Sebastián Sarmiento, el postulante para juez de Ejecución Penal que espera que mañana el Senado vote su pliego de manera favorable, fue el responsable del Servicio Penitenciario Provincial en uno de los momentos más complejos y cuestionados de ese organismo. Quien actualmente cumple el rol de conjuez del Primer Juzgado de Ejecución Penal fue la cabeza visible cuando la provincia se convirtió en el foco de las noticias carcelarias por los videos que se filtraron y que mostraban cómo eran torturados presos de manera sistemática.

La novedad se conoció en febrero del 2011 y, si bien, los agentes fueron identificados y separados del servicio activo, comenzó una caza de brujas puertas hacia dentro para descubrir el nombre del interno que había conseguido esas imágenes y que había logrado hacerlas públicas más allá de los muros.

Allí se veía cómo los guardiacárceles arrastraban y golpeaban en patota a diferentes internos, como si se tratara de turnos de tortura. Ese fue uno de los motivos por los cuales comenzó a tomar fuerza la publicación de un Protocolo Facultativo contra las torturas en la provincia. 

Las cárceles mendocinas ya estaban en la mira de los organismos internacionales por sus condiciones de detención, que iban en contra, radicalmente, de lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, específicamente, la Constitución nacional en su artículo 18, que versa: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.

Luego de un trabajo de inteligencia interna, en el ambiente penitenciario estuvieron convencidos de que el video había sido entregado por Alberto Romero Cacharane, un preso que tiene un importante antecedente judicial: una denuncia suya se convirtió hace más de diez años en un fallo ejemplar de la Corte Suprema, que, como tal, sentó jurisprudencia acerca del funcionamiento de los juzgados de Ejecución y los límites en las facultades de las autoridades carcelarias.

“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”. Artículo 18 de la CN.

Siempre bajo la conducción de Sebastián Sarmiento, Romero Cacharane fue sacado del complejo San Felipe (las imágenes de las torturas habían salido de allí) y trasladado a la cárcel de San Rafael. 

Tiempo más tarde fue llevado a Almafuerte, donde fue víctima de una brutal golpiza por parte de los penitenciarios. Ese hecho implicó que se decidiera llevarlo nuevamente al Sur para que terminara de cumplir su pena allí.

Ninguno de estos hechos despertó la reacción de los principales organismos de Derechos Humanos de la provincia. Al contrario, Sarmiento recibió una suerte de visto bueno por parte de quienes, históricamente, habían militado la crisis en las cárceles mendocinas. Sólo un grupo de abogados, encabezados por Carlos Varela Álvarez, continuó con la presentación en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En junio del 2011, Sarmiento fue protagonista de otra controversia. Un motín en Almafuerte, con toma de rehenes incluido, dejó expuestas algunas de las prácticas que se desarrollaban en las cárceles locales. En este caso, intentó tapar el hecho y manejarlo en discreción, hasta que la gravedad del asunto explotó.

En ese punto, tuvo duros cruces y discusiones con el director de la Policía, Juan Carlos Caleri, y con el fiscal especial Daniel Carniello. En el medio de las negociaciones, ambos le reprocharon a Sarmiento la poca información que había brindado, además de preguntarle por qué los presos que estaban amotinados querían denunciarlo; algo que finalmente nunca sucedió. En la actualidad existen diferentes presentaciones judiciales que lo culpan por maltratos y torturas, como la hecha por Ricardo Cortez Acosta.

Desde hace dos años, Sebastián Sarmiento se desempeña como conjuez de Ejecución Penal. Está en la misma condición que su colega, Mariana Gardey: los dos son empleados de planta del Servicio Penitenciario, tienen sus cargos en reserva y, de no obtener las bolillas blancas necesarias, deberían volver a la fuerza.