La Fiscalía de Delitos Complejos abrió una causa de oficio para investigar el hecho por el cual la Policía de Seguridad Aeroportuaria negó a una pareja chilena salir del país con una bebé recién nacida. Así lo dispuso la fiscal Claudia Ríos, que, además, pidió las actuaciones que se iniciaron hace más de dos semanas en la Oficina Fiscal de El Algarrobal, pero que no avanzaron.

De acuerdo con la partida de nacimiento, la niña nació a principios de julio en el Hospital Español. La mamá es una joven mendocina que vive en un barrio urbano- marginal de Godoy Cruz. El padre, según la documentación, es un médico chileno. Además, presentaron una autorización certificada por una escribana donde se permitía que el hombre pudiese salir con la criatura sin ningún tipo de restricción.

Aun con la documentación en regla, los efectivos sospecharon de la imagen. Aseguraron que les llamó la atención ver a una pareja entre personas del mismo sexo con un bebé tan chiquito. Y aclararon que no se trató de un gesto de homofobia, y que no hubiera pasado lo mismo si la nena hubiese sido más grande.

En el aeropuerto, todos estaban convencidos de que se trataba de una pareja gay. Por eso, llamó la atención cuando en El Algarrobal la mujer que aparece como madre de la beba dijo que había sido fruto de un corto, pero intenso noviazgo, y que la idea de llevarla a Chile era para que la familia paterna pudiese conocerla.

El caso fue notificado en ese momento al Quinto Juzgado de Familia, a cargo de Eleonora Sáez, y se le dio intervención al Organismo Administrativo Local (OAL), para comprobar que no se estuviesen vulnerando los derechos de la niña.

En la PSA, en la Justicia y en el OAL sorprendió la aparición inmediata de un abogado que acompañó a la mujer. Entendían que si la historia era tan simple y fácil de explicar, no había necesidad de recurrir a un profesional.

Ante la duda, desde el juzgado prohibieron la salida del país de la nena y se envió el expediente al Octavo Juzgado de Familia, que tiene jurisdicción en Godoy Cruz, departamento en el que vive la madre y donde nació la bebé.

En tanto, la Justicia Penal hizo foco en el nombre del abogado: Juan Pablo Rojas Pascual, conocido por manejar una agencia trucha, llamada Argentina Maternity, y que se promociona a través de internet como intermediaria entre quienes no pueden tener hijos y mujeres dispuestas a prestar su vientre para la técnica de gestación por sustitución.

Las dudas se plantean sobre el rol que Rojas Pascual y esta supuesta agencia tienen. Se estima que, por cada intervención, el abogado cobra más de 400 mil pesos. De esa cifra, un monto va para el médico a cargo de los tratamientos; mientras que la mujer gestante recibe entre dos mil y tres mil pesos por mes, además de los gastos que demanda el embarazo. En todo los casos, la chicas viven en zonas consideradas vulnerables.

La Justicia tiene en su poder un mail enviado por Rojas Pascual al Instituto Tersoglio, especializado en técnicas de reproducción asistida, donde ofrece sus servicios como intermediario, en un negocio que, según definió, significará ganancias para todos.