Mucho revuelo armó en los ámbitos político, judicial y de organizaciones de derechos humanos, la operación para que el ex camarista federal hoy siendo juzgado por delitos de lesa humanidad Otilio Romano, reciba el beneficio de la prisión domiciliaria, para algunos el paso previo a la fuga.

Así lo han denunciado organismos de derechos humanos a nivel nacional y local, según datos que han ido recabando en la Justicia federal mendocina.

La operación está en marcha por dos flancos: por un lado, el supuesto delicado estado de salud de Romano, quien sufre diabetes, y por otro, la acusación de que está privado de su libertad en pésimas condiciones de encierro, lo que es escandalosamente falso.

Lo que se busca es que el tribunal que lleva adelante el megajuicio por delitos de lesa humanidad contra varios civiles presuntamente cómplices de la última dictadura militar, integrado por Juan Antonio González Macías, Alejandro Piña y Raúl Fourcade, haga lugar al pedido de que el ex juez pueda cumplir con arresto domiciliario, lo que, de ser condenado, quedará como antecedente para que cumpla su condena. 

Más allá de que las pesquisas médicas indicarán si está o no en condiciones de salud para afrontar el juicio como hasta ahora, un controversial informe del perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Florencio Casavilla, hace hincapié en las condiciones de detención de Romano y del resto de los acusados por delitos de lesa humanidad, quienes se encuentran en un pabellón especialmente designado.

Las condiciones de detención son detalladas por el abogado especialista en derechos humanos Carlos Varela Álvarez, nada menos que en una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ese escrito, Varela Álvarez, detalla un informe del procurador de la Provincia, Rodolfo González, quien realizó varias visitas al citado pabellón. A partir de estas visitas, el abogado de DDHH, afirma: “La visita se lleva a cabo tomando en cuenta las denuncias realizadas por el señor Sergio Miranda (ex legislador demócrata e hijo de uno de los acusadpos) y los demás integrantes de la ONG Diálogo, Justicia y Futuro (personería jurídica en trámite) respecto a la situación carcelaria de las personas privadas de la libertad mayores de 60 años alojadas en el módulo 6-A del Complejo” de San Felipe.

Con ese contexto introductoria, describe Varela Álvarez: “La atención de los internos adultos mayores por parte de profesionales privados se encuentra permitido en el Complejo, siguiendo un procedimiento básico y con autorización del director; al módulo concurre un profesional médico durante la mañana, la tarde y la noche, verificando las condiciones y procediendo a la atención médica de quien lo solicite. La atención es a requerimiento de las personas privadas de libertad. En cuanto a la alimentación se realiza una dieta especial para los casos de personas diabéticas y teniendo en cuenta otras situaciones particulares. El ingreso de alimentos durante las visitas está permitido”.

Asimismo, el informe detalla aspectos del día a día de los detenidos, y así se describen: “La apertura de las celdas es permanente. La práctica de educación física se realiza una vez a la semana. En general el lugar presenta buenas condiciones higiénicas en las celdas y en espacios comunes, con la salvedad de la zona de la cocina. Como todos los módulos del Complejo, está compuesto de una planta baja y una planta alta accesible mediante escalera situada al final del patio común. Las celdas tienen tres camastros de cemento, todos con colchones y frazadas. Cada celda tiene su propio inodoro y espejo, en buenas condiciones salvo algunos casos en que los caños de desagote presentan tapaduras. En algunas celdas (7, 9 y otras) de la planta baja poseen filtraciones provenientes de la planta alta, con importantes focos de humedad y hongos”. 

Y sigue: “Cuentan con dos cocinas y cinco heladeras, adquiridas por los propios internos. Algunas celdas poseen televisión, bibliotecas y libros. Las duchas poseen agua fría y caliente aunque, según manifiestan los internos, ésta en ocasiones se corta. El teléfono público funciona perfectamente”.
 

Viene Auat y los organismos de DDHH se movilizan

Bajo la consigna “¿Se está preparando la fuga la fuga de Otilio Romano?”, los organismos de derechos humanos del Mendoza, realizarán este martes desde las 8, una manifestación en las escalinatas de los Tribunales Federales de Mendoza, en Pedro Molina y 9 de Julio.

El Movimiento Ecuménico por los Derechos Himanos, Familiares de Desaparecidos, H.I.J.O.S., la Asociación de Ex Presos Políticos, la Casa por la Memoria, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, OCoVI, Asamblea Permanente por los Derechos Himanos San Rafael y Madres de Plaza de Mayo, brindarán una conferencia de prensa para referirse al intento de que Otilio Romano sea beneficiado con la prisión domiciliaria.

La intención es “exponer los serios motivos por los que creemos que se está preparando la fuga del ex juez genocida Otilio Roque Romano, procesado actualmente en el cuarto juicio que se está desarrollando por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia”.

En esa línea, afirman: “Una serie de movimientos legales, y las experiencias que ya tenemos en este aspecto, nos llevan a ponernos alerta por la repetición de ‘desprolijidades’ que podrían ser preparativos para una nueva fuga de este genocida”.

Se espera que también esté en Mendoza, Jorge Auat, El fiscal general al frente de la Procuraduría especial de Crímenes contra la Humanidad, alertado por los movimientos para beneficiar a Romano.

Se espera que el alto funcionario judicial, tome contacto con miembros de la Justicia federal de Mendoza y también con los organismos locales de DDHH, además de tener algún contacto con los medios de comunicación.

Asimismo, se especula con una reunión con el gobernador Francisco Pérez.