La Justicia de Mendoza volvió a pronunciarse en uno de los conflictos empresariales más complejos que atraviesa al sector vitivinícola. Esta semana, la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil rechazó el pedido de quiebra que había presentado la firma Iberte contra Fecovita, la federación que agrupa a decenas de cooperativas y concentra una parte importante de la producción de vino del país.

La decisión no entra en el fondo del conflicto. No dice si hay o no una deuda, ni quién tiene razón en la disputa. En cambio, ratificó la solvencia comercial de Fecovita y determinó que, con los elementos que había en el expediente, no se dan las condiciones para declarar la quiebra de la cooperativa.

Ese punto es clave porque el pedido de quiebra era uno de los frentes judiciales más sensibles para Fecovita, en medio de un conflicto que combina deudas millonarias, imputaciones por estafa y peritajes, que se ramifica en varias jurisdicciones y que todavía no tiene una resolución definitiva.

De acuerdo con la sentencia, firmada por los jueces Sebastián Márquez Lamená, Gustavo Colotto y Claudia Ambrosini, el pedido de quiebra instado por la firma eslovaca Iberte no logró demostrar ese “estado de impotencia patrimonial” que exige la ley para liquidar una empresa.

Al contrario, los magistrados se apoyaron en informes del Banco Central y de la entonces AFIP (hoy ARCA) para señalar que Fecovita no está en cesación de pagos, opera con normalidad con once entidades bancarias, mantiene su cumplimiento en “Situación 1” y no registra cheques rechazados ni deudas previsionales en mora.

El origen de la causa

La causa se inició cuando Iberte pidió que se declare la quiebra de Fecovita, sobre la base de un reclamo económico que ubica en más de 26 millones de dólares. Según su planteo, ese monto surge de acuerdos comerciales incumplidos vinculados a EVISA, una sociedad que ambas partes crearon en 2021 para exportar vino y mosto.

En esa presentación, Iberte sostuvo que Fecovita no había cumplido con compromisos asumidos y que, además, estaba en una situación económica que justificaba avanzar con la quiebra.

La Cámara revisó ese planteo y confirmó lo que ya había dicho la jueza de primera instancia: no alcanza con lo presentado para declarar la quiebra. En un fallo de 31 carillas, los jueces no encontraron señales de un colapso generalizado. Y si bien admitieron la existencia de un conflicto puntual, aclararon que eso no significa automáticamente que la empresa esté quebrada.

El otro punto decisivo es el origen de la deuda que reclama Iberte. La Cámara señala que no es una deuda clara ni directa, sino parte de una relación comercial muy compleja, regida por un entramado de más de 30 contratos, adendas y acuerdos de suministro que, según la Justicia, son imposibles de desentrañar en el marco sumario de una quiebra.

La sentencia también introdujo un cambio sustancial respecto a la primera instancia: las costas del proceso. Mientras que la jueza original había decidido que cada parte pagara sus gastos, la Cámara revocó ese punto y le impuso las costas a Iberte, basándose en el “principio objetivo de la derrota”. El argumento es simple: quien pide una quiebra y no logra acreditar la cesación de pagos, debe pagar el costo de haber obligado a la otra parte a defenderse.

La reacción de la querella no tardó en llegar, intentando capitalizar el revés técnico. Juan Pablo García Diez, abogado de Iberte y la firma asociada Evisa, señaló que lo que la Cámara resolvió es, básicamente, que Fecovita está en condiciones de cumplir con sus obligaciones. Al mismo tiempo, relativizó el alcance de la decisión: dijo que no tiene mayor impacto sobre el conflicto de fondo y remarcó que ese debate sigue abierto en otros tribunales.

Por eso, para Iberte esto no es una derrota sino una confirmación de que la cooperativa tiene con qué pagar lo que se discutirá ahora en el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, “donde se dirime el fondo de la cuestión”, afirmó García Diez, desplazando el eje de la disputa hacia la jurisdicción porteña.

La mirada puesta en Buenos Aires

Hay un dato clave que atraviesa todo el caso: la disputa ya está siendo analizada en otro ámbito, un tribunal arbitral en Buenos Aires. Ahí está, según el fallo, el lugar donde se tiene que definir si existe o no la deuda y, en todo caso, cuánto debería pagarse. No en un proceso de quiebra.

En ese proceso, que ya cuenta con una pericia en marcha, básicamente lo que se discute es si Fecovita incumplió los acuerdos de la sociedad exportadora EVISA y las eventuales consecuencias económicas.

Iberte afirma haber aportado 31,7 millones de dólares a EVISA, que Fecovita habría redirigido a sus propias cuentas bajo el concepto de “anticipos de productos” que nunca se entregaron. Los abogados de la firma eslovaca confían en que el laudo arbitral, previsto para fines de 2026, obligará a la federación a un desembolso millonario por daños e intereses.

El frente penal en Mendoza

Mientras la millonaria disputa civil avanza en Buenos Aires, el frente penal en Mendoza se endureció con la reciente imputación por estafa contra los principales directivos de Fecovita.

Para la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, no se trató solo de un incumplimiento contractual, sino de una maniobra destinada a obtener fondos mediante engaño. La sospecha es que las autoridades de Fecovita indujeron a Iberte a invertir en EVISA bajo promesas de capitalización que no se cumplieron. Esa hipótesis está siendo analizada y todavía no hay una resolución definitiva.

A esto se suma la acusación de haber falseado los balances de los años 2021, 2022 y 2023 para ocultar el pasivo y convencer a los propios cooperativistas de que la asociación con Iberte era una “oportunidad de capitalización a tasa 0%”.

El fallo de la Cámara Civil tomó nota de estas causas penales, pero aclaró que, al no existir condenas firmes, rige el principio de inocencia y la inexistencia de “prejudicialidad penal”. Es decir, el proceso civil no se detiene por el penal, ni las imputaciones son prueba suficiente para declarar una quiebra.

Del negocio al juicio

El origen de todo este conflicto se remonta a 2021, cuando Iberte y Fecovita se unieron para crear EVISA. Lo que nació como una alianza estratégica para conquistar mercados externos con mostos y vinos a granel, terminó en una fractura expuesta y denuncias.

Según la reconstrucción que surge de las distintas presentaciones judiciales, la empresa con sede en Bratislava aportó capital para ese proyecto y la empresa mendocina asumió compromisos vinculados a activos y suministro de producto.

A partir de ahí comenzaron las diferencias. Iberte sostiene que esos compromisos no se cumplieron y que eso generó un perjuicio económico importante. Fecovita, en cambio, plantea que las condiciones de los contratos no se dieron como se esperaba y que la situación no puede analizarse de manera lineal. Esa discusión, que incluye cifras millonarias y una relación comercial compleja, es la que ahora está en manos del tribunal arbitral.

En ese contexto, el fallo de la Tercera Cámara de Apelaciones le da a Fecovita un respiro operativo crucial. Pero la sombra del arbitraje en Buenos Aires y el avance de las imputaciones penales en Mendoza sugieren que el conflicto de fondo está lejos de agotarse en una cuestión de balances.