que ronda de más de 1500 millones a diciembre.
La subsecretaria de Infraestructura explicó que, por convenios, el Gobierno provincial puede adelantar esos fondos y que el Ejecutivo nacional luego le otorga un reembolso.
“Hay contratos que te permiten ir haciendo adelantos y después de tan un reembolso que vienen bastante demorados. Nos han manifestado que estás obras, que están por convenio, se van a continuar, pero está todo demorado por la falta de las asignaciones de funcionarios”, explayó.
Baduí señaló que la Provincia intervino en obras de Aysam, con 1500 millones que todavía no fueron devueltos por el Estado nacional. Tampoco han sido restituidos los fondos aportados para la ruta 99 “que está bajo convenio con Vialidad Nacional”.