El Ministerio de Salud inició una investigación sumaria con el objetivo de “deslindar la posible responsabilidad de funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” tras una denuncia por mobbing (acoso psicológico) que realizó una agente de la repartición.

A raíz de esta situación, la empleada solicitó el traslado a otra repartición.

Por otra parte, a través de la resolución 2.810, la Asesoría Letrada de ese organismo ratificó las excusaciones “exponiendo que todos los miembros integrantes de esa Asesoría Letrada mantienen una amistad manifiesta, por el tiempo compartido con la señora, por tanto, deberían tenerse acreditados los extremos legales oportunamente señalados por ley”.

En estos casos, la ley 9.263 dispone la protección de las personas víctimas de violencia laboral, estableciendo distintos tipos de medidas.

“Una vez ingresada la denuncia, la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, podrá sugerir acciones tendientes a la protección del trabajador, debiendo el responsable o superior jerárquico adoptar las medidas conducentes a preservar la integridad psicofísica de aquel, conforme los procedimientos tendientes a investigar, mitigar y sancionar la violencia, que se arbitren a través de la reglamentación de la presente Ley”, señala la normativa.