El ex senador nacional Ernesto Sanz, como abogado de dos empresas propietarias de las tierras que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le reconoció como propias a comunidades autodenominadas mapuches, aseguró que el Gobierno “actuó por encima de la Justicia”.
“Dos de las resoluciones se ponen por encima de fallos judiciales y la tercera intenta incidir en un juicio en trámite, lo que es totalmente inválido”, sostuvo el referente radical en declaraciones al diario La Nación.
Sanz representa a Sominar SA, una compañía que posee 328.400 hectáreas en la Estancia El Sosneado, en San Rafael, lugar donde el mes pasado el INAI dispuso la cesión de derechos de terrenos a la comunidad Lof El Sosneado, que no cuenta con personería jurídica.
También es letrado del holding Valle de Las Leñas, que agrupa a otras sociedades, con 488.500 hectáreas, en Malargüe, donde el INAI favoreció a grupos autodenominados mapuches.
“Está totalmente desvirtuada la cuestión aborigen. El INAI construye identidades originarias que no son tales y asigna posesiones virtuales, que tampoco son reales. Inician un expediente en el INAI y, así, ya cuentan con la protección jurídica de la ley 26.160″, declaró Sanz, quien consideró grave que “un órgano administrativo nacional se ponga por encima de la Justicia provincial” y cuestionó los títulos de “propiedad comunitaria” que se pretenden validar.
“Los ocupantes de las tierras son familias de puesteros con muchos años de permanencia en el lugar, bajo una relación de arrendamiento. Renovaban los contratos periódicamente y las compañías propietarias de las tierras se las alquilaban por dos pesos”, contó.
A partir de 2010, se encendió la primera alarma. “Al morir uno de los puesteros, su hija Nilda Verón, que vivía en El Sosneado, se negó a renovar el contrato de arrendamiento con Sominar. Tal vez con influencia del kirhnerismo, la asesoraron para que armara una comunidad originaria y se quedara con las tierras”, aseguró Sanz.
En ese entonces se inició un juicio por desalojo que ganó la empresa. “Al contestar la demanda, Nilda Verón ya se llamaba Warke, un título de jefa dentro de una comunidad mapuche y había iniciado los trámites para fundar la comunidad Lof El Sosneado”, afirmó el ex senador.
Esa comunidad no tiene personería jurídica, algo que reconoció el propio INAI, y que fue parte de los cuestionamientos que hizo la Provincia.
“El juicio de desalojo le dio la razón a Sominar y quedó demostrado que nunca hubo mapuches en esa zona”, dijo Sanz. El fallo se encuentra en la Suprema Corte de Mendoza.
A su vez, la resolución 47/2023 del INAI afecta una propiedad de Las Leñas. “El INAI se excedió en sus competencias y actuó por encima de la Justicia, en un juicio en trámite, decidiendo sobre la posesión”.
A diferencia del caso anterior, la comunidad Lof Limay Kurref tiene personería jurídica.
El tercer caso tiene que ver con Elio López, que tiene un negocio frente al hotel Lahuencó, y se hace llamar Lonko Hue. “Pasó de un juicio laboral a uno por usucapión (reclamo por posesión de tierras), y luego se convirtió en mapuche”, aseguró Sanz.
El gobierno de Mendoza presentó tres recursos de reconsideración en contra de resoluciones del (INAI) por la ocupación de tierras reconocidas a comunidades mapuches.
El Ejecutivo local advirtió que “adolece de una evidente falta de rigor científico”, en particular en su aspecto histórico. Para las autoridades, hay una “ausencia de objetividad” y sostienen su visión sobre la inexistencia de estas comunidades en el sur mendocino.
Fuente: Con información de La Nación.